El coordinador provincial se encerró ayer con CC.OO. en la Delegación de Salud y participó, con la diputada Alba Doblas, en una protesta antidesahucios
Día 19/06/2012 - 09.23h
LA postura crítica con los recortes de la Junta de Andalucía que ha adoptado Izquierda Unida en Córdoba por iniciativa de su coordinador, Pedro García, ha tenido en los últimos días dos episodios que dejan bien claro el principio de divorcio entre la federación de izquierdas en la provincia y el discurso oficial de la formación en su sede regional, donde la consigna es mantener la boca cerrada ante la tijera con la que el presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, está aligerando la carga financiera que supone la prestación de los servicios públicos. Las decisiones de Griñán -no hay que dejar de subrayarlo por más que sea obvio- se pueden llevar al papel del decreto gracias a Izquierda Unida, que forma parte del Ejecutivo regional.
Activistas
Los dos casos recientes de dirigentes de IU en Córdoba en oposición a las medidas de restricción financiera impulsados por la Junta de Andalucía los han protagonizado el coordinador de la federación de izquierdas, Pedro García, y la parlamentaria autonómica de la formación por Córdoba Alba Doblas. El primero participó ayer en un encierro de sindicalistas de CC.OO. en la Delegación de Salud de la Junta en Córdoba en protesta por el decreto que hoy mismo aprueba el consejo de gobierno de la Administración andaluza para reducir los honorarios de los profesionales sanitarios y aumentar su carga de trabajo.
Alba Doblas, por su parte, fue una de las activistas que, junto al propio Pedro García, se concentró ayer en una concentración de la plataforma Stop Desahucios junto a la sede de Cajasur en Gran Capitán; esta asociación no cesa de tener gestos de apoyo con las personas que sufren la expulsión de sus viviendas porque no pueden hacer frente al pago de sus rentas y se manifiesta también en contra de los desahucios que se llevan a cabo en los pisos que son propiedad de la Administración autonómica. El pasado jueves, por ejemplo, la plataforma se concentró en la Fuensanta porque una familia fue desalojada de una vivienda social propiedad de la Junta de Andalucía. Se da la circunstancia de que la orden de deshaucio parte de la Consejería de Fomento y Vivienda, cuya máxima responsable es Elena Cortés, exconcejala del Ayuntamiento de la capital y destacada componente de la cúpula del PCE en Córdoba, a la que también pertenece la parlamentaria Alba Doblas.Pedro García defendió la postura de Alba Doblas como activista de la Plataforma Stop Desahucios, porque «ella formaba parte de ella desde antes de ser elegida parlamentaria andaluza». García le restó importancia a que este grupo denuncie también los desahucios de la Junta, «porque Izquierda Unida sólo tiene doce diputados». «La Junta -añadió el coordinador provincial- no es la que ordena los desalojos, sino los bancos».
El coordinador provincial de Izquierda Unida en Córdoba defendió la postura crítica de su formación en la provincia con los recortes de la Adminsitración autonómica, porque «es consecuente con el informe que aprobó recientemente la dirección provincial» y en el que queda claro «que estaremos en contra de ciertas cosas que no nos parecen bien» del Gobierno andaluz.
Rescate de la banca
En el citado informe, aprobado el pasado 9 de junio, la dirección provincial de Izquierda Unida hace un llamamiento a la dirección andaluza para que impulse «una gran movilización en la que se denuncie el rescate a la banca, con dinero público, y el recorte, a la misma vez, que se hace a las comunidades autónomas».
En el documento el Consejo Provincial de Córdoba propuso «un importante debate que marque cuáles deben de ser las líneas rojas que deben delimitar los principios irrenunciables que defendemos como fuerza política de izquierdas que hoy está inmersa en un cogobierno, con el único objetivo de defender a los trabajadores y trabajadoras de los embates del capitalismo».
