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Los recortes de ayudas ponen contra las cuerdas a las entidades sociales

Las asociaciones que atienden a enfermos ven cómo las subvenciones de la Junta, cajas y empresas privadas descienden hasta el 50%

Día 29/05/2012 - 08.40h

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La crisis tambalea los cimientos de asociaciones de interés social como de Familiares de Enfermos de Alzheimer «San Rafael», Síndrome de Down o de Autistas de Córdoba, que aseguran que las ayudas de las instituciones públicas y de las entidades privadas se han reducido en los últimos dos años hasta un 50 por ciento. Estas asociaciones sin ánimo de lucro, que son esenciales para que miles de cordobeses con dificultades salgan adelante cada día, afirman que no pueden recortar en la calidad del servicio que prestan pero viven con la incertidumbre de si les llegará el dinero para pagar las nóminas —algunas ya atrasadas— al tiempo que miran con lupa los gastos corrientes, como los recibos de luz, material de oficina o seguros.

La situación que viven estas entidades dedicadas a colectivos desfavorecidos les obliga a «replantearse el modelo de financiación» con el que han venido trabajando hasta ahora. De modo que a 2012 le llaman «el año de la incertidumbre». En primer lugar, por la reorganización de las consejerías de la Junta de Andalucía, y sobre todo, de la de Igualdad y Bienestar Social, que desaparece y todo apunta a que será absorbida por Salud. Estas asociaciones tenían hasta ahora por interlocutor a la Consejería de Igualdad.

Menos obras sociales

Otro motivo de inestabilidad es que las obras sociales de las cajas que han pasado a ser bancos han desaparecido, incluso muchas de las grandes empresas privadas en las que se apoyaban se han desinflado y ya no tienen recursos para prestarle ayuda financiera. Las organizaciones consultadas señalan los casos de Prasa, que pasa por un momento de dificultad, y Noriega, que se encuentra inmersa en un concurso de acreedores.

Hasta ahora, muchas de las convocatorias de fondos a las que optaban estas asociaciones las ofertaba Igualdad y Bienestar Social, aunque otras tantas venían por parte de Empleo. Estas últimas son las que más se están retrasando en el pago, según denuncia la presidenta de la Asociación de Enfermos de Alzheimer San Rafael, Ascensión Gómez. En esta entidad, si bien se han cubierto en este ejercicio las 60 plazas (50 concertadas y 10 privadas) no se ha hecho con la «alegría» de otros años, e incluso ha habido unas cinco plazas que han estado un tiempo sin ser ocupadas: ni rastro de las listas de espera de antaño porque las familias prefieren mantener a sus familiares enfermos en casa y evitar gastos, aseguran. El día a día de la Asociación de Enfermos de Alzheimer San Rafael es «apurado», afirmó Gómez, de modo que se registran retrasos de más de seis meses por parte de Empleo en los fondos para el apoyo a la inserción laboral. La asociación no cuenta, como sí tienen otras entidades, con un colchón económico con el que poder esperar con tranquilidad la llegada de las subvenciones, una situación que es aún más crítica en las pequeñas poblaciones, donde las familias dependen en un 75 por ciento de las subvenciones de la Junta de Andalucía, comentó Gómez.

Este panorama es parejo al que vive la Asociación Síndrome de Down en Córdoba, donde aseguran que las ayudas públicas han descendido en los dos últimos años entre un 20 y 25 por ciento, y las privadas hasta un 50 por ciento. El presidente de Síndrome de Down Córdoba, Luis Javier Guada, destacó que la reconversión de algunas cajas en bancos —aclara que no en el caso de Cajasur-BBK— ha repercutido de forma negativa en la concesión de subvenciones. Guada coincide con el resto de asociaciones de interés social en que éste es un año de incertidumbres, pero se esperanza en que «si hay una puerta que se cierra, se abre una ventana». Así, recuerda que el BBVA acaba de financiar uno de sus proyectos de jóvenes independientes con Síndrome de Down en su programa Territorios Solidarios.

A la Asociación de Niños con Autismo de Córdoba la crisis la ha colocado directamente en la cuerda floja. El presidente de la Asociación de Niños con Autismo, Francisco Gámez, admite que la situación económica que atraviesan les ha llevado a remodelar la asociación. Están casi obligados a abandonar la sede que tienen en Sansueña porque solo de IBI tienen que pagar 3.000 euros al año y unos 21.000 de renta anual, cuando su presupuesto apenas es de 12.000 euros, y de estos, 7.000 euros aportados directamente por los padres. La Junta les debe desde el pasado año más de 8.000 euros y es prácticamente imposible que arranque el proyecto de unidad de día pese a que los trámites urbanísticos ya se han salvado.

Al personal contratado se les paga «mal y tarde», asegura Gámez, y apenas hay dinero para sufragar nóminas e impuestos. La solución a las estrecheces económicas es pasar de la terapia individualizaa en atención temprana —imprescindible para niños con autismo— a hacerlo por parejas. Por su parte, desde la Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos Físicos y Orgánicos de Córdoba (Fepamic) se impulsa a nivel andaluz el cambio del modelo de subvención directa, que ellos abandonaron hace años y que sustituyeron por los denominados centros especiales de empleo, que son capaces de autofinanciar estas asociaciones. Como datos para evaluar la situación valga que en 2011 las ayudas fueron un 87,7 por ciento inferiores a las registradas en 2012 y que los empleados están registrando también retrasos en sus nóminas. Estas demoras, aseguran estas mismas fuentes, «se supone que se van a poner al día, el problema es que lo que no hay son convocatorias de ayudas públicas, porque las subvenciones han bajado notablemente».

El modelo a seguir por algunas de estas asociaciones sin ánimo de lucro es potenciar los centros especiales de empleo, que nacen por la necesidad que existe de que las personas con discapacidad encuentren los puestos de trabajo que les niega el mercado libre por más que la ley establezca cuotas en las plantillas de las empresas. «Este resulta ser un modelo que funciona bien, que está creando 400 puestos de trabajo para discapacitados en otras comunidades. De esta forma, los recortes afectan menos», aseguran en Fepamic.

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