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El Gobierno calla después de que Aznar le acusara de vender bombas de racimo

La ministra Chacón se escuda en que España fue el primer país que las prohibió

El Gobierno calla después de que Aznar le acusara de vender bombas de racimo EFE

PALOMA CERVILLA

La polémica que se ha desatado en torno a las declaraciones del expresidente del Gobierno José María Aznar sobre la figura de Gadafi y la venta a Libia, por parte de España, de bombas de racimo en 2007, recrudeció ayer el enfrentamiento de los últimos días entre socialistas y populares, que se coló en el Congreso de los Diputados. La reunión de la Comisión de Defensa para autorizar la prórroga de la misión de España en Libia era un buen escaparate para que los grupos políticos escenificaran su enfrentamiento y la ministra Chacón lo aprovechó para sacar pecho sobre el liderazgo mundial de España en la prohibición de fabricar bombas de racimo y, de paso, hacer una alusión a Aznar tras sus declaraciones del lunes por la noche en Estepona. Pero no negó la mayor: que en 2007 el Gobierno de Rodríguez Zapatero vendió bombas de racimo a Libia.

La comisión se celebraba horas después de las declaraciones del ex presidente Aznar, en las que lanzó una serie de sospechas sobre las relaciones entre el Gobierno de Zapatero y Gadafi, tras venderle en 2007 bombas de racimo: «Algo debió hacer (en relación a Gadafi) para que en 2007 el Gobierno socialista de España le vendiera bombas de racimo. ¿O es que el Gobierno socialista vende a los enemigos y no a los amigos?».

Ley de control de armas

Con estos antecedentes, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, calentó el ambiente advirtiendo de la «paradoja» que supone que Gadafi — al que llamó «dictador repugnante y hay que decírselo a Aznar»— utilice en la guerra las bombas de racimo que le ha vendido el Gobierno. Pero fue el diputado nacionalista Jordi Xuclá el que abrió el fuego, dejando el camino expedito para que Chacón y el portavoz socialista defendieran su gestión en las bombas de racimo.

El diputado recordó que en 2007, cuando estas bombas fueron vendidas al ejército de Gadafi, ya se había aprobado una Ley para el control de armas y material de defensa de doble uso, que tiene una disposición adicional que mandataba al Gobierno a conseguir acuerdos internacionales para la prohibición de fabricación, comercio y tránsito en España de bombas de racimo».Xuclá sostenía en esta primera intervención que «es un mandato que insta a la prohibición»

Al rebufo de la intervención de CiU sobre las bombas de racimo, se situó la portavoz de Defensa, Beatriz Rodríguez-Salmones, que le pidió a la ministra «un documento específico que nos dijera a quién, cómo y cuándo se han vendido estas municiones y que todo ello se desarrolle». No tuvo respuesta.

A la ministra, el trabajo de responder a los grupos políticos se lo hizo el portavoz del Grupo Socialista, Jesús Cuadrado, como ella misma reconoció: «Le agradezco, señor Cuadrado, el mucho trabajo que me ha quitado ya en su intervención». Antes de dedicar unas palabras a Aznar afirmando que lo que dijo no es nada nuevo porque figura en los documentos de Faes, Cuadrado defendió el trabajo del Gobierno para impulsar la prohibición de las bombas de racimo y afirmó que España «es el primer país del mundo que unilateralmente decide eliminar de sus arsenales las bombas de racimo».

Reacción del Gobierno

En su réplica, a Carme Chacón ya solo le quedó decir, «de forma tajante, que en 2007 no se vulneró en absoluto ninguna ley», pero no quiso pasar de largo sobre las declaraciones de Aznar en relación a las bombas de racimo, que definió como «especialmente graves». No entró a fondo, pero sí recordó que España ha sido el primer país del mundo en destruir su arsenal de bombas de racimo.

Y si la ministra Chacón no quiso entrar de lleno en las declaraciones de Aznar, sí que lo hizo el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, asegurando que «son absolutamente reaccionarias, prácticamente de extrema derecha» y le emplazó a ser «más respetuoso con lo que él mismo representa como expresidente del Gobierno» El ministro del Gobierno de Rodríguez Zapatero lamentó que José María Aznar haya calificado al dictador libio, Muamar Gadafi, de «amigo extravagante» , subrayando que «lo extravagante es considerar que un dictador que persigue a su pueblo puede ser efectivamente un amigo» o contradecir a la ONU cuando decide «por primera vez una intervención para evitar un genocidio y ponerse en contra de esa resolución».

Por su parte, desde la sede del Partido Popular, la vicesecretaria de Organización, Ana Mato, aseguró que José María Aznar «tiene derecho a decir lo que crea conveniente. Yo respeto las palabras de Aznar y siempre ha sido un defensor de la libertad en todos los sitios. Está absolutamente a favor de las libertades y de la defensa de los ciudadanos que luchan por su libertad. Sin embargo, me falta una explicación por parte del Gobierno de España, que nos está metiendo en varias guerras pero nunca las explica».

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