Matas y la corrupción

JAUME Matas tendrá que depositar en 72 horas una fianza de tres millones de euros para eludir el ingreso en prisión. El juez ha confirmado sustancialmente la petición del Ministerio Fiscal sobre el principal imputado en el «caso Palma Arena», en una resolución muy dura en la que acusa al ex presidente de la Comunidad balear de «burlarse de los simples mortales». Todo el mundo goza, por supuesto, de la presunción de inocencia, pero los indicios de una eventual responsabilidad penal parecen muy claros. En todo caso, los efectos políticos se desarrollan de forma independiente a los trámites judiciales. De ahí la reacción de Mariano Rajoy, puesto que Matas perjudica objetivamente las aspiraciones del PP, no sólo en Baleares, sino en toda España. El centro-derecha va por delante en todas las encuestas y ofrece a día de hoy una alternativa solvente ante un PSOE desconcertado e incapaz de hacer frente a la crisis. Por ello, la propaganda gubernamental lanza toda su artillería sobre este asunto, lo mismo que sobre Gürtell o sobre cualquier otra materia que puede debilitar a la oposición. La reacción de Rajoy es por tanto lógica y suficientemente precisa. En efecto, Matas tiene por delante una larga tarea para demostrar -«si puede»- su inocencia en los doce delitos que se le imputan y es imprescindible desvincular su situación procesal respecto de la acción política del PP, aunque se trate de un dirigente que ocupó en su día cargos muy relevantes.

La crisis política e institucional en Baleares debería solventarse por medio de unas elecciones anticipadas, aunque Antich pretenda ahora aprovechar los problemas ajenos para disimular su innegable fracaso. La corrupción en Unión Mallorquina, un partido que actúa con métodos caciquiles, ha hecho saltar por los aires al tripartito. Ahora los problemas se sitúan en el PP balear, aunque la dirección actual del partido en las islas ya no tiene nada que ver con el ex ministro de Medio Ambiente y su equipo. La corrupción causa un daño irreparable a la legitimidad del sistema democrático y debe ser combatida con todos los medios del Estado de Derecho a partir de una voluntad política común. Por eso, el partidismo de Rodríguez Zapatero no debería, una vez más, poner por delante los intereses del PSOE sobre la política de Estado.