Mano de hierro en el PP

LA cadena de dimisiones en el Partido Popular era un trance que, antes o después, tenía que afrontar esta formación a la vista de las investigaciones judiciales sobre una red de empresas relacionadas con algunas de sus organizaciones territoriales. Tienen razón los dirigentes del PP al denunciar la «oportunidad» política de estos sumarios y su perfecta sincronización con su publicidad periodística. El momento en que salta el escándalo a la luz no puede ser fruto de la casualidad, sino que apunta a una estudiada coincidencia con el período preelectoral y la polémica sobre la presunta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid. No sería la primera vez que unas elecciones se ven acompañadas por actuaciones tácticas de la Fiscalía -normalmente, detenciones- contra personas relacionadas con el PP.

Ahora bien, al margen de que el PP tenga derecho a recibir una explicación sobre las filtraciones sumariales y el oportunismo de las decisiones de la Fiscalía, la cuestión de fondo -posibles tráficos de influencias o adjudicaciones dudosas- merece de la dirección popular una respuesta drástica, sin dudas ni paños calientes. La presunción de inocencia es una garantía frente a las imputaciones judiciales, pero, en la actividad política, la responsabilidad de los cargos públicos se exige y se valora con criterios distintos. La imagen de pulcritud y la transparencia en la gestión son condiciones que todo político acepta incondicionalmente cuando da el paso a la actividad pública y se somete a sus exigencias, aunque éstas lleguen a tener un rigor desproporcionado. En política, para ser responsable no hace falta ser culpable.

Pese al daño que el PP está sufriendo por un protagonismo informativo que ha abierto un paréntesis a la recesión económica -justo cuando el presidente del Gobierno comparecía ante el Congreso de los Diputados-, Mariano Rajoy, lo mismo que Esperanza Aguirre en su ámbito de gobierno, tiene la oportunidad de establecer una forma de hacer política distinta de la que conocen los ciudadanos. Si hay corrupción en el PP, si hay cargos implicados por acción u omisión en tramas ilegales, sólo es admisible el cese, la transparencia y la denuncia ante los tribunales. El modelo socialista de Filesa o del saqueo de los fondos reservados del Ministerio del Interior -modelo de encubrimiento, negación y soberbia- sirve al PP como experiencia de lo que nunca debe hacerse.