Anticorrupción pide más de un siglo del cárcel para el juez y el fiscal del caso Cursach
Solicita penas por encima de los 122 años para el instructor Manuel Penalva y que superan los 112 para el fiscal Miguel Ángel Subirán
Les acusa de detención ilegal, obstrucción a la justicia, revelación de secretos e inducción al falso testimonio, entre otros
La Fiscalía Anticorrupción pide condenas de más de un siglo de cárcel para el juez Manuel Penalva y el fiscal de esa misma Fiscalía especial Miguel Ángel Subirán por delitos de detención ilegal, revelación de secretos, prevaricación, obstrucción a la justicia y revelación de secretos, entre otros, en el contexto de la investigación al empresario balear Bartolomé Cursach y el denominado caso 'ORA' de corrupción en Palma de Mallorca.
La causa, que se sigue ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, trae cuenta de las numerosas irregularidades detectadas durante la macrocausa en que acabó convirtiéndose aquella investigación y que se saldó el mes pasado con la absolución de todos los acusados y el fiscal pidiéndoles perdón entre lágrimas durante la última sesión de la vista oral.
El escrito, notificado este lunes, se dirige además contra cuatro funcionarios de la Policía Nacional que conformaban el grupo a cargo de las pesquisas en el juzgado de instrucción número 12 de Palma que comandaba Penalva. La Fiscalía pide para ellos penas a partir de 85 años y medio de prisión señalándoles también por las filtraciones y hasta doce delitos de detención ilegal.
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En este sentido, el informe de la Fiscalía repasa la instrucción del caso ORA, que «tenía por objeto el supuesto amaño de un concurso celebrado en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca para la adjudicación de la concesión del servicio de estacionamiento regulado» y que se incoó en el año 2016 pero acabó archivado en 2021 después de que ninguna de las partes presentase acusación.
Conforme explica, las pesquisas se iniciaron por la declaración de un testigo protegido que, en 2014, había contado en el juzgado que «aunque no ha podido comprobarlo», sabe que aquel contrato se adjudicó por un amaño y medió una comisión millonaria. «Con base a esa primera declaración, de contenido completamente inconcreto y especulativo, se abrió una investigación», dice el escrito de Anticorrupción. Se encargó a los cuatro funcionarios del equipo de blanqueo.
Doce detenciones ilegales
Según expone, tres de los cuatro policías compartían un grupo de whatsapp con el fiscal y el juez. Y allí, uno de ellos comunicó al resto que había «detectado diversas irregularidades de carácter delictivo en la tramitación administrativa del concurso». Elaboraron un informe y «sin apoyo en diligencia alguna», concluyeron que había un amaño, «expresión que no se correspondía con la realidad».
El informe relata que «pese a que los policías investigadores habían reconocido las carencias de sus conocimientos sobre contratación administrativa» y al «mínimo o inexistente bagaje indiciario» con el que contaban, cuatro días después de presentar el informe se practicó la detención de 12 personas por prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración Pública y cohecho. Después, se habría presionado a los detenidos para inclinar sus declaraciones.
La Fiscalía destaca además el envío de parte de ellos a prisión provisional. En uno de los casos, dice que el juez Penalva «aún antes de oírle» en declaración ya «tenía decidido» mandarle a prisión no disponiendo de más datos que lo avalasen. Subirán había pedido convocar la vista posterior a la comparecencia en la que se solicitaría la medida cautelar y alegó riesgo de destrucción de pruebas.
A partir de la declaración de otro testigo protegido, en el juzgado empezaron a rastrear la supuesta comisión a cambio de la adjudicación. Sospechaban de un piso y un dinero superior al millón de euros y la investigación se encomendó al mismo grupo de blanqueo. «A juicio de los policías, se detectaron operaciones que ascendían a un total de 458.767,11 euros que, a su entender, acreditaban el blanqueo de parte de la presunta comisión cobrada, si bien los indicios en que basaron dicha conclusión era imposible que condujeran a la misma», dice ahora Anticorrupción.
Se autorizaron entradas, registros y más detenciones. «Los investigadores se habían fijado como meta demostrar la implicación de AG en los hechos objeto del procedimiento penal y entre todos ellos comentaron y decidieron las detenciones de su familia para ejercer presión sobre el político», expone el escrito de acusación.
Se les atribuye asimismo haber interrogado a una mujer como acusada a la que le dijeron que si reconocía los hechos sería considerada testigo, pero también la «visita» en calabozos a un detenido para invitarle a que implicase a otro, el cambio en una declaración para hacer constar que el dinero que un interrogado decía haber entregado lo era para otro individuo o la supuesta presión a un testigo para que señalase al Grupo Cursach, entre otros .
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