Rajoy impulsa cinco reformas este mes

Diálogo constante con el PSOE

Mariano Rajoy ha incluido en la agenda inmediata la aprobación de la ley del Aborto, que ya ha sufrido sucesivos retrasos, pero también el paquete de medidas contra la corrupción, que quiere pactar con la oposición. Y es que la ruptura de relaciones con el Gobierno que anunció con solemnidad Alfredo Pérez Rubalcaba el verano pasado, al tiempo que pedía la dimisión del presidente Rajoy, ha quedado en el olvido. Rubalcaba pacta con el jefe del Ejecutivo con normalidad, como ha ocurrido en el Consejo General del Poder Judicial, y mantiene conversaciones «fluidas» con él sobre asuntos de Estado, como el desafío independentista de Cataluña o la hipotética reforma de la Constitución. Y ambos coinciden en algo esencial como es la defensa de la soberanía nacional. Pero al margen de estos grandes asuntos, el diálogo entre el Gobierno y el principal grupo de la oposición también es fluido a otros niveles, aunque el PSOE «plantara» al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, cuando fue al Congreso a presentarle las medidas anticorrupción. Después de aquel plante, ha habido conversaciones continuas. El PSOE ha pedido una comisión para estudiar a fondo las leyes de regeneración democrática, pero el Ejecutivo no quiere más comisiones ni más dilaciones, sino debate y aprobación real de las medidas. El diálogo será mucho más difícil con el aborto y la ley de seguridad.

Ley del Aborto

Con más de un año de retraso sobre el calendario previsto, y después de media docena de rectificaciones sobre el momento de su aprobación, el Consejo de Ministros tiene previsto dar el visto bueno a la reforma de la ley del Aborto antes de fin de año. Así lo confirmó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el Día de la Constitución en el Congreso. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, puntualizó que no está en el índice de esta semana, por lo que solo podría aprobarse el 20 o el 27. En todo caso, tras un intenso debate interno en el Gobierno, el proyecto que se apruebe supondrá una vuelta a la ley de supuestos, que estaba avalada por el Tribunal Constitucional. Incluirá la obligación del permiso paterno para las menores, una regulación de la objeción de conciencia y la adaptación del convenio de la ONU sobre derechos de discapacitados.

Regeneración democrática

Con el objetivo de que los ciudadanos recuperen la confianza en la política y las instituciones, Mariano Rajoy anunció un paquete de medidas de regeneración democrática en el Debate sobre el estado de la Nación, en febrero pasado, tras el estallido del caso Bárcenas. El Gobierno ya tiene preparadas dos normas que remitirá al Congreso este mes: la ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos y la ley reguladora del ejercicio del cargo público de la Administración General del Estado. Además, se presentarán diferentes enmiendas a la reforma del Código Penal que está ahora mismo en tramitación en el Parlamento, para incorporar las medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción.

Uno de los objetivos será reforzar al máximo la transparencia y el control en las subvenciones recibidas, y restringir las donaciones a los partidos. Respecto a los cargos públicos, se fiscalizará su patrimonio por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses, una vez abandonen sus puestos, y se prohibirán las tarjetas de crédito para gastos de representación.

Ley de Seguridad Ciudadana

El 29 de noviembre, el Consejo de Ministros conoció un informe sobre el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana, que rebaja las sanciones más duras previstas e incluye como infracción muy grave, entre otras cuestiones, las manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que se consideren infraestructuras críticas. Es decir, de momento el texto es un embrión de lo que será el futuro proyecto de ley. Pero el debate político ya se ha desatado y los grupos de la izquierda lo están usando como arma arrojadiza contra el Gobierno de Rajoy. Así, el PSOE pedirá esta semana en el Congreso la «retirada» de lo que llama «ley de represión ciudadana». El Gobierno defiende un texto «comprometido con los derechos fundamentales y libertades» que el ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos para que la violencia y el vandalismo tengan una respuesta legal.

Reforma de la Administración

En La Moncloa hay una reforma estructural sobre la que no se para un minuto de hacer cuentas y propuestas para adelgazar la Administración, hasta l ograr un ahorro de 37.700 millones de euros. Un ejemplo: si se suprimieran los Defensores del Pueblo autonómicos (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Valencia), los ciudadanos se ahorrarían 90,3 millones de euros en tres años. La reforma de la Administración es una prioridad absoluta, y este mes de diciembre se le dará un nuevo impulso tras conocer el balance de lo hecho desde que se aprobó el primer informe, el 21 de junio. Otro ejemplo de ahorro, propuesto a las comunidades: la supresión de las cámaras de cuentas regionales, y la asunción de funciones por el Tribunal de Cuentas, ahorraría 136,7 millones en tres años.

Ley de Servicios Mínimos

La ley de Servicios Mínimos avanza, sin excesiva prisa pero sin pausa. Desde que Rajoy anunció el 21 de noviembre una ley de Servicios Mínimos, justo cuando la huelga de recogida de limpieza de Madrid estaba en pleno apogeo, el Ministerio de Empleo, que dirige Fátima Báñez, se puso manos a la obra y ha mantenido diversos contactos con sindicatos y empresarios. En principio hay acuerdo para regular «los servicios mínimos», pero se quiere desvincular totalmente el trabajo de la polémica de la huelga de Madrid o de cualquier otra. La negociación sigue su curso de manera muy discreta, y si llegara a buen puerto sería la primera vez que se regulara la ley prevista en el artículo 28.2 de la Constitución. El PSOE, mientras, tras un primer rechazo frontal, ha plegado velas ante el diálogo social y ni siquiera ha llevado el asunto al Congreso.