Artur Mas sigue con los recortes y deja a los funcionarios con otra paga menos
«Sin servicios públicos no hay estructuras de Estado», denuncian los sindicatos
La misma semana en la que el gobierno de la Generalitat comenzaba a armar su consejo asesor para la Transición Nacional, el ejecutivo de Artur Mas, quebrado financieramente, comunicaba a sus funcionarios un nuevo e importante recorte en su retribución. El contraste entre una y otra decisión la pusieron ayer de manifiesto los sindicatos de la función pública tras asumir que, después de un 2012 de recortes, va a seguir un 2013 de más ajustes. «Mas, Junqueras. Sin servicios públicos no hay estructuras de Estado», rezaba una de las pancartas exhibida por militantes de CC.OO. ante la sede donde se produjo la reunión entre sindicatos y administración.
Como se había filtrado el día anterior, la Generalitat comunicó ayer su intención de eliminar una de las pagas extraordinarias (equivalente al 7% del salario anual) a sus 208.000 trabajadores públicos (administración más empresas), un recorte en cualquier caso insuficiente para alcanzar el ahorro de 729 millones en nóminas que se consiguió en 2012 y que se quiere repetir en este ejercicio.
Ayer la Generalitat no concretó más, aunque sí se ha filtrado que para alcanzar dicho objetivo será necesario seguir con el adelgazamiento de plantillas: se estima que será necesario dejar de cubrir 3.000 plazas de funcionarios y no se renovarán contratos a unos 10.000 interinos. El pasado año, y según cifras del Gobierno catalán, el número de funcionarios se redujo en 4.428 personas.
En cualquier caso, la problemática situación de las finanzas de la Generalitat, dependientes de periódicas aportaciones del Fondo de Liquidez Autonómica —se ha pedido un mínimo de 9.023 millones para este año—, ha llevado a anunciar un nuevo recorte sin conocer siquiera los parámetros básicos del presupuesto de este año. En primer lugar se desconoce la cifra de cierre definitiva del déficit de 2012, que podría ser varias décimas inferior al 2,3% anunciado hace pocos días. Y por otra parte, se desconoce también si finalmente el Gobierno aceptará trasladar a las Comunidades Autónomas parte de la flexibilización del techo de déficit (fijado ahora en el 0,7% para las regiones) que la Comisión Europea podría conceder a España el próximo 22 de febrero.
Presupuestos congelados
De hecho, la consejería de Economía que dirige Andreu Mas-Colell ha optado por congelar un par de semanas la elaboración de los presupuestos de este año, pese a lo cual ya ha adelantado a los funcionarios que la poda presupuestaria se va a centrar en ellos. Tras ver cómo los ingresos previstos por el euro por receta o el impuesto sobre entidades bancarias se caían del futuro presupuesto, la administración se ha reforzado en su intención de cargar el ajuste sobre sus trabajadores.
«El Govern trabaja por preservar todos los puestos de trabajo. No hay intención de hacer despidos masivos», se justificó ayer la secretaria de Administración y Función Pública de la Generalitat, Meritxell Masó.
Frente a las intenciones de la Generalitat, los sindicatos denuncian que los funcionarios catalanes son «los más castigados» de España. «Volvemos a ser pioneros», explican los representantes de los trabajadores que, denuncian, han perdido un 25% de capacidad adquisitiva desde 2008.
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