Doble rasero del PSOE con los derechos

La cuantía de las sanciones que establece el anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana se mantiene invariable respecto a su antecesora de 1992, aprobada por el Gobierno de Felipe González. Así, para las infracciones muy graves ambos textos fijan una multa de entre 30.000 y 600.000 euros. En las graves coincide igualmente el límite superior (30.000 euros), mientras que en las leves este pasa de 300 en el caso de la «ley Corcura» a los 1.000 euros de la propuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Recorte de libertades

Los socialistas, con su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, a la cabeza, también han criticado el contenido de la ley, llegando a afirmar que su aprobación supondría un recorte de las libertades. Se basan en las restricciones al derecho de manifestación en lugares como los alrededores del Congreso o la prohibición de los actos de acoso a responsables políticos que se vivieron hace unos meses en plena campaña del 15-M.

De nuevo, el Gobierno considera que la memoria del PSOE es frágil en este asunto, ya que la ley que este partido aprobó en 1992 -y que por cierto, fue parcialmente tumbada por el Tribunal Constitucional por no respetar algunos derechos fundamentales -, ya recogía como infracciones en materia de seguridad ciudadana las manifestaciones que sean contrarias a la Ley Orgánica del Derecho de Reunión en unos términos casi idénticos a los que recoge el anteproyecto del Ministerio del Interior. Así, en su artículo 23, apartado c, se prohíbe «la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión». Y en el siguiente apartado se insiste en sancionar «la negativa a disolver las manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente cuando concurran los supuestos del artículo 5» de la citada ley.

Registros de vigilantes

Pero el Gobierno recuerda asimismo que la Ley del Deporte, aprobada por el Ejecutivo de Zapatero con Rubalcaba al frente de Interior, prevé sanciones de hasta 650.000 euros en los casos más graves. Pero es que, además, en su articulado permite que diligencias tan intrusivas como hacer registros personales queden en manos de empresas privadas, todo para atajar la violencia y el racismo en el deporte.

En estas circunstancias, Interior se pregunta: «¿Por qué mantiene el PSOE un criterio tan intrusivo y privatizador en un asunto como éste y otro tan supuestamente garantista cuando se defiende la seguridad en las calles?».