Nuestro dinero por Fernando González Urbaneja

Las confidencias desveladas por cámaras atentas, que captan comentarios descuidados de políticos de primera fila, proporcionan indicaciones valiosas para entender lo que piensan. Los comentarios del ministro Guindos al comisario Rehn sobre el alcance de la reforma laboral fueron la pista buena. Como también lo era Rajoy cuando dijo a su colega finlandés que la reforma le costaría una huelga general. Conocer ese pensamiento de Rajoy sirve de vacuna de la movilización sindical. La huelga general empieza a ser pólvora mojada. De hecho la última, la convocada contra la reforma Zapatero del 2010, tuvo un seguimiento moderado y los sindicatos salvaron el fracaso por la amabilidad de un gobierno débil que quiso pasar página sin ruido. Los débiles ahora son los sindicatos y el fuerte es el gobierno. El comentario de Rajoy viene a decir que espera la huelga y que se fumará un puro, que forma parte del sueldo resistir la protesta. Así lo han entendido los sindicatos que ven las uvas muy verdes y se excusan con el argumento de que no van a asumir el calendario del gobierno. Convocarán la huelga general cuando les venga bien, es decir que puede quedar para otra ronda. La reforma laboral aprobada por el Gobierno es de las que irritan a los sindicatos, por mucho menos convocaron seis huelgas generales a los gobiernos anteriores (1985, 1988, 1992, 1994, 2002 y 2011) con éxito muy desigual. Ahora no está el horno para estos bollos, la reforma es importante y los sindicatos tienen que analizar cual es su posición relativa. Este gobierno se lo ha puesto difícil desde primera hora, y los sindicatos miden sus fuerzas y las consecuencias de cada movimiento.

Apenas hay crédito porque los bancos están muy justos de liquidez y tienen que atender vencimientos inmediatos para los que no encuentran financiación porque los mercados están cerrados. La barra libre del Banco Central Europeo mantiene en pie el tinglado pero no es suficiente para que vuelva la normalidad, para que se asiente la confianza en el sistema y circule el crédito. Ahorro existe, incluso abundante, pero no hay confianza en los deudores. Por esos los más solventes se financian a coste cero y los menos solventes no consiguen un euro. Las emisiones de deuda soberana (concepto en revisión) con sus primas de riesgo a cuestas, se colocan con sobresuscripción en casi todos los casos, pero la puerta de entrada a los mercados mayoristas a los que acuden bancos y grandes empresas es muy estrecha, entran muy pocos; incluso no entra nadie en momentos de apuro. Y mientras esos mercados mayoristas no funciones el minorista está parado. El discurso del crédito a empresas, autónomos y familias es emotivo, pero para que llegue el agua a la red capilar más fina, la que está al final, hace falta que fluya por la red primaria, la de los grandes mercados de capitales. Esta semana se ha abierto la puerta de la financiación mayorista, Telefónica, BBVA, Sabadell, Repsol han colocado emisiones por valor de 5.000 millones de euros a precios razonables (del 3,5 al 5% según plazos) con sobredemanda de los inversores. Si la refinanciación de Grecia se alcanza sin sobresalto mejorarán las expectativas y ganará enteros la tesis de que los mercados interbancarios pueden volver a la normalidad. El BCE está dispuesto a ayudar, por la cuenta que trae a todos, y los argumentos a favor de medidas de recuperación , simultaneas a las de ajuste presupuestario, pueden abrir una etapa menos decepcionante.

Las negociaciones para consolidar la deuda griega avanzan con lentitud de tortuga y con todas las incertidumbres imaginables. La quiebra griega está en el origen de la actual crisis financiera que tiene al euro en cuarentena y a los países más débiles de la zona en estado de alarma. Desde junio la Unión Europea, sus jefes de gobierno, adoptaron una estrategia para salvar a Grecia. Y desde entonces demasiados palos de ciego, negociaciones fallidas, declaraciones amenazantes, más o menos inútiles, imposiciones, cambio de gobierno, acuerdos a dos bandas, a tres bandas, con el FMI, con la Comisión, con el BCE, con los bancos privados acreedores (con pocas posibilidades de cobrar)… todo insuficiente, pero todo urgente. El acuerdo con los bancos privados, para una quita efectiva del 70% con un calendario de pagos casi eterno, está a punto de firma. Pero quedan detalles. Por el camino plantean que el BCE asuma algún coste, alguna quita a sus créditos griegos. Y eso es algo que en el consejo del BCE no gusta un pelo, un boquete que abre incertidumbres incalculables. Los ministros del Ecofin tienen previsto reunirse en Bruselas de inmediato, en cuanto los retoques del caso griego estén ultimados, pero el borrador no acaba de completarse y los ministros esperan. El BCE tiene reunión ordinaria de su consejo esta semana para tomar decisiones de política monetaria. El jueves el presidente Mario Draghi comparecerá para dar explicaciones y tendrá que responder a la cuestión griega. Retrasar las decisiones sobre el rescate puede mandar a Grecia a la quiebra y complicar la situación a las demás economías bajo sospecha. Un sinvivir al que los mercados se van acostumbrando pero que es amenazador. Esta puede ser una semana decisiva para modificar tendencias.

Le tesis de que la reforma laboral costará una huelga general es vieja y conocida. En realidad todas las huelgas generales habidas en España han tenido por delante una reforma laboral, o al menos un intento de reforma de las pensiones, de la contratación, del desempleo etc. Está en el guión que una reforma laboral, para serlo, requiere la respuesta de una huelga general desde la parte sindical. Otra cuestión es la eficacia de ese tipo de respuesta que es tópica y que hoy está descafeinada, como lo ha estado en Bélgica estos días. Fue imponente, por complejas y múltiples razones, la huelga general de 1988, la que noqueó a Felipe González y confirmó la desavenencia socialista, el divorcio entre el PSOE y la UGT, entre Nicolás Redondo y Felipe Gonzalez, aunque este venía de unos años antes, en realidad desde 1983. Aquella fue la Huelga General pendiente con mayúsculas, pero ni las anteriores ni las posteriores, contra los gobiernos socialistas de González y Zapatero y frente a los gobiernos populares de Aznar, fueron huelgas determinantes, más allá de la fascinación por ese tipo de movilizaciones más mediáticas que efectivas. Rajoy tiene descontada esa huelga general desde hace tiempo; más aun, tiene dicho a más de uno que si su reforma no produce huelga general es que se ha quedado corta, que no es la reforma necesaria. Por lo que lleva actuado al presidente Rajoy no le cambian el ritmo las prisas o las urgencias. La Comisión Europea le reclama decisiones concretas y el Presupuesto del año, como antes otros le pidieron anticipar la composición del gobierno y, en concreto, el nombre del ministro de Economía. No hizo caso y no va a hacer caso ahora, el Presupuesto llegará a finales de marzo, y antes el techo de gasto calculado en base a los pronósticos y estimaciones de la Comisión para este año. No le van sacar del guión y no le falta razón, no por mucho madrugar amanece más temprano.

Spanair paró sus aviones en los aeropuertos y dejó a sus clientes en tierra cuando la caja vacia no permite pagar el combustible. Estiró la puja hasta el final, con la esperanza de lograr más créditos o avales públicos que garantizaran la continuidad con la amenaza de un mal mayor, de un escándalo. No hubo caso, no llegaron esos nuevos créditos imprescindibles para alargar la agonía, porque ningún organismo, banco o inversor dispone de fondos o está dispuesto a poner dinero bueno sobre malo. El argumento de “pagar el combustible” es decisivo, ocurrió en otros momentos. Por ejemplo cuando Franco asumió el Plan de Estabilización en 1958 el argumento de los ministros Ullastres y Navarro Rubio (los tecnócratas) fue semejante: “mi general, no podemos pagar el petróleo”. Y el general entendió que tenía que poner punto final a la autarquía y su anejo pensamiento militar para la economía de un régimen autoritario. Spanair agotó un par de veces el tiempo de descuento y el punto final de una compañía inviable. Ni era una compañía regular con posibilidades, ni una de bajo coste de nueva generación. No pudieron con ella ni los fundadores, ni los siguientes, ni SAS, ni ahora un montaje artificioso auspiciado por el gobierno catalán para lograr otro objetivo: nuevas rutas internacionales para el aeropuerto de Barcelona. Al servicio de ese objetivo Spanair ha durado unos años más, ha estirado la inviabilidad y se ha llevado por delante algunos centenares de millones de euros del Gobierno Catalán, del Ayuntamiento de Barcelona, de empresas y organismo públicos catalanes, de La Caixa… en resumen, una demostración adicional de que la confusión de objetivos no suele traer nada bueno. No van a faltar gentes que acusen del desastre al gobierno español y a esa entelequia que se llama “Madrid”. “Rusia es culpable”, pretendía la propaganda franquista frente a algún contratiempo; ahora se lleva el “Madrid o AENA o Fomento… son culpables de que El Prat no tenga más pasajeros, más frecuencias, más rutas”. El punto final de la compañía no ha podido ser más triste, más desastroso. Dejó los aviones en tierra y a los pasajeros también sin un plan para minimizar los daños, para disimular el fracaso. Un desastre que mina la autoestima, que da argumento a los que advierten de la inminente catástrofe nacional. Y los pilotos de Iberia otra vez en huelga porque no quieren perder posición; no es que estén en el cielo, donde están es en Babia.

Los datos de la EPA conocidos hace unos minutos son malos por cualquier lado que les miremos, no hay un solo atisbo de esperanza. La sociedad española tiene que plantearse de una vez, en serio, con profundidad, el problema de la incapacidad para emplear, especialmente a los jóvenes. Los dato0s del 2011 son decepcionantes, un pequeño crecimiento del PIB, unas décimas, convive con la destrucción de 600.000 empleos (caída de ocupación del año) que se traduce en 580.00 parados más y 20.000 inactivos adicionales. Este último dato es el peor, antiguos ocupados tan desanimados que ni siquiera recalan en el paro, en la expectativa de buscar empleo, sino que se resignan a formar parte del bloque de inactivos, no buscan porque no van a encontrar. Pero lo más dramático es que en el desglose de esos 600.000 ocupados que se han ido a la calle el 60% son personas entre 16 y 29 años, hombres y mujeres por igual, a los que cierran las puertas de la integración social, del empleo. Otro 30% son personas entre 30 y 35 años. Son los que pagan la crisis y que tienen derecho a la indignación. El empleo de los jóvenes es una cuestión central, capital, a la que hay que dedicar más análisis, menos tópicos y políticas activas inmediatas. La situación del empleo en España, esos 5,27 millones de parados, 23% de la población activa, es dramática, insoportable. Con el agravante de que entre 16 y 64 años hay 7,5 millones de personas (cinco millones de mujeres y 2,5 millones de hombres) en situación de inactividad, parados potenciales que se quedan en ese limbo de los inactivos. Desolador.

El Presidente Obama ha fracasado en su intento de devolver el modelo fiscal norteamericano a la etapa anterior a su antecesor. No consigue poner punto final a las rebajas de impuestos para los tramos más altos de renta, especialmente rentas del capital, con las que Bush ayudó a su clientela más próxima, con la excusa de incentivar la inversión, para crear riqueza y empleo. Obama ha intentado poner punto final a esas ventajas (temporales pero inmutables por el compromiso-promesa de muchos congresistas republicamos y demócratas de no votar a favor de subidas de impuestos). No lo ha conseguido y no reduce el monumental déficit norteamericano. En ayuda de Obama vino Warren Buffett cuando dijo que pagaba menos impuestos que su secretaria. Luego un grupo de adinerados propuso pagar más impuestos. Y ahora la campaña de primarias lleva a los candidatos a desvelar sus declaraciones de renta y recativar el debate. El candidato más rico, Mitt Romney, aparece como un modesto contribuyente que paga en torno al 15%, menos de lo que entrega a su iglesia mormona y menos que el contribuyente medio. Obama quiere que con rentas de más de un millón de dólares al año (la suya) la cuota alcance el 30%, un tipo efectivo que haría felices a los adinerados europeos. Lo que Obama no puede, Rajoy lo ha resuelto con un decreto ley aprobado en un plis-plas a fin de año y que ya está en vigor desde el uno de enero. Su caso es como Bush (al revés), donde el amaricano bajó presión fiscal, el español la sube. La tarifa Rajoy para rentas del capital se aproxima a ese 30% que sueña Obama para los más ricos. En España esas rentas van a pagar el 27% a partir de rendimientos del capital de 24.000 euros, nueve puntos más que hace pocos años. Los socialistas subieron el 2011 tres puntos, del 18 al 21, y los populares han añadido otros seis. Obama puede preguntarle a Rajoy ¿Cómo lo lograste?, la respuesta es sencilla, con mayoría absoluta y un poco de amnesia, echando al olvido las promesas.

El FMI avanzó días atrás sus previsiones económicas para los principales países del mundo (para 2012 y 2013); son malas en general, muy malas para España e Italia y desde luego peores que las de hace unas pocas semanas. Aunque el Informe completo se conocerá esta semana, el avance cayó como una bomba en los medios, que otorgaron amplio espacio a tan funestos pronósticos. y llevan a estimar, pronóstico sobre pronóstico, que el año traerá otro medio millón de parados en España, lo cual es verosímil aunque ni seguro, ni inevitable. Puestos a añadir conclusiones podríamos decir que con medio millón de parados más, las cuentas de la Seguridad Social se llenarán de tinta roja, con un déficit garantizado y cuantioso. Y otro tanto sirve para las cuentas de Hacienda, lo cual complica hasta el imposible alcanzar los objetivos previstos de disminuir el déficit público y todo lo demás. ¿Son creíbles las previsiones del FMI? ¿Lo son los de otros organismos y analistas? Los medios otorgan credibilidad a los pronósticos, los llevan a portada y construyen historias con ellas. La experiencia dice que se hacen muchas previsiones, demasiadas, que se corrigen a las pocas semanas por los mismos que las hicieron, y que la confirmación final de los pronósticos es muy relativa, casi siempre hechos nuevos modifican las tendencias El gobierno anterior criticaba los pronósticos que no coincidían con los objetivos; y este gobierno vive aun con la inercia de no asumir la realidad como propia, puede endosarla a los anteriores, y no rechaza los peores augurios, porque así es más fácil mejorar. Frente a los pronósticos del FMI los de la Comisión Europea parece que pueden ser menos malos, al menos a la vista de lo que dijo el comisario Almunia. Pero es muy probable que la opinión del FMI arrastre a los demás hacia un visión cada vez más pesimista. El tándem Merkel Sarkosy empieza a pensar que una recesión crónica es peor que un déficit creciente y que junto al ajuste hay que incorporar medidas para reactivar. El discurso cambia porque los hechos cambian y simultáneamente también cambian las previsiones. El FMI lo ve muy negro, especialmente para los países con problemas. Quizá por eso ha pedido más recursos, doblar los actuales, para ayudar a salir del agujero. Y quizá hay que ir pensando en recurrir a esos recursos.

Buena parte del problema presupuestario que tanto debilita el crédito del Reino de España tiene su raíz en los gobiernos autonómicos. De la desviación, a peor, del déficit del 2011, estimada en unos 23.000 millones de euros, dos terceras partes la producen las Comunidades Autónomas. No sirve la excusa de que los cambios de gobierno: Cataluña (2010) y Asturias, Aragón, Baleares, Extremadura, Castilla la Mancha (junio 2011) han complicado la ejecución presupuestaria, porque son gastadores unos y otros, de uno y otro signo político, sustituidos o no el pasado junio. Las administraciones autonómicas son gastadoras por su propia naturaleza, y apenas tienen sensibilidad al ingreso que les viene, en gran medida, de transferencias e impuestos compartidos pero gestionados por la Agencia Tributaria. Además los niveles de control y de transparencia de la parte autonómica son manifiestamente mejorables. El nuevo gobierno ha abierto la mano para apoyar a todas las autonomías, incluso con entregas de efectivo inmediato para atender pagos vencidos, porque lo contrario sería un remedio peor que la propia enfermedad, por las consecuencias. La cuestión ahora es que una vez evitado el desastre de algunas comunidades y el definitivo cierre del grifo de la financiación externa para casi todas, hay que abrir la puerta a medidas preventivas de futuros desastres. En pocas horas hemos conocido una escalada de advertencias que van desde posibles sanciones económicas a las comunidades que no cumplan sus compromisos (modelo de la Unión Europea que ha acreditado que no funciona), hasta la posible intervención (que nadie concreta cómo se materializa y en que soporte legal se concreta) e incluso, novedad apuntada por el ministro de Hacienda esta mañana en una radio, la denuncia penal al gastador, que es una medida de calado pero nada fácil de concretar. En resumen, el problema está claro, la solución no tanto. Embridar a los gobernantes gastadores trasciende al modelo federal o autonómico. Otros países lo han resuelto sin que el estado central corra con todos los gastos, y en el caso español se requiere finura, profundidad, para elaborar una disposición y unos procedimientos que desalienten el gasto innecesario, ostentoso, peligroso. Una buena causa, para este gobierno tan urgido de hacer reformas de calado.

El gobierno tiene prisa para despejar el laberinto financiero, ha rechazado el camino del “banco malo”, el rescate de bancos y cajas con problemas mediante la adquisición de activos no rentables a corto y medio plazo, por el coste del procedimiento y opta por que las propias entidades avancen en la consolidación del sector mediante fusiones que impongan ajustes de costes. En ese proceso de fusiones hay piezas mayores y menores; pieza mayor es Bankia, que representa el 25% del sector cajas y más del 10% del sector financiero en su conjunto. Y piezas menores son algunas de las cajas nacionalizadas y en proceso de subasta. Cobra fuerza estos días la tesis de que Caixa y Bankia (Caja Madrid y seis más) pueden concertar una integración que resuelve muchos problemas, al igual que ocurrió antes en el sector bancario cuando seis de los ocho grandes se integraron en dos entidades. Un espectacular proceso de ajuste y consolidación que visto con la perspectyiva de los años funcionó y ha dado buenos resultados. La integración de Caixa y Bankia es una operación política y financiera de calado que marca un antes y un después. Significaría la creación de la entidad financiera de mayor tamaño en el mercado local, con cuota de mercado cercana a la zona de inquietud para los de Cmpetencia. La operación es posible, aunque sea sorprendente y compleja. Ambas entidades están sobradas de redundancias, pero también tienen aspectos complementarios que pueden ser tentadores y que, desde luego, lo son para el Banco de España y para el gobierno. La ecuación de canje es de lo menos problemático, puede variar del 30/70 al 34/66, con ventaja para la Caixa. La cremallera de los cuadros directivos tampoco es problemática aunque tiene algunas zonas delicadas en la parte alta que tienen arreglo por la diferencia de edad entre Rato y Fainé, el primero es de 1949 y el segundo de 1942. Más complejo es el ajuste d e oficinas y de trabajadores, pero operaciones más complejas se han resuelto con eficacia. En resumen el rumor sonó raro al principio pero cada vez parece más verosímil y tentador. Rajoy y mas tendrían que hablar antes, y luego explicarlo con un buen relato que el mercado entienda.

El gobierno se basta y le sobra con sus votos en el Parlamento para aprobar todas las leyes ordinarias que estime convenientes; y en los casos de mayoría cualificada dispone de maniobra para sumar voluntades de otros grupos. No obstante, sacar las votaciones con amplias mayorías, con alianzas que sin ser necesarias son convenientes, proporciona tranquilidad y refuerza el gobierno. Así ocurrió en la primera votación del pleno de esta semana con el decreto de ajustes presupuestarios del 30 de diciembre. CiU sumó sus votos al proyecto del gobierno tras una negociación discreta que implicó a varios ministros y que debe traducirse en algunas ventajas para el gobierno catalán. CiU necesita al gobierno y al PP catalán mucho más de lo que Rajoy precisa del apoyo del grupo catalán en el congreso. Pero el presidente del PP sabe que le conviene gestionar la relación con el grupo nacionalista catalán con prudencia, cálculo y distancia bien medida. A los catalanes no les gusta la subida de impuestos que coloca el marginal del IRPF en la zona más alta de la OCDE, pero no hacen ascos a más impuestos y aprecian la cercanía al poder de Madrid al margen de declaraciones y gestos a la galería. El voto catalán a favor del gobierno Rajoy es un más a más por el que se pueden pagar algunos peajes que luego pueden ser muy convenientes para conformar mayorías cualificadas. Además no es nada nuevo, el grupo catalán ah apoyado a los gobiernos nacionales del PP y del PSOE cuantas veces ha intuido que era conveniente para el conjunto y para ellos. Son votos de bajo coste con expectativa de razonable rendimiento. Y en el PP no mpuierden de vista que estos votos innecesarios provienen de quienes fueron a un otario para firmar que nunca pactarían con el PP. La política también es olvido y colocar el marcador a cero a cada poco.

La tasa Tobin, que el premio Nobel propuso en 1971 (diez años antes de recibir el premio) ha dormido en la teoria durante muchos años. El economista sugirió la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras al calor del efecto de la ruptura del sistema de cambios salido de la II Guerra Mundial con el dólar y el oro como referencia. Nixon desvinculó el precio del dólar del oro para abrir la actual etapa de tipos de cambio variables. Tobin propuso entonces una tasa sobre las transacciones financieras para “echar arena en los cojinetes”, para matizar la inestabilidad e incluso introducir cierta transparencia en los mercados financieros y monetarios que empezaban a ser más globales. Más tarde Tobin matizó su propuesta que no pretendía ser recaudatoria ni penalizadora de los mercados financieros, sino más bien instrumental, como elemento de propiciar orden en las transacciones, una tasa baja, del orden del uno por mil. La propuesta del Nobel ha servido como argumento y objetivo a intereses diversos, especialmente a una izquierda crítica con el mundo financiero. Y ha contado con un rechazo unánime, cerrado, del sector afectado y de la mayor parte de los gobiernos, presionados por un grupo de presión determinante. La naturaleza de esa tasa requiere una aplicación concertada del a mayor parte de los países para evitar situaciones de desventaja competitiva, lo cual es la mejor vacuna contra el nuevo impuesto. Ahora es el presidente francés Sarkosy el principal impulsor del impuesto y lo viene proponiendo en cuantas cumbres europeas o mundiales participa, en la Unión Europea, el Eurogrupo y el G20. Los británicos se oponen con firmeza y los norteamericanos dudan. Sarkosy pretende llegar a las presidenciales de primavera con ese objetivo conseguido, le falta el apoyo alemán. Cuenta con el apoyo de la opinión pública y la resistencia dura del mundo financiero. La partida está en tablas, con ligera ventaja de Sarkosy.

La EPA del cuarto trimestre cirrará el ciclo socialista con resultados decepcionantes, desastrosos. La incapacidad del gobierno para taponar la hemorragia del paro abre una grieta irreparable en el PSOE y en la trayectoria de su último secretario general, Rodríguez Zapatero. Por eso llama la atención que ante el próximo Congreso del PSOE (falta un mes) el debate esté centrado en el nombre de los candidatos más que en el análisis de las causas por las que la economía española destruye empleo al menor desfallecimiento del crecimiento. Otros países europeos han sufrido recesiones semejantes a la española pero han mantenido el empleo o no han visto crecer la tasa de paro más allá de 2 o 3 puntos, que contratan con un salto del 8 al 22% de paro en España en el transcurso de los últimos cinco años. Los datos del registro de parados y de afiliados a la Seguridad Social en diciembre no han sido desastrosos, pero los del conjunto del año y los del último trimestre si lo son: más de 300.000 parados añadidos y otros tantos afiliados menos significan una losa para la sociedad y para las cuentas públicas. El coste del seguro de paro supone casi 3 puntos de PIB y la pérdida de afiliación genera déficit en las cuentas de la Seguridad Social. Ambos datos forman parte del problema presupuestario que tanto agobia al gobierno y a los acreedores y que mantiene en vilo el futuro de la economía española. Con los datos de registro de paro es evidente que la EPA del cuarto trimestre, cuyas encuestas ya están hechas y cuyos resultados conoceremos el último viernes de enero, superará de sobra los cinco millones de parados, una cifra que escandalizó al penúltimo ministro de Trabajo y que nunca imaginó Zapatero. Pero esa es la herencia que deja el gobierno saliente.

Escoltando al Vicepresidenta el equipo económico del gobierno (con ausencia de Industria, Fomento y Agricultura) desgranó el aperitivo, el principio del principio, del programa económico Rajoy. Y es un principio contundente, recorte de gastos por 9.000 millones y subida de impuestos por 6.000 millones. El plato fuerte, entre el doble y el triple, vendrá con la primavera, con el presupuesto para el 2012. Las medidas despiden un aroma Rajoy, pragmatismo, realismo… actitudes alejadas del pasotismo que se atribuye al jefe del gobierno. Como el presidente Bush (padre) hacen caso omiso del compromiso “lee mis labios, no subiré los impuestos” y aparcan la promesa con el argumento de la fuerza mayor: es decir no subiré los impuestos…salvo que no quede más remedio. Y los números dicen que queda poco margen, que hay que reducir gastos (nueve mil millones) pero también aumentar la presión fiscal. Puro pragmatismo. Al ministro de Hacienda se le habrán revuelto las tripas, estaba decidido a no subir los impuestos, pero finalmente le ha pegado un arreón a los tipos progresivos del IRPF, al mejor estilo socialdemócrata, que hubiera sido severamente criticado por los populares si los socialistas se hubieran atrevido a tanto. La excusa del gobierno es que la situación es peor de lo reconocido hasta ahora. Es una buena excusa, es legítimo endosar a los anteriores parte de los desastres verificados, aunque el argumento puede dañar la credibilidad y convertirse en un arma de doble filo. El debate sobre el pasado es estéril, agua que no mueve molino. El gobierno no quiere escurrir el bulto y hace bien. Goza de unos meses de gracia en los que debe acelerar el proceso de ajuste y de reforma. Tiempo tiene para dar marcha atrás, porque lo importante ahora es cuadrar las cifras y ganar credibilidad. La vicepresidenta explicó con autoridad y precisión; el ministro de Economía habló poco, porque no era su día. Y el de Hacienda, que lleva la voz contante ahora, explicó con cierta dificultad, con precisión imprecisa, quizá porque lleva muchas horas cuadrando números y tomando decisiones que no le gustan un pelo. Las medidas son severas, galvanizadoras, un poco de zanahoria y mucho palo. Pero el personal sabe que así es la rosa.

La oposición y los sindicatos madrileños pretenden movilizarse contra la ley que acompaña al Presupuesto de Madrid, aprobada por la Asamblea esta semana. Entre otras medidas la ley contempla ampliar de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales para los funcionarios autonómicos. El jefe socialista, Tomás Gómez, pretende que es inconstitucional y amenaza con promover un recurso. Pues que lo haga, será interesante el pronunciamiento del Tribunal sobre una materia como la jornada laboral reducida. Cuando llegaron los socialista al gobierno en 1982 una de sus promesas electorales era “40 horas de trabajo a la semana”, ocho menos que las 48 vigentes, que reflejaban una de las “conquistas” obreras históricas, que tuvo su punto culminante en 1886 los sucesos de Chicago que dieron pie a la “fiesta del 1º de mayo”. Felipe González (con Almunia en Trabajo) tardó unos meses en tramitar la ley de las “40 horas” lo cual provocó la primera desavenencia seria entre la UGT- Nicolás Redondo y el Gobierno González. Las 40 horas semanales forman parte del marco laboral vigente y traducidas a jornada anual (que es un sistema más preciso de medir) suponen 1800 horas anuales descontadas cinco semanas de vacaciones y dos semanas de festivos intermedios. La mayor parte de los convenios han afeitado esa jornada anual al entorno de las 1600 por el efecto de descuentos adicionales. En el caso de los funcionarios madrileños la jornada anual apenas alcanza las 1600 horas. Elevar la referencia básica de 35 horas a la semana a 37,5 encaja en el marco legal vigente, se trata de modificar mediante una ley lo que dicen convenios o normas de rango presupuestario similar o inferior a ley. La protesta sindical es de oficio, con poco recorrido. Lo llamativo es como la Comunidad ha ido deslizando recortes de jornada, liberados sindicales… sin medir los efectos, el coste y las consecuencias. Volver a la norma y mejorar productividad es un deber que los sindicatos deberían patrocinar, porque pretender que trabajar menos es un derecho, en los tiempos que corren es, cuando menos, arriesgado, llamativo.