La Oficina de Gibraltar del Ministerio español de Asuntos Exteriores tendrá nuevo jefe a partir del mes de agosto. Se trata del diplomático Ignacio Mongé, que se encontraba actualmente destinado en Paris. Mongé, de 42 años es licenciado en Derecho y tiene una buena formación jurídica, algo que se considera importante para lidiar con las cuestiones relacionadas con la colonia británica.

El puesto se encontraba prácticamente vacante desde hace varios meses, ya que su anterior titular Juan José Sanz, fue nombrado cónsul en Francfurt, aunque durante un breve periodo de tiempo se hizo cargo de la Oficina Aurora Mejía, que lo dejó tras ser nombrada embajadora en Bosnia.

La vacante ha coincidido con unos meses muy movidos en las relaciones con el Peñón -incluidos los últimos incidentes pesqueros y el anuncio de la visita del Príncipe Eduardo de Inglaterra y su esposa-, y con la llegada del nuevo ministro, José Manuel García-Margallo, y del ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo. Pese a la ausencia del titular, la Oficina, que depende de la Dirección General de Política Exterior para Europa, ha seguido trabajando en los contenciosos surgidos, contando, sobre todo, con la labor de otro diplomático, Javier Istúriz, muy versado también en asuntos jurídicos, y de Alfonso Urzaiz, un funcionario del Ministerio que lleva muchos años dedicado a los asuntos de Gibraltar y los conoce al dedillo.

El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de un nuevo director general para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo. Se trata de Ignacio Ybáñez, un diplomático de 49 años, que se encontraba actualmente destinado en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, y que relevará en el cargo a Juan González-Barba.

La sustitución de González-Barba era esperada desde hace bastantes semanas y al parecer su destino será ahora la Embajada en Sudán, que quedó vacante tras el nombramiento de Ramón Gil-Casares como embajador en Estados Unidos. González-Barba, que tiene un gran conocimiento de la situación en los países árabes y de Israel, fue uno de los directores generales que Margallo mantuvo del anterior equipo, añadiendo a sus competencias las relacionadas con África. Sin embargo, cinco meses después, se ha producido su sustitución y en ello ha influido, posiblemente, que, por diversas circunstancias, la sintonía con el ministro no era la mejor.

El futuro nombramiento del nuevo embajador se unirá a los que se están haciendo en distintos países de África, donde, finalmente, parece que se opta por mantener la mayoría de las Embajadas. Hace pocas fechas, Marcelino Cabanas fue nombrado embajador en Camerún, y ayer le correspondió el turno a Antonio Álvarez Barthe, que será el nuevo embajador en Gabón. Además, se espera que, en breve, el diplomático Luis Cuesta, que fue secretario general de Política de Defensa, con el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sea nombrado embajador en Tanzania.

En África, hay otras cuatro embajadas que se encuentran a  la espera de un nuevo titular. Se trata de Mozambique, Mali, Níger y Zimbabwe. Esta última quedó vacante por el fallecimiento de la embajadora, Pilar Fuertes, en un accidente en Namibia, y, aunque, en algún momento, se pensó que sería una de las embajadas a cerrar, parece que, por ahora, no se tomará esa decisión.

José Manuel García-Margallo quiere que Cristina Fernández acuda a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz. No sólo lo desea, sino que anima a la presidenta de Argentina a que aproveche ese foro para abordar con España los problemas derivados de la expropiación del 51 por ciento de las acciones de Repsol en YPF.

El ministro de Asuntos Exteriores hizo esa invitación, poco después de haber firmado varios acuerdos de cooperación con la canciller mexicana, Patricia Espinosa.

Dos ejemplos de relaciones con dos grandes países que deberían ser referentes para España en Iberoamérica y con los que, de hecho, tiene suscritos acuerdos estratégicos. Pero mientras los contactos con México no han hecho más que mejorar en los últimos años, con independencia de quien gobernara el país, con Argentina lo cierto es que se han revelado cada vez más difíciles. La deriva populista de los Kirchner no ha hecho más que entorpecer las relaciones y provocará que las empresas españolas, que apostaron en su momento por Argentina, como un lugar natural para su expansión internacional, busquen ahora destinos con una mayor seguridad jurídica.

No deberíamos habituarnos a que España y Argentina lleven sin mantener contactos desde que se produjo la expropiación de Repsol. Ni la historia ni los intereses ni los lazos que unen a miles de españoles y argentinos merecen ese distanciamiento. Bienvenida sea la mano tendida de García-Margallo, pero sería más deseable aún que, para cuando se celebre la cumbre de Cádiz, en el mes de noviembre, estén ya encauzadas las relaciones. De lo contrario, se corre el riesgo de que la cita se convierta en un ring en el que se repitan situaciones como la de la Cumbre de Santiago de Chile, con el famoso “¿por qué no te callas?” del Rey a Hugo Chávez.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, pilota personalmente todo lo que se refiere a Gibraltar. Desde que lanzó aquel “Gibraltar español” a un europarlamentario británico amigo, no ha perdido de vista lo que pasa en torno al Peñón. Escribió a su colega británico, William Hague, urgiendo a volver a hablar de la soberanía y dando por liquidado el Foro Trilateral de Diálogo que quiere convertir en una mesa cuatripartita para colocar a las autoridades de la colonia al nivel de las del Campo de Gibraltar.

Es el propio ministro quien protagoniza las reacciones a la actitud de los británicos y gibraltareños y quien habla con la Casa del Rey y con los representantes de los grupos parlamentarios. Si no fuera porque hay otros problemas que también necesitan de su atención, se podría decir que hemos vuelto a aquello del “ministro del asunto exterior”, que se decía de Fernando Castiella.

¿Tiene razón el ministro en optar por la firmeza ante el Reino Unido? En principio, si. Londres ha vivido demasiado tranquilo durante siete años y pico, por lo que respecta a Gibraltar. Puede que la cuestión del Peñón no sea ya algo que moleste en exceso a los españoles. Si los “llanitos” quieren seguir siendo británicos, pues muy bien. Nadie les puede obligar a no serlo, en contra de su voluntad. Pero no es aceptable que España se vea perjudicada, en pleno siglo XXI, por la excepcionalidad de una colonia en su territorio.

Las autoridades de Gibraltar no pueden pretender que los pescadores de Algeciras o La Línea no faenen en torno al Peñón y que España se quede cruzada de brazos. La Guardia Civil tiene obligación de proteger a esos pescadores en aguas que son españolas. No hacerlo equivaldría a reconocer lo contrario, que es lo que pretende el ministro principal, Fabian Picardo.

El Reno Unido pretende desmarcarse de un conflicto que, sin embargo, tiene repercusión en la cuestión de la soberanía, que está obligado a negociar con España. Londres no puede mirar para otro lado ante las demandas españolas.

Tal vez haya quien considere excesiva la cancelación de la presencia de Doña Sofía en los actos del 60 aniversario de la llegada al Trono de Isabel II de Inglaterra, pero es un gesto que denota el nivel de malestar existente sobre todo con el Gobierno de David Cameron. Y me da la impresión de que puede no ser la única medida. Las colas para atravesar la verja han empezado a alargarse, simplemente cuando la Guardia Civil se ha puesto a inspeccionar a fondo a uno de cada siete vehículos. Los gibraltareños han comenzado a vivir en sus carnes el resultado de la equivocada política de su gobierno. A nadie le extrañe si se recuperan las prohibiciones de sobrevuelo del territorio español a los aviones que salgan o vayan a Gibraltar.

Los Gobiernos de España y Estados Unidos no podrán cerrar en la próxima cumbre de la Alianza Atlántica, en Chicago, el acuerdo para modificar el Convenio de Defensa entre los dos países, de forma que se pueda adaptar la incorporación de la base naval de Rota al escudo antimisiles de la OTAN. La base debe acoger cuatro destructores dotados con el sistema de combate Aegis y un contingente de unos 1.200 militares, que se unirán a los 2.000  de la actualidad.

La intención inicial, expresada por el propio embajador estadounidense en Madrid, Alan D. Solomont, era llevar el acuerdo a la reunión de los países aliados los días 20 y 21 de este mes. Incluso, se habló  de la posibilidad de que lo anunciaran Barack Obama y Mariano Rajoy, tras un encuentro en los márgenes de la cumbre.

No podrá cumplirse con el objetivo, porque Estados Unidos aún no ha dado respuesta a la propuesta de modificación que le fue enviada por España el pasado 7 de marzo. Aunque las autoridades españolas eran conscientes de que la propuesta tenía que ser analizada por distintas instancias, como el Departamento de Estado, el Pentágono o el Consejo de Seguridad Nacional, esperaban que se hubiera producido una respuesta con tiempo suficiente para haberla podido llevar a la cumbre de Chicago.

Hace ya algunas semanas, sin embargo, que se desechó la idea, al seguirse sin una respuesta. La modificación del Convenio exigirá su aprobación por el Consejo de Ministros y su ratificación por el Parlamento.

El pasado lunes, el secretario de Estado adjunto para Asuntos Europeos de Estados Unidos, Philip Gordon, aseguró en Madrid a las autoridades españolas que habría una contestación en próximas fechas, pero todavía no se ha producido.

La tardanza en la respuesta estadounidense no parece que pueda achacarse sólo a que ha habido cambios en los responsables de los departamentos de Exteriores y Defensa. Posiblemente ha influido también el hecho de que se ha retrasado la fecha prevista para la llegada de los dos primeros destructores a Rota, con lo que Estados Unidos, que parecía haber metido algo de prisa a España para realizar los cambios necesarios en el convenio, ahora no se siente tan urgido. Inicialmente se anunció la llegada de dos destructores para octubre de 2013 -Ross y Donald Cook, actualmente en la base de Norfolk, Virgina- y de los otros dos -Carney y Porte-, que se encuentran en Mayport, Florida y en Norfolk- para septiembre de 2014. Sin embargo, meses después se habló ya del año 2014 para los primeros y 2015 para el resto.

La española, según las fuentes consultadas por este periódico es una propuesta de mínimos, ceñida a lo necesario para permitir el estacionamiento permanente de los cuatro buques y el aumento de personal. Cada uno de los barcos tiene cerca de 300 tripulantes y además se precisa en torno a un centenar de civiles para las cuestiones relacionadas con las infraestructuras y el mantenimiento. Como actualmente hay unos 2.000 militares estadounidense no es previsible que se supere el número tope establecido para Rota en el Convenio Defensivo. Cuando se firmó en 1988 ese tope era de 5.250, pero con la enmienda a proabda en el año 2.000 se redujo a 4.250.

No se asusten. Me refiero al cambio de embajador español. El otro, el que debería llevar a la democracia en la isla, no parece que esté a las puertas. Dentro de unas semanas se instalará en su residencia en La Habana Juan Francisco Montalbán, el nuevo jefe de la misión española en Cuba, y la abandonará Manuel Cacho, que la ha ocupado en los últimos cuatro años.

Cacho es un experimentado diplomático, que actuó como portavoz de Miguel Ángel Moratinos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y que después cumplió las instrucciones de los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero en la relación con el régimen castrista. Una de esas instrucciones era que no debería mantener contacto personal con los disidentes del interior. La tarea quedaba en manos de otro funcionario de la Embajada, en la que siempre ha habido algún diplomático encargado de esos contactos, pero que en otros tiempos, no excluía que el propio embajador pudiera recibir a algunos de los opositores.

Ese es el cambio que puede producirse ahora. Al menos es lo que esperan los grupos de disidentes: que el nuevo embajador les abra de nuevo las puertas de la representación diplomática. Las palabras del ministro José Manuel García-Margallo en ABC asegurando que no irá a Cuba si no puede verse con las Damas de Blanco y los disidentes les ha llenado de esperanza, lo mismo que la presencia del secretario de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García Hernández, en el acto celebrado el viernes pasado en Casa de América para conmemorar el décimo aniversario del animoso Proyecto Varela.

El Gobierno cubano, a través de su viceministro de Relaciones Exteriores, Dagoberto Rodríguez, reaccionó calificando de “injerencistas” las palabras de Margallo y recordando que nadie le ha invitado a viajar a la isla. Rodríguez tiene razón en esto último, pero las autoridades de La Habana deben saber que las cosas no van a ser iguales con este Gobierno. Ni en la relación bilateral ni en la relación con la Unión Europea. Si Moratinos aceptó la condición de que para viajar a la isla y lograr la liberación de presos políticos no debía hablar con la disidencia, no parece que el nuevo Gobierno esté dispuesto a ello. Y después de todo, no se puede olvidar que cuando Abel Matutes viajó a Cuba como ministro de Exteriores, en 1998, se reunió con disidentes en la Embajada española. El régimen no se vino abajo por aquel encuentro.

Las declaraciones hechas el pasado domingo por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel-García Margallo, a ABC están teniendo una amplia repercusión, sobre todo en aquellos lugares que se han visto aludidos por el lenguaje directo que utiliza el jefe de la diplomacia española. En Bolivia, Cuba y Gibraltar, sus palabras no han pasado inadvertidas.

Bolivia. El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, ha asegurado que su país pagará “una suma pequeña, diminuta” o que quizás, incluso, decida no pagar “nada” a Red Eléctrica Española, tras la expropiación de su filial Transportadora de Electricidad. Las palabras del hombre al que se considera el ideólogo del Gobierno de Evo Morales se produjeron después de que García-Margallo revelara en ABC que España está considerando suspender la cooperación con Bolivia, en caso de que no hubiera una compensación adecuada tras la expropiación. El ministro distingue el caso boliviano de la expropiación de Repsol por Argentina, y confía en un acuerdo, porque no desea una suspensión de una ayuda que, en un país como Bolivia afectaría fundamentalmente a la población. Pero no lo excluye y las palabras de García Linera no hacen pensar en que la negociación vaya a ser fácil.

Aunque no lo haya afirmado el ministro, si no hay entendimiento, parece que la programada visita de la Reina Doña Sofía a Bolivia en octubre para visitar distintos proyectos de cooperación, podría verse igualmente cancelada.

Cuba. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Dagoberto Rodríguez Barrera,  ha acusado de “injerencista” a García-Margallo, por afirmar en ABC que no irá a la isla, si no puede reunirse con las Damas de Blanco y los disidentes. Al vicecanciller castrista las declaraciones del ministro español le parecen, además "irrespetuosas e incluso un poco ingenuas" y ha recordado que Cuba "ya no es una colonia" española "ni de ningún otro país". Por último, recuerda a García-Margallo que “nadie” le ha invitado a ir a Cuba y le pregunta irónicamente si cree "que no le hace falta invitación".

Las autoridades de La Habana tienen claro que, tras la salida de Miguel Ángel Moratinos, del Gobierno de Zapatero, han dejado de tener en España el gran valedor ante la Unión Europea.

Gibraltar. El Gobierno de la colonia británica ha difundido una nota para decirle al ministro que no es cierto que el Reino Unido se haya desvinculado del Foro Trilateral de Diálogo, sino que sigue comprometido con él. García-Margallo afirmó en su entrevista con ABC que, tras haber propuesto a Londres la conversión de ese foro trilateral en uno a cuatro bandas, con inclusión de los representantes del Campo de Gibraltar, ha recibido una respuesta de su colega británico, William Hague, que considera “plenamente satisfactoria” en el sentido de que ya “nadie aspira a que haya un foro trilateral” y que sólo habrá reuniones “ad hoc”, con un equilibrio de posiciones.

Con independencia de lo que digan unos y otros, el Gobierno de Fabian Picardo se equivoca tanto si piensa que sigue viva una iniciativa que hace tiempo que pasó a mejor vida, como si pretende seguir poniendo trabas a la actuación de los pesqueros españoles en la Bahía de Algeciras.

Por desgracia, la actuación de Evo Morales al expropiar la filial boliviana de Red Eléctrica Española, no será, probablemente, la única que tendrá que lamentar el Gobierno español. Hay todavía varios regímenes populistas en Iberoamérica dispuestos a saltarse olímpicamente todas las normas de seguridad jurídica si lo consideran necesario para su supervivencia. Más de una empresa española ha tenido problemas en los últimos años en Nicaragua, Ecuador o Venezuela y cualquier día el Gobierno de Mariano Rajoy puede encontrarse con nuevas expropiaciones.

Es cierto que la medida tomada por Morales no tiene los mismos elementos que la adoptada  por Cristina Fernández de Kirchner con Repsol-YPF, pero quizás se esperaba una mayor firmeza del Ejecutivo español, la misma que se pedía al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Al menos para dejar claro que no se quedará con los brazos cruzados. Las promesas de Morales de que compensarán a Red Eléctrica por los costes invertidos no son suficientes para quedarse tranquilos. Sobre todo por el peligro de contagio.

España es el principal inversor de Europa en Iberoamérica y siempre se ha destacado el papel que puede desempeñar como puente con la Unión Europea. Por eso, debe alzar su voz también en los foros comunitarios y reclamar que se pase de las expresiones de “preocupación” y de las advertencias y amenazas a los hechos. El trato europeo a los países iberoamericanos que respetan las reglas, como Brasil, México, Chile, Colombia, o Perú, no puede ser el mismo que para aquellos que atropellan los intereses de los inversores extranjeros y ni siquiera pagan sus deudas cuando han recibido sentencias condenatorias de los tribunales internacionales de arbitraje.

Y en el plano bilateral, es obvio que hay otras empresas españolas actuando en esos países, pero no debe aceptarse que sean tomadas como rehenes, porque, además, tarde o temprano, también ellas pueden sufrir las consecuencias de las actuaciones populistas, si el gobernante de turno lo considera útil para sus propósitos.

Dentro de unos días, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, viajará a La Paz. La visita estaba programada desde antes de que se produjera la expropiación de la empresa Transportadora de Electricidad, pero adquiere ahora un especial interés. Quizás las promesas de apoyo económico y de cooperación con Bolivia que –pese a los recortes- el secretario de Estado iba a llevar, haya que guardarlas de nuevo en la cartera. Sería un mensaje para Morales, pero también para sus amigos del eje bolivariano, tentados de seguir el camino abierto por la viuda de Néstor Kirchner.

Cuando Cristina Fernández de Kirchner amenazaba con la expropiación de Repsol, el secretario de Estado para al UE, Íñigo Méndez de Vigo, anunciaba que si eso llegaba a suceder, Argentina se convertiría en un apestado internacional. Al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, aquellas palabras le parecieron algo duras y trató de suavizarlas. Pero cuando ya se ha cumplido la amenaza, el Ejecutivo español se ha embarcado en una ofensiva en los foros internacionales destinada a desacreditar y aislar a Argentina.

Ha habido resultados positivos. Sin embargo, más allá de algunas declaraciones condenatorias de la actuación del Gobierno de Kirchner, puede resultar difícil que en algunos de esos foros, como el G-20, se decida aislar a Argentina. Hay otros países miembros del club que querrán aprovechar la situación, como puede ser el caso de China.

Además, en el ámbito iberoamericano, las cosas no son tan sencillas. Hay una cierta solidaridad con el vecino continental sobre todo cuando se trata de reafirmar la soberanía y, especialmente, cuando se hace frente a España. Las declaraciones públicas de los mandatarios de esos países, tras el atropello llevado a cabo en el caso de YPF, suelen ir en la línea de asegurar que en ellos sí hay seguridad jurídica. Casi imposible resultaría un texto de condena explícito en una cita, como por ejemplo, la Cumbre Iberoamericana de Cádíz, en la que puede estar presente la propia Cristina Fernández de Kirchner, porque las invitaciones a todos los países miembros ya han sido cursadas.

Otro de los colosos iberoamericanos, Brasil, sobre el que España parece haber lanzado una ofensiva de fortalecimiento de relaciones, se ha mostrado muy cauto ante la decisión de Argentina, porque tiene importante intereses en ese país vecino. Lo cierto es que estos días ha viajado a Brasil el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Jesús Gracia, que, en mayo tiene previsto hacerlo el ministro García-Margallo; y que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asistirá en Río de Janeiro a la reunión del G-20 con el Grupo de Río, a finales de junio. Además, si para ese mismo mes de junio, el Rey está recuperado, podría realizar también una gira por Brasil y Chile, prevista desde hace meses.

La relación con Brasil, lo mismo que con México, es clave para España, en Iberoamérica y sería importante contar con la presencia de la presidenta Dilma Roussef, en la Cumbre de Candís, pero no sería bueno que se diera la sensación de que el principal objetivo de esos viajes es aislar a Argentina. Y mucho menos que se involucrara en la operación a Don Juan Carlos, cuyo prestigio en los países de la región es preciso salvaguardar.

El ciclón desatado con el expolio de Repsol por parte del Gobierno argentino ha impedido concentrar la atención en unas palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo sobre Cuba. En sede parlamentaria, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, en concreto, el ministro hizo el martes pasado una afirmación tajante: No visitará la isla si no se le permite reunirse con la disidencia ni con grupos como las Damas de Blanco.

La declaración no ha causado extrañeza, ni siquiera en las autoridades cubanas. Que yo sepa no ha habido ningún pronunciamiento en los medios oficiales del régimen. Quizás llegue más adelante o tal vez se dé ya por descontado que esa es la actitud del Gobierno de Mariano Rajoy y que poco importa si García-Margallo va o no va a Cuba.

De todos modos, hay que recordar que no todos los ministros de Exteriores españoles eludieron el encuentro con disidentes como hizo Miguel Ángel Moratinos, que sólo se reunió con miembros del Gobierno. Abel Matutes, ministro con un Gobierno de José María Aznar visitó La Habana y se reunió con opositores al régimen en el año 1998. No ocurrió nada.

El régimen de La Habana debería tener una mentalidad más abierta y no tratar de condicionar las visitas de gobernantes extranjeros a Cuba a que no se vean con la disidencia. El argumento de que son contrarrevolucionarios pagados por el imperialismo estadounidense suena bastante rancio. Si de verdad quieren una nueva relación con la Unión Europea, tendrían que comenzar por dar alguna muestra más de apertura hacia comportamientos democráticos.