El modelo de ordenación territorial, sobre la mesa

La Mesa de Ordenación del Territorio impulsada por la Junta de Castilla y León para llevar a cabo la reorganización del mapa de la Comunidad vive hoy un día clave desde que hace un año se dieron los primeros pasos en esta dirección y los trabajos comenzaron el pasado otoño. Una vez que los dos grupos de trabajo (el de municipios y distritos de interés comunitario, por un lado, y el de diputaciones, por otro) han concluido su labor definiendo las competencias que consideran que cada uno debe ejercer, hoy se pone sobre el tapete el listado completo de qué corresponde a cada uno , siempre bajo la máxima de una competencia, una administración.

El modelo planteado por la Junta aboga por la unión voluntaria de municipios para prestar competencias con criterios de eficiencia, austeridad y mejora de la calidad a través de lo que, en principio, ha denominado distritos de interés comunitario. Una versión avanzada de las actuales mancomunidades que pretende acabar con el caos que reina en éstas -hay varios municipios que pertencen a más de una- y poner coto a las actuaciones que puede llevar a cabo cada localidad en función de su población. Además, se refuerza el papel de las diputaciones.

Precisamente este capítulo es el que se lleva buena parte de las críticas de algunos de los colectivos sentados a la Mesa de Ordenación del Territorio , en la que están los partidos con representación política en las Cortes, PP, PSOE y Mixto; los sindicatos mayoritarios, UGT y CC.OO; la patronal Cecale, las organizaciones agrarias y representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Es el caso de IU , que aboga por la supresión de estas instituciones provinciales , lo mismo que UGT. También con muchas críticas al modelo llegan los socialistas , que han llegado a afirmar que ambas posturas son «irreconciliables» y el sector agrario.

Paralelamente, la Junta ha reclamado al Gobierno central que tenga en cuenta las particularidades de Castilla y León en la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Y es que, en paralelo, también se trabaja en su modificación, con la que el plan de la Comunidad debe ser compatible.