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La posibilidad de que PP y PSOE lleguen a un acuerdo para reformar la Administración van camino del fracaso habida cuenta de las numerosas diferencias que están surgiendo, en asuntos como el mantenimiento de las Diputaciones, reducción del número de municipios o reorganización competencial. Y como no, por como va a afectar a la dimensión del empleo público. La intención del Ejecutivo es desvelar su propuesta antes de que termine julio.
La secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, advirtió este jueves al Gobierno que eliminar empleos públicos sería «lo peor» y «es precisamente el ajuste que no hay que hacer», por lo que ha indicado que antes de tomar esa medida es preferible «repartir» ese empleo, con reducciones de jornada o contratos a tiempo parcial.
Rodríguez Piñero ha dicho que la posibilidad de que haya recortes en ese ámbito ya venía apuntada claramente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Concretamente, en su opinión, el cuadro macroeconómico de reducción de gasto en las Administraciones Públicas ya dejaba claro «que iban a despedir a trabajadores públicos», y que este propósito lo facilita la reforma laboral, que «permite hacerlo con despido barato».
La dirigentes socialista respondía así unas palabras de la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Elvira Rodríguez, que a finales del mes de junio puso en evidencia la necesidad de una profunda reforma de la administración y explicó que con el recorte de salarios públicos no va a ser suficiente. «No es que los funcionarios vayan en clase turista o que no viajen, que también, sino que la restructuración va a llevar inexcusablemente pérdida de empleo público», dijo. En particular, habló de aquellas empresas públicas que crecieron «como setas» durante los años de «bonanza económica» y que hoy en día no son viables.
