La concertada presenta alegaciones al entender que se vulnera su autonomía
Que un profesor de educación obligatoria plantee a sus alumnos (y con ello a sus padres) que adquieran determinado material escolar complementario, ya sean cuadernillos, diccionarios o las típicas novelas que es obligatorio leer para las clases de literatura, será mucho más difícil a partir del próximo curso, según la reciente Instrucción de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía sobre el programa de gratuidad de libros de texto y material complementario para el curso 2012/2013, que está registrando numerosas críticas entre los colegios públicos y concertados cordobeses.
Esta Instrucción establece que los centros y los docentes no podrán solicitar ningún tipo de material complementario a los estudiantes sin autorización previa de la Inspección educativa, y sin una serie de requisitos administrativos, como la publicación de estos posibles materiales en el tablón de anuncios de los centros, con la indicación a los padres de que éstos no son financiados por el programa de gratuidad y que, en su caso, su adquisición es opcional. Además, también deberán publicarse en el sistema informático «Séneca», que utilizan los centros para las gestiones con Educación.
Mayor control
Estos materiales complementarios van desde los típicos «cuadernillos» de apoyo, sobre todo más comunes en idiomas, matemáticas y lengua; hasta los tradicionales libros de lectura. De igual manera, Educación también quiere un mayor control del material personal que, en ocasiones, también se suele recomendar a un alumno determinado, como apunta un profesor.
Que todos estos materiales no son gratuitos es ya de sobra conocido por los padres (a los que tampoco se les obliga taxativamente a comprar estos recursos educativos), pero estas nuevas directrices de Educación conducen, a juicio de profesores y centros, a una mayor burocracia y a un mayor encorsetamiento a la hora de enseñar, en pro de un «igualitarismo exacerbado y sin sentido», como señalan fuentes sindicales.
En esta línea, desde la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía se afirma que el objetivo último es que la enseñanza sea 100% gratuita, aunque algunos profesores consideran que este excesivo control entorpecerá la labor docente.
Además, la necesaria autorización previa de la Inspección educativa también se extiende al material escolar relacionado con la papelería (los folios, carpetas, reglas y todo el material habitual para el trabajo en las aulas); cuya propuesta de adquisición deberá hacer cada centro y tendrá que ser valorada por Educación.
Esta situación lleva al presidente provincial de la patronal de colegios concertados Escuelas Católicas, Antonio Guerra, a afirmar irónicamente que, a partir de ahora, «hasta para pedir un lápiz para un alumno habrá que pasar por la Inspección». Precisamente, Escuelas Católicas acaba de presentar ante Educación alegaciones contra esta Instrucción, al entender que elimina la autonomía organizativa y pedagógica que estos colegios tienen reconocida.