El Consorcio de Bomberos desviaba cuotas sociales para comidas y regalos

El cúmulo de irregularidades detectadas por el gobierno del PP en la Diputación en la gestión del Consorcio Provincial de Bomberos acabará en la Fiscalía y en el Tribunal de Cuentas. Así lo dieron a conocer ayer el presidente de este organismo, Manuel Gutiérrez y el vicepresidente primero de la institución provincial, Salvador Fuentes, tras el acuerdo alcanzado en la junta rectora del citado ente en base a un informe elaborado por la Intervención Provincial sobre la deuda de 8 millones de euros que se arrastra con la Seguridad Social por el impago de las cuotas sociales correspondientes a empresa y trabajador de los más de 200 empleados (la mayoría bomberos) con que cuenta.

En el citado informe de la Intervención, al que ha tenido acceso ABC, se pone de manifiesto que los anteriores gestores socialistas del Consorcio de Bomberos llegaron a transferir dinero del capítulo uno de gasto en personal destinado al abono de las cuotas sociales de sus empleados a una partida denominada «Gastos Diversos» donde se pagaron obsequios, cátering o regalos de Navidad. En total, hasta 147.000 euros en dos asientos de 87.000 y 60.000 euros.

Los datos recogidos por la Intervención de la Diputación sólo de manera genérica, como deja constancia en el informe, son reveladores. Teniendo además en cuenta la existencia de una contabilidad opaca que nunca estuvo inserta en el programa informático creado por Eprinsa para la contabilidad de los ayuntamientos y la institución provincial, lo que dejaría asientos suficientes para liquidar el presupuesto y saber las cuentas reales de este ente que ahora el propio técnico fiscalizador deja en entredicho por completo. «La conclusión es que todas las liquidaciones desde 2003 son erróneas al omitir una parte importante de deuda», dice el órgano fiscalizador interno.

Desde 2003 se han transferido desde la partida de gastos de personal hasta 1.776.000 euros para hacer frente a gastos de bienes corrientes y servicios. En el ejercicio 2008, cuando se solicita un primer fraccionamiento de la deuda con la Seguridad Social que ascendía a 2,3 millones, el dinero trasvasado es 1.067.000 euros. «Es totalmente incomprensible disminuir el crédito de una partida que se sabe y conoce a ciencia cierta que no es reducible puesto que son gastos de carácter obligatorio y no potestativo, teniendo además la certeza de que no existe sobrante en la partida respecto a los gastos previstos inicialmente». Así lo interpreta el interventor en su informe, donde también pone de manifiesto que las consignaciones para hacer frente al pago de estas cuotas sociales eran insuficientes en multitud de ocasiones.

Su análisis arroja sombras sobre la financiación del propio Consorcio, que corre a cargo de la Diputación al 51% y los ayuntamientos al 49%. En 2011, los consistorios sólo aportaron el 28% de su asignación. Así, señala que es «fundamental para la viabilidad del mismo el cambio del sistema de aportación de los ayuntamientos». Sólo con el dinero que sí aporta la Diputación y teniendo en cuenta que casi todo el gasto va dirigido a la partida de personal, el cobro de sus retribuciones no estaría garantizado de esta manera.

El Tribunal de Cuentas deberá analizar estos impagos así como las responsabilidades patrimoniales y contables que se deriven de dos pasajes más sobre los que también se han hallado indicios de irregularidades y que conforman la base de la denuncia ante la Fiscalía de Córdoba.

Por un lado, la suscripción de una póliza de 2,7 millones de euros el pasado junio, ya liquidado, un día antes de la llegada al poder del PP, cuyas condiciones aprobadas y firmadas podrían haber sido alteradas por el gerente Antonio Navarrete en base a la usurpación de la firma de la secretaria general, permitiéndole así la plena disponibilidad del crédito sobre el que se habían fijado como condiciones irrenunciables impedir el pago de unos 7.000 euros de comisión de apertura o su plena disponibilidad.

Navarrete contaba con una certificación validada para ejercer de secretario accidental del Consorcio, según los datos aportados ayer por el PP. Sin embargo, desde 2005 se nombró a una secretaria general titular que en todo momento suscribió las condiciones aprobadas por la junta del Consorcio a esa póliza y que fueron alteradas, lo que podría constituir un presunto delito de usurpación de personalidad pública. La modificación de la póliza tampoco fue ratificada por la junta rectora del ente de Bomberos.Hay que recordar que Navarrete tiene abierto un expediente disciplinario donde se remitirán todos estos hechos.

La tercera pata de las acciones judiciales que va a emprender la Diputación, y que ayer contó en una reunión extraordinario del consejo rector del Consorcio con el apoyo de los grupos de la oposición, está en las obras irregulares, como avanzó ABC en su día, en el Parque Comarcal de Bomberos de La Carlota.

Obras sin proyecto

Tras una primera fase de construcción del recinto (por valor de 700.000 euros), fueron contratadas unas obras de mejora en los accesos por 262.000 euros que no contaron ni con proyecto ni expediente de contratación, como puso de manifiesto el responsable del Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de la comarca hasta tres veces por escrito. Pese a ello, los trabajos siguieron y fueron ejecutados por una constructora propiedad de un hermano de un concejal del PSOE del Ayuntamiento de La Carlota, entonces gobernado por los socialistas, compañero a su vez del entonces presidente del Consorcio de Bomberos, Fernando Expósito, edil del PSOE en el gobierno municipal carloteño.

En su comparecencia de ayer, Salvador Fuentes y Manuel Gutiérrez detallaron que se llegó a abonar hasta tres facturas a esa firma de La Carlota por las obras adicionales. Tres facturas «conformadas por el gerente del Consorcio y que contaron con la validez del presidente y el interventor de ese organismo», a través de la figura técnica «addo». La vicesecretaria de Política Institucional del PSOE de Córdoba, Soledad Pérez, defendió en su momento la «honradez» de los ediles carloteños Fernando Expósito y José María Reifs, hermano éste último del dueño de la empresa constructora que hizo las obras irregulares del parque comarcal.

Por su parte, Gutiérrez explicó que se ha cesado al interventor del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios. Por el momento, las riendas contables pasan a manos del Interventor y Tesorero de la Diputación amén del nuevo gerente del Consorcio, Juan Carlos Jurado, exdiputado provincial del PP entre 1995 y 1999.