El juez del «Faisán» accede a que la Guardia Civil investigue el chivatazo a ETA

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha accedido a que la Guardia Civil investigue el chivatazo a ETA que el 4 de mayo de 2006 obligó a posponer la desarticulación de la red de extorsión de la banda terrorista que operaba en torno al bar Faisán de Irún. Responde así a la Sala de lo Penal de la Audiencia, que el pasado noviembre revocó el procesamiento de los tres imputados por el soplo: el ex director general del Policía Víctor García Hidalgo , el jefe superior de la Policía en el País Vasco Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros.

Pese a poner a la Guardia Civil a investigar, el juez Ruz deja claro que no tiene ninguna sospecha del equipo investigador, al frente del que está el comisario Carlos Germán, y recuerda que en su momento esta instrucción fue avalada por la Sala Penal. Por ello, dice, la entrada de la Benemérita en la investigación no implica la "sustitución" del equipo designado desde el principio, que no es otro que el que con anterioridad al soplo investigaba la red de extorsión en cuestión.

Respecto a las dudas expuestas por la Sala sobre la "incompatibilidad de versiones" entre el contenido del acta y las manifestaciones del dueño del Faisán, Joseba Elosúa, así como la conclusión de que Elosúa no se encontrara en el bar a la hora en la que Ballesteros entró en el local, las mismas "deberán ser despejadas mediante la confección de sendos informes policiales".

Junto con estas diligencias, Ruz volverá a tomar declaración al yerno de Elosúa, Carmelo Luquín , la persona a la que Elosúa comentó que le acababan de advertir de su detención.

A lo que no accede el juez es a ampliar la franja horaria de las llamadas que pudieran estar relacionadas con el chivatazo, una diligencia solicitada por Dignidad y Justicia con la que se pretende depurar responsabilidades en el escalafón del Ministerio del Interior de Alfredo Pérez Rubalcaba.