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La Junta dice que se enteró de la denuncia de Safja «por la prensa»

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La delegada de Igualdad y Bienestar asegura que se está cumpliendo la legalidad

Día 24/02/2012 - 10.07h

La delegada de la consejería de Igualdad y Bienestar Social en Córdoba, Silvia Cañero, aseguró ayer que «no tiene constancia» de la denuncia interpuesta por el Sindicato de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) contra ella y otros altos cargos y funcionarios de la Junta por transferir las funciones de Conciertos y Autorizaciones a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda), uno de los polémicos entes generados en la reordenación del sectror público andaluz, que se integran en la denominada «ley del enchufismo» y que, con esta atribución de funciones controlaría un presupuesto cercano a los 45 millones de euros en facturas.

Cañero tiró de «manual» en su respuesta y, aparte de asegurar que en la delegación provincial no se ha recibido denuncia alguna, indicó que «he tenido conocimiento de todo este asunto a través de los medios de comunicación».

En referencia al contenido de la denuncia, en la que se le señala a ella, al secretario regional de Dependencia, Julio Coca, y a varios funcionarios de la delegación cordobesa como presuntos autores de delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación, desobediencia a la autoridad judicial e infidelidad en la custodia de documentos, la delegada provincial señaló que los promotores de la denuncia «están en su derecho, pero estamos aplicando estrictamente un estatuto regional sobre la Agencia de Dependencia».

Cañero sustentó esta «estricta legalidad» en una sentencia, de fecha 16 de enero, de la sala de los Contencioso Administrativo de Málaga en la que se desestima la reclamación de este sindicato (Safja) contra los estatutos de la Agencia de Servicios y Dependencia de Andalucía, al entenderse que este organismo no vulnera los los principios de igualdad, mérito y capacidad de acceso a la función pública. Frente a este fallo está el del TSJA del pasado 15 de noviembre que suspendía el protocolo de integración de personal de las extintas Fundación Andaluza de Servicios Sociales y Fundación Andaluza para la Atención de Drogodependencias.

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