Estafar a las compañías aseguradoras se ha convertido en una de las fórmulas más recurrentes de zurcir los bolsillos que ha agujereado la crisis. Y cada vez hay más defraudadores que se dan de baja por invalidez cuando realmente pueden seguir con su actividad, ocultan afecciones graves o, incluso, llegan a simular su propia muerte para hacerse con la indemnización.
Así lo refleja ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones) en su último informe, realizado con los resultados de 20 entidades. Durante el pasado año, 43 cordobeses intentaron timar a sus seguros de vida, accidentes y salud para cobrar la póliza. El dato es más que llamativo si se atiende a las cifras que barajaba ICEA antes de que la economía comenzase su caída en picado, hace ya cuatro años. En 2007 apenas se detectaron 11 casos. Ahora, los fraudes se han cuadruplicado.
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Los defraudadores directos son en más del 80 por ciento de estos casos los propios asegurados «y la participación de un mediador alcanza cerca de un 8 por ciento», señala ICEA.
Existen una serie de circunstancias que favorecen a las compañías. Por ejemplo, la mala situación económica del asegurado, el conocimiento de las limitaciones de la compañía a la hora de investigar un siniestro e incluso el hecho de que estos fraudes no están mal vistos por la sociedad en general, que apoya este tipo de comportamientos delictivos.
A nivel nacional los casos «han aumentado espectacularmente», según reza el documento, pasando de los 2.263 de 2009 a los 4.153 en 2010. «En consecuencia, el porcentaje de presencia de este grupo de garantías en el conjunto ha experimentado un importante aumento: del 2,23 por ciento al 3,51, consolidando la tendencia del ejercicio anterior».
En la mayoría de los casos, el fraude se detecta durante las comprobaciones iniciales, según ICEA. En ocasiones, los profesionales tienen indicios del engaño, pero no disponen de los medios suficientes para probarlo. Se recurre entonces a los detectives privados. Un caso típico sería cuando los peritos creen que una persona de baja por un accidente no está realmente enferma, sino que se está aprovechando para cobrar el seguro. El detective indaga hasta averiguar si el asegurado miente o no con su dolencia. La figura del perito también ha cobrado un mayor protagonismo, aunque lo habitual es que no se investiguen fraudes por debajo de los 500 euros.
Las acciones que llevan a cabo las entidades aseguradoras para «cazar» a los timadores se centran en entrevistas, localización de testigos y estudio de las características de los daños o lesiones, entre otras. No obstante, en muchos casos, los autores consiguen salir impunes y logran la estafa perfecta. Por eso las compañías se afanan en seguir mejorando sus medidas de control, apuntaron desde ICEA.
De hecho, en relación con 2009, la cooperativa investigadora ha detectado a nivel general una estabilidad en el rendimiento de la investigación (52 euros por cada euro invertido en la detección de presuntos fraudes, frente a los 51 del año anterior). El porcentaje de timos evitados en relación con el importe total inicial reclamado alcanza un 71,6%.
ICEA señaló que el fraude neto evitado en España durante 2010 por las compañías aseguradoras alcanzó los 341,1 millones de euros. El director de Programas del Área de Formación de la asociación, José María Olazábal, señaló que el coste inicial reclamado de los casos de fraude correspondió a 485 millones, mientras que el pago final una vez detectado el fraude fue de 137,7 millones.
Uno de los últimos casos más sonados en Córdoba de intento de fraude al seguro de accidentes, que incluía secuestros y sucesos similares, fue el detectado hace tres años en Puente Genil. Un hombre de 56 años fue detenido por simular un rapto y un robo con intimidación para cobrar los 1.500 euros de su póliza.
Presentó una denuncia al haber sido objeto de un secuestro por tres personas cuando se dirigía al cardiólogo. Dijo que tras amenazarle e intimidarle le introdujeron por la fuerza en el interior de una furgoneta.
Posteriormente, dijo que lo trasladaron hasta una finca, donde tras sustraerle todo lo que llevaba de valor, lo abandonaron desnudo.
Tras tener conocimiento de lo denunciado, la Guardia Civil inició gestiones que permitieran verificar lo manifestado por el denunciante, pero el hecho de que no conociera el nombre y dirección del especialista hizo sospechar que se lo había inventado todo, como así fue.
