EXISTE en España una demasía de leyes reguladoras, producto de la pasión de nuestros políticos por la ingeniería social, si bien gran parte de ellas no se cumple por pura imposibilidad funcional o ejecutiva. Vaya una cosa por la otra: el esfuerzo de los legisladores por imponer absurdos preceptos se compensa con la desgana de los ciudadanos para obedecerlos. La sociedad civil se desempeña mal que bien gracias a que la gente se salta a la torera esta faramalla de códigos que pretende controlar los mínimos detalles de la vida cotidiana. El único problema es que también quedan sin efecto muchas de las normas imprescindibles para la convivencia y el Estado de Derecho —desde las condenas penales al pago a los proveedores pasando por el principio de igualdad de oportunidades—, aunque en estos casos los principales incumplidores son los Gobiernos que les juran observancia y respeto. La inseguridad jurídica suele crear caos social pero el exceso de ordenancismo propicia la resistencia. Sobre todo cuando llega al extremo de la arbitrariedad o el absurdo.
Éste es el caso de la regulación informativa de las campañas electorales, que se inmiscuye en la libertad de expresión para imponer cuotas obligatorias a los medios privados y forzarlos a un reparto determinado de espacios y minutajes. La clase política, que es incapaz de alcanzar acuerdos en asuntos esenciales de la gobernanza pública, encuentra consensos inmediatos a la hora de autobeneficiarse a sí misma, sea en la financiación de los partidos, en el salario de los cargos o, como ahora, en el prorrateo de la atención mediática. El atropello es tan irracional que sólo puede tener como respuesta el desacato, la insumisión simple y llana a una disposición injusta y a un abuso de autoridad flagrante. Si los dirigentes políticos quieren mangonear la información deberán conformarse con las teles y radios públicas, su juguete favorito. A invadir el sector privado no tienen derecho, y la única manera de hacérselo ver es el quebrantamiento práctico y efectivo de sus caprichosas prescripciones. Así va a ocurrir porque es normal y justo que así ocurra. A ver quién es el primero que se retrata denunciando ante la Junta Electoral a una emisora o un periódico.
La información con la que sueña nuestra dirigencia es la de una mera caja de resonancia de sus consignas doctrinarias. Un altavoz que divulgue sin contraste y repita sin jerarquía intelectual la colección de majaderías que los políticos suelen empaquetar en mítines y discursos sin réplica. Por eso a la moda-oxímoron de las conferencias de prensa sin preguntas pretenden sumar esta disposición descabellada que trata de anular el libre criterio de selección de las noticias. Ni caso van a obtener, por supuesto; será papel mojado, esfuerzo baldío. No ha llegado aún la hora de que este país le ponga puertas al campo de la libertad.
