PARECE una broma macabra. Cuatro días después de que las víctimas del terrorismo se manifestasen cargadas de suspicacia preventiva, un carnicero etarra con veinticuatro muertos en el currículum se cuela por una rendija legal para abandonar la cárcel con menos de un año por crimen. Ítem más: para completar la gloriosa jornada, el decano de los presos de la banda se retrataba en un balcón brindando desafiante por su recobrada libertad. Éste al menos a condena cumplida, treinta y un añitos largos, pero sin ápice de arrepentimiento y con aires victoriosos a lo Nelson Mandela. Será todo muy ajustado a derecho, pero desde el punto de vista moral este episodio indignante se parece más al escarnio que a la justicia.
Y aun desde el prisma legal todo está como poco borroso, al menos en el caso de Troitiño, el matarife del comando Madrid, el colega de De Juana Chaos, al que una interpretación penal ha ahorrado seis años de trena. En la conjetura más benévola cabe colegir que ha habido descoordinación judicial; la Audiencia aplicó de manera expeditiva y automática la jurisprudencia del Constitucional sin dar cuenta previa a la Fiscalía para que presentara recurso. Puede que el primer sorprendido fuese el propio sicario al ver cómo se le abrían generosa e inopinadamente las puertas del talego. Pensando con peor intención hay dos explicaciones, a cuál más alarmante, y no del todo incompatibles: que exista entre nuestros altos tribunales un pulso jurisdiccional de criterios y competencias o que algunas eminencias jurídicas de máxima jerarquía traten de dejar sin efecto la llamada doctrina Parot de alargamiento de condenas, en casual coincidencia con la pasada promesa del Gobierno a los negociadores de ETA. En una u otra hipótesis, tal vez en ambas, estaríamos ante una dolorosa afrenta a la memoria y el luto de las víctimas y ante una derrota moral del Estado.
Es verdad que distintas reformas penales, elaboradas por consenso político, han ido cerrando los portillos de leyes antiguas por los que se escapaban los criminales. Es verdad que el lacerante asunto de Troitiño parece responder a la infortunada concurrencia de casuismos leguleyos aplicados con precipitación rocambolesca. Es verdad que el fiscal aún puede recurrir para lograr una improbable reversión de la libertad del verdugo. Pero también es cierto que estos lances desasosiegan la conciencia social en una alarma justificada de sobresaltos incomprensibles, que alientan la sospecha de manejos tenebrosos y que cargan de razón a quienes son criticados por expresar su protesta, su desazón y su rabia. El alborozo arrogante de los asesinos libres y el penoso duelo redoblado de las víctimas no representan el paisaje idílico de esa paz con la que algunos se llenan la boca. Porque ya no es que no haya vencedores ni vencidos, sino que estas cosas invierten los conceptos mismos de victoria y de derrota.
