Córdoba

Córdoba / José María Herrera, PORTAVOZ PLATAFORMA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA JUNTA

«La reordenación del sector público es un problema de todos los cordobeses»

La capital acoge hoy la segunda gran manifestación regional contra la reestructuración de la Administración autonómica, en la que se prevén de 15.000 a 20.000 asistentes

Día 02/04/2011 - 10.08h

La Plataforma de Empleados Públicos de la Junta de Córdoba celebra hoy en la capital la segunda gran manifestación regional contra la reordenación del sector público de la Administración autonómica, que, primero, se tramitó como decreto y, luego, como ley. Ésta permitirá, según la Plataforma, que tras la desaparición de 111 empresas públicas para crear distintas agencias vinculadas a Consejerías unos 35.000 trabajadores accedan a la Administración por la «puerta falsa». Su portavoz, José María Herrera, explica las claves de la cita.

—¿Por qué siguen con su lucha?

—El PSOE no tiende la mano para ver qué posibilidades hay de reformar la ley. Sigue adelante con ella. Ante esa actitud, queremos continuar manifestándole al Gobierno andaluz que nos mantenemos en contra de la ley y lucharemos hasta que se derogue.

—Pero, ¿conseguirán derogarla?

—Estamos convencidos de que la tumbaremos en los tribunales.

—La primera gran manifestación regional contra la reordenación fue en Sevilla en enero. Ahora, las distintas plataformas provinciales eligieron Córdoba como sede. ¿Por qué?

—Querían reconocer la labor de Córdoba. Aquí, hemos sido un ejemplo de lucha constante, primero, contra el «decretazo» y, luego, contra la ley.

—¿Anima a los cordobeses de a pie a que se sumen a la manifestación?

—Por supuesto. Porque la ley de reordenación del sector público de Andalucía es un problema de todos los cordobeses y de todos los andaluces. El número de participantes que estimamos es de entre 15.000 y 20.000.

—¿Por qué rechazan esta ley?

—Esta reforma se hará integrando, a través de las agencias, en la Administración a empresas públicas, cuyo número de trabajadores ronda los 35.000. Tendrán la consideración de empleados públicos. Entrarán en la Administración por la puerta falsa, sin concurso ni evaluar sus méritos. Se salta la Constitución. Y con la reforma se duplican funciones. No entendemos esa duplicación. Bueno, sí hay explicación: el PSOE quiere dejar colocadas, por si pierde las elecciones, a esas personas.

—¿Cómo valoran la creación de las agencias?

—Nos preocupa en el sentido de caminar a la privatización del sector público. Los ciudadanos, a los que nos debemos, aún no son conscientes de lo que esta reestructuración de la función pública realmente supondrá para ellos. Para eso, estamos en la calle.

—Pero, ¿esta ley en qué perjudica al ciudadano?

—Cuando vayan a las agencias a hacer sus gestiones, no serán atendidos por un funcionario de carrera, que tiene la potestad de resolver expedientes y de firmarlos. Será atendido por personal que no tiene dicha potestad. Sus derechos se verán afectados. Los expedientes probablemente se ralenticen.Y esta norma es cuestión de todos, pues debilita la Administración o viola principios fundamentales como la igualdad de condiciones para ejercer un empleo público.

Las claves de la protesta de hoy

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