NUESTROS grandes partidos políticos, el PP y el PSOE, representantes del ochenta por ciento de los españoles, están tan dispuestos a disputarse un miligramo de poder como a compartir unas cuantas toneladas de pactos y componendas encaminados a la mejor retribución de sus notables y la consecución de prebendas que les engrandezcan y beneficien. Son, un poco, los restos del naufragio del franquismo. No se puede saltar «de la Ley a la Ley», de una dictadura a la formalidad democrática, sin trasladar algunos ingredientes del pasado. Son también, un mucho, las consecuencias de la falta de tradición en las prácticas democráticas y la deformación profesional, de oficio y beneficio, de quienes anteponen sus intereses a nuestra representación. Se disputan los votos, pero no los privilegios, que se comparten.
Hace unas semanas el PSOE y el PP, tan ariscos ante los ciudadanos como dispuestos a la chapuza compartida, acordaron reformas de la Ley Electoral que, quizás, puedan facilitar sus trabajos de campaña, pero que, seguro, le quitan transparencia y limpieza a la confrontación y la liturgia electorales. En consecuencia del acuerdo, la Junta Electoral Central se dispone a cursar a las televisiones privadas instrucciones sobre el que debe ser su comportamiento durante la refriega propagandística de las campañas. Lo más notable e inaceptable de esa norma en ciernes es que se las exige a las televisiones privadas los principios de «proporcionalidad y neutralidad informativa» que cabe esperar de las televisiones públicas. Algo, insisto, pactado por el PP y el PSOE en contra de la libertad de información y los usos democráticos habituales.
Si nuestros grandes partidos políticos no son capaces de diferenciar las obligaciones exigibles a una televisión pública de la libertad que debiera amparar el trabajo informativo de una privada, el caso es grave. Las públicas, cuya razón de existir es de difícil explicación y gran despilfarro, son de todos y ello las obliga a la neutralidad. En las privadas, como en los periódicos, el interés informativo debiera prevalecer sobre cualquier otro planteamiento. ¿Qué es eso de la «proporcionalidad» y la «neutralidad»? La diferencia tecnológica, ¿permite establecer tratamientos éticos diferenciados entre la prensa, la radio, la televisión, el internet u otro medio de información? Lo que la Junta Electoral Central, como consecuencia de un acuerdo no democrático entre el PP y el PSOE, se dispone a aplicar es una falsificación de la libertad, una perversa forma de censura. No es de extrañar que con barros tan sucios se modelen líderes tan endebles y deformes.
