Han pasado ya más de dos años desde que la Policía Nacional desarticuló una presunta red de adopciones ilícitas de menores rusos, y el caso todavía se está investigando. Entre los imputados figura una pareja de Posadas que pretendía adoptar a dos niños y que tuvo que dejar a los pequeños en Moscú al detectarse unas irregularidades en su tramitación.
La Fiscalía ha solicitado el traslado de la investigación a Madrid, ya que de momento la causa está abierta en el Juzgado 14 de Sevilla. El motivo es que la ciudadana rusa Olga Z., presunta cabecilla de la organización, reside en la capital de España y allí tenía su centro de operaciones. De momento, el juez no se ha pronunciado y ha dado traslado a las partes para que opinen sobre el traslado de las diligencias.
El letrado de la pareja malena ya ha remitido su preceptivo informe al respecto, oponiéndose a que el caso se lleve en Madrid. Y es que, desde su punto de vista, el órgano competente es el juzgado sevillano que se ha encargado de la instrucción, puesto que «mis clientes no formaban parte de ninguna red», dijo el abogado a este periódico.
La fiscalía argumenta que junto a Olga Z. participaba en la supuesta trama su ex pareja F. A. J. R., acusado además de un delito de blanqueo de dinero, su actual compañero, de iniciales R. B. L. y otro amigo, todos ellos españoles.
Según se supo en su día, el presunto fraude de niños rusos costaba a las familias entre 48.000 y 56.000 euros. Las irregularidades duplicaban el precio del proceso, que actualmente está entre 15.000 y 20.000 euros.
El caso fue denunciado por la Junta de Andalucía, que suspendió temporalmente las adopciones «por libre» de niños en Rusia. La cabecilla de la red ejercía de mediadora internacional y está acusada de falsificar el certificado de idoneidad exigido, con lo que agilizaba los trámites y permitía prohijamientos «a la carta».
En el caso de la pareja de Posadas, tres meses después de lo sucedido, el Consulado de España en Moscú les avisó que podían volver a Rusia a por sus dos hijos, de casi tres años y que permanecían en un orfanato de Katerinburgo, a pesar de estar legalmente bajo su potestad y ser españoles ante la Justicia rusa.
A por sus niños
El matrimonio cogió un vuelo hacia Moscú el pasado lunes y, 48 horas después y tras largo viaje, estaba de nuevo en España.
Según informó la Delegación de Igualdad y Bienestar Social, «la Junta no va a actuar de ninguna manera con estos menores, puesto que está más que probado que no se encuentran en desamparo».
Por su parte, fuentes de la familia indicaron que los pequeños, una niña y un niño, «se han adaptado perfectamente y todo el mundo en el pueblo los conoce. Ya tienen cinco años y son un amor».
La pareja prefirió guardar silencio para no entorpecer el procedimiento judicial, al que todavía queda un largo recorrido hasta ver su conclusión.
