El juicio contra los dos funcionarios municipales del Ayuntamiento de Baena y el empresario procesados en el caso de las «facturas falsas», fechado para el próximo día 26, ha vuelto a ser aplazado. Si la primera suspensión de la vista, que se iba a celebrar en julio del pasado año, estuvo motivada por la baja médica del letrado de la acusación particular, en esta ocasión la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha acordado «declarar la competencia del Tribunal del Jurado» para juzgar el caso. Así, la causa deberán de volver a remitirse al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baena para que se ajuste el procedimiento a lo regulado en la Ley del Jurado.
Así aparece reflejado en el auto emitido por la Audiencia, al que ha tenido acceso ABC, y que recoge el argumento de la acusación popular que afirma que dos de los tres acusados «son autores de un delito continuado de fraude o exacción ilegal, en su modalidad de apropiación indebida, y también de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial», por lo que «corresponde el enjuiciamiento del primero de estos delitos al tribunal del jurado».
Cabe recordar que el Ministerio Público solicita una pena total de 18 años, seis para cada uno de los encartados. A los dos trabajadores del Ayuntamiento les considera autores de un delito continuado de estafa y cooperadores necesarios de un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial, mientras que al industrial se imputa uno continuado de falsificación de documento mercantil y oficial y se le cree cooperador del delito de estafa.
Así, considera probado que los dos empleados del Consistorio y el empresarios emitieron recibos fraudulentos durante los años 2005, 2006 y 2007 referentes a trabajos que no se habían realizado.
Además, se encargaban fueran incorporadas a los correspondientes expedientes administrativos y tramitadas para que fueran abonadas en la cuenta del industrial.
Cuando éstas se abonaban, el empresarios descontaba la cantidad correspondiente al IVA, que quedaba en su poder, y entregaba en metálico el resto del importe a los funcionarios que se incorporaba en su patrimonio particular.
Entre las supuestas facturas falsas, destaca una por valor superior a los 7.000 euros, relativas a encofrado de chapa, tablas de reciclaje y mallazo, además de otras relativas a zapatería por valor de 4.534 euros.
