ESTÁN nerviosos. Porque el plan era quedarse. Abolir la alternancia entre los dos grandes partidos por medio de una alianza permanente con todo el espectro secesionista. Que expulsara al Partido Popular del sistema. Su diseño estaba definido en el Pacto del Tinell. Habría sido la victoria postrera de la impoluta y gloriosa II República, la victoria que Rodríguez Zapatero le debía a su abuelito. Y el final de la Transición y la Reconciliación Nacional que consideran una farsa superada. Había que dividir otra vez a España en dos partes, homologables a las que supuestamente hubo entonces. Y readjudicar el papel de vencedores y buenos y derrotados y malos. Parece que no va a poder ser. El desastre económico, la ineptitud de la dirección y la propia lógica demencial del objetivo lo han impedido. Pero la traca final de esta legislatura puede helarnos a todos el corazón. Porque no asumen la derrota y son capaces de todo. La llegada de Rubalcaba al mando marcó el final del tiempo en el que apostaban por un vuelco gracias a una recuperación. La mentira ya no era eficaz y la remontada imposible. Ahora llega el tiempo del miedo. Están dispuestos a utilizar todos los medios del Gobierno y el Estado para acabar con el rival. El miedo callejero queda a iniciativa de sindicalistas y de esos jóvenes sabedores que todo vale contra los fascistas y que lo somos todos los demás. Pero las formas más sutiles para callar bocas ya toman forma. Ayer el ministro Ramón Jáuregui anunciaba la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que enjuiciará y sancionará programas y televisiones que, en su opinión, generen clima de crispación o fomenten «valores devaluados de convivencia». No sean ilusos, no van a por Belén Esteban ni sus socios de la Noria. Es que la nueva pluralidad televisiva no les gusta. La consideran culpable de su desastrosa situación en los sondeos. Rompe aquella deliciosa armonía que existía con la supremacía total del izquierdismo en televisión. Pero llega
otra ley para acallar a todos. Con el miedo y la delación. Se trata de la Ley del Trato Igualitario o de antidiscriminación —cocinada bajo Leire Pajín— que es el golpe de gracia contra el Estado de Derecho. Un comité designado por el Gobierno, sin mediación judicial, se dedicará a «prevenir eliminar y corregir toda forma de discriminación en el sector público y privado». Actuara por iniciativa propia o por denuncias. Y la carga de la prueba recae sobre el denunciado. Tendrá que demostrar su inocencia. «Corresponderá a la parte demandada (….) la aportación de una justificación objetiva o razonable».
Dice el borrador de la ley: «Queda prohibida toda conducta, acto, criterio o práctica» tipificada. Prohibidos los criterios. Como cualquier cosa puede tacharse de discriminación —toda elección, toda decisión lo es— la ley otorga al Gobierno poder absoluto para intervenir en conductas individuales, empresas, organizaciones, relaciones personales o asociativas. El Gobierno tendrá capacidad de intervención en todas y cada una de las actuaciones y relaciones privadas y públicas de los individuos. Plena discrecionalidad. Una ley de leyes de ingeniería y experimentación social propia de una novela de terror totalitario. Que ningún gobernante occidental en sus cabales sugeriría siquiera en broma. Un puro delirio totalitario. Son las armas que el Gobierno prepara para intentar impedir la alternancia democrática. No perdamos los nervios. Pero sepamos la que se nos viene encima.
