El Gobierno busca tener el espacio aéreo militarizado hasta después de Reyes

El Gobierno busca «garantizar la movilidad de los españoles en Navidad» y para ello Rodríguez Zapatero «ordenó» ayer a su vicepresidente primero que sondeara entre los grupos parlamentarios su apoyo a una prórroga del Estado de Alarma dictado por real decreto el pasado 4 de diciembre, cuando el espacio aéreo llevaba 24 horas cerrado por abandono y falta de incorporación al trabajo de cientos de controladores. Fuentes gubernamentales insisten a ABC que «ni Zapatero ha tomado todavía una decisión» ni está claro cuánto tiempo durará la prórroga, aunque dan por seguro que será lo suficiente para impedir otro incidente hasta que pase la fiesta de Reyes; es decir, unas dos semanas.

Con la extensión de la militarización quedaría claro que la resolución del conflicto laboral del Ejecutivo con las personas encargadas del control áereo del país está lejos de resolverse. O lo que es lo mismo, que el Gobierno estima que aún es necesaria la presencia de un mando militar (con la movilización, los controladores son personal militar) para garantizar un servicio esencial para los españoles y para España.

Si el Congreso no prorrogara el Real decreto —advierten fuentes del Ejecutivo socialista— el sindicato USCA podría convocar huelga legal a partir del lunes 20 de diciembre en quince días —plazo legal de preaviso—. Las fechas afectarían a la vuelta de las vacaciones, «y eso no se lo puede permitir ningún Gobierno», admiten las fuentes socialistas consultadas, «porque entonces la opinión pública no iría solo contra los controladores». De momento, personal del Ejército del Aire destinado en la base de Torrejón (Madrid) ya saben que irán la próxima semana a Barajas y lo mismo ocurre con los destinados en la Base Aérea de Gando respecto a los aeropuertos civiles canarios, según ha podido saber ABC.

Formalmente no es necesaria la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para solicitar la prórroga, pero Zapatero se ha empeñado «en darle solemnidad». Hoy o mañana se celebraría ese Consejo de Ministros extraordinario y la petición será remitida a las Cortes para que la incluyan en el orden del día del pleno de pasado mañana jueves. Así, el propio presidente del Gobierno, al que se le criticó duramente su ausencia de cinco días entre el sábado 4 y la primera comparecencia ante el Pleno, el día 9, podrá defenderla en persona antes de viajar a Bruselas para asistir a la reunión invernal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

El Gobierno cuenta ya con el aval de CiU, PNV y Coalición Canaria para sacar adelante su petición, pero la comparecencia hoy de José Blanco ante la Comisión de Fomento de la Cámara Baja para explicar el conflicto ha desatado una fuerte expectación. Ayer, dio a entender que la prórroga es un hecho porque «los promotores del sabotaje todavía no han alcanzado a ver los daños causados al país por su forma de actuar». El Gobierno cree que, aunque recuperada la normalidad en las torres, los portavoces sindicales siguen teniendo mucho ascendente sobre la plantilla y no se fía.

El ministro cargó contra el portavoz de USCA, César Cabo, que va «por los platós» diciendo que el Gobierno les trata como a esclavos. Y reveló que, en 2008 y 2009, su Ministerio pagó Cabo cobró 900.000 euros brutos.