Deuda total de los municipios en 1995 y 2010 (en millones de euros)
El cobrador del frac se ha instalado a la puerta de los ayuntamientos españoles, que han triplicado su endeudamiento en los últimos 15 años. La situación es tan crítica que muchos alcaldes llevan meses sin poder pagar a las contratas. Alguno ha tirado la toalla y ha dimitido, harto del acoso de los acreedores. Hasta ahora, al menos, podían seguir pidiendo préstamos. Pero Zapatero ha cerrado el grifo del crédito a aquellos municipios cuya deuda supere el 75 por ciento de los ingresos corrientes.
Ha sido el enésimo bandazo de un Gobierno que no hace mucho se dedicaba a repartir generosamente los fondos del Plan E entre los consistorios para arreglar cientos de kilómetros de aceras. Luego, llegó Bruselas con las rebajas y el Gobierno prohibió que las entidades locales, incluso las más saneadas, se siguieran endeudando. Pero ante la protesta de los alcaldes propios y ajenos, no le ha quedado más remedio que echar marcha atrás y restringir la medida a una parte de los consistorios, en su mayoría del PP. Ello desencadenó un encontronazo entre Rodríguez Zapatero y Ruiz-Gallardón en mitad del desfile militar del 12 de Octubre.
La mayoría de los expertos consultados no ven del todo acertada la decisión gubernamental. «Por muchas que sean las urgencias presupuestarias, no pueden alterarse repentinamente las reglas del juego. El endeudamiento de una entidad local es una fuente de financiación básica, que afecta a la raíz del modelo», advierte Mario Garcés, inspector de Hacienda e interventor y auditor del Estado.
En la misma línea, Ángel de la Fuente, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), cree que «el control sobre el endeudamiento es positivo, pero aplicado con sentido común. Ir dándoles permiso con cuentagotas para emitir deuda según van cumpliendo objetivos puede ser un instrumento útil, pero no tiene sentido no dejarles refinanciar la deuda que va venciendo».
Sin embargo, Susana Borraz, de Analistas Financieros Internacionales, no cree que vaya a ser un problema porque aunque «no podrán salir al mercado para obtener financiación, en cambio la deuda pendiente se irá reflejando en el aumento del remanente de tesorería».
Por si esto fuera poco, la Federación de Municipios y Provincias calcula que el 33 por ciento de los servicios que prestan están fuera de sus competencias. Esto no era problema cuando el dinero de las recalificaciones urbanísticas fluía alegremente por las casas consistoriales. «Gracias a los fuertes ingresos del “boom inmobiliario”, se embarcaron en una política de gastos estructurales, como construir polideportivos o grandes auditorios, que ahora sin embargo son incapaces de mantener», indica Fernando Eguidazu, del Círculo de Empresarios. «El político local —añade por su parte Mario Garcés— tiene una tendencia natural a gastar y a asumir competencias propias de las comunidades autónomas, sin que éstas a su vez transfieran fondos para atender estos gastos».
Y mientras tanto, sigue pendiente la segunda descentralización». Pere Puig, profesor de Economía de Esade, considera que «no nos podemos permitir en este momento un nuevo sistema de financiación local. Es la hora de llamar a la responsabilidad de todas las administraciones».
