EN su arenga vespertina del miércoles, Cándido Méndez agradeció a las «formaciones de izquierda» el apoyo activo a la huelga general. La vaguedad de la expresión utilizada por el dirigente de UGT resultaba a esas horas del día un poco obscena. Todo el mundo, incluido Candido Méndez, conocía ya los sucesos de Barcelona, y por más que las televisiones públicas y unas cuantas cadenas privadas se empeñaran en separar los desmanes de los antisistema de la protesta sindical, es innegable que aquéllos son una formación de izquierda (o un conjunto de varias formaciones de izquierda). De extrema izquierda, si se quiere matizar, pero de izquierda ante todo, qué duda cabe.
El asunto puede parecer una nimiedad. No lo es. La inclusión de ese colectivo indefinido en el recuento de los protagonistas de la huelga convertía ésta, retrospectivamente, en una huelga política de la izquierda… contra el gobierno de la izquierda, aunque sólo en teoría. Produce un cierto estupor que el líder de la mayor central sindical del país desvirtuase así el carácter presuntamente sindical del acontecimiento en el mismo mitin de clausura. Por otra parte, es evidente que la huelga del pasado día 29 tuvo poco de sindical, en el sentido clásico del término. La última huelga general propiamente sindical fue la de 1988, y no se equivocaron entonces quienes auguraron que no volvería a haber otra huelga general de carácter sindical. El sesgo político de la de 2002, con la participación estelar de todas las formaciones de izquierda, empezando por la que hoy detenta el gobierno, fue inequívoco, pero es que se trataba de un ensayo de movilización de la izquierda contra el gobierno del PP (indispensable para engrasar una estrategia de acoso al mismo desde la calle, que funcionaría ya a la perfección en las campañas del Prestigey de la oposición a la guerra de Irak, incorporando sin escrúpulo alguno a la extrema izquierda).
La incapacidad de los dirigentes sindicales para cambiar el modelo se ha manifestado en la fastuosa confusión del discurso movilizador a lo largo de los tres últimos meses. Nunca quedó claro si se pretendía obligar al gobierno a cambiar su política, castigar a la patronal o machacar a la oposición. Con la excepción de Madrid, por supuesto, donde la huelga se planteó desde el principio y de modo exclusivo como un ariete contra Esperanza Aguirre. De hecho, los piquetes intentaron con particular entusiasmo paralizar el sector público de dicha Comunidad Autónoma -lo consiguieron al cien por cien en Telemadrid, la única televisión que se vio obligada a interrumpir sus emisiones-, y de ahí el contraste entre la indiferencia del Presidente Rodríguez ante lo que pasaba en la calle, a escasos metros del Congreso, y la indignación de la presidenta madrileña, hacia cuya sede de gobierno confluyeron desde la mañana los combativos sindicalistas de toda la capital. En tales condiciones, la huelga sólo podía ser política y ridículamente maoísta: una revolución cultural de sainete, contra el poder y a favor del poder simultáneamente, con los guardias rojos saqueando tiendas en Barcelona y el Gran Timonel mareando la perdiz en la Carrera de San Jerónimo, como si la cosa no fuera con él. Que no iba.
