La viga en el ojo del PSOE

La apertura del sumario del «caso Astapa» ha revelado una tupida y extendida red de corrupción del PSOE en Estepona, donde este partido se habría financiado con las comisiones exigidas a empresarios, especialmente constructores, desde el gobierno municipal. También habría servido para colocar a dedo en el Ayuntamiento y en empresas municipales a la mitad de los afiliados al PSOE en esta localidad y, al menos, a 42 familiares directos de los responsables municipales. Además, la investigación ha puesto de manifiesto el perjuicio causado al patrimonio municipal con motivo de convenios urbanísticos que tasaban los suelos públicos por debajo de su valor de mercado, para favorecer a las empresas «amigas».

La dimensión de la trama «Astapa» demuestra que las principales localidades de la Costa del Sol fueron colonizadas por la corrupción socialista. En un momento de fuerte enfrentamiento entre PP y PSOE, el «caso Astapa», como el turbio asunto de las comisiones en Mercasevilla, es la viga en el ojo socialista y el desmentido más rotundo al empeño de sus dirigentes por apurar una comparación de limpieza frente al «caso Gürtel». Ningún partido queda exento de sus propias responsabilidades por el hecho de que el contrario no las asuma en casos de presunta corrupción, pero lo menos que cabe esperar es una cierta humildad, sobre todo cuando el PSOE se jacta de no aceptar lecciones de ética de nadie.

La trama de Estepona, discípula aventajada de las montadas por el «gilismo» en Marbella y sucesora, en versión local, del «método Filesa», recuerda que es preciso desarrollar un sistema eficaz de fiscalización sobre los ayuntamientos, especialmente en aquellos en que la hipertrofia urbanística es un indicio más que suficiente de posible corrupción. Por otro lado, con la mitad de los afiliados del PSOE de Estepona metidos a dedo en el pesebre municipal y con una campaña electoral financiada a la grande, resulta inverosímil que los dirigentes socialistas andaluces no tuvieran, al menos, sospecha de lo que estaba pasando en esta localidad malagueña. La pasividad de la Junta de Andalucía ante las gestiones corruptas de ciertos ayuntamientos -como sucedió con el de Marbella- merecería algo más que un simple reproche político, porque la ley le permite intervenir en los consistorios y poner bajo su control las políticas urbanísticas. Además, empieza a ser urgente una reforma legal que evite que unos patrimonios urbanísticos multimillonarios queden atrapados en circuitos de decisiones opacas y arbitrarias, en manos de personajes sin solvencia, y acaben dañando la economía local y extendiendo la sombra de la corrupción.