La recesión va para largo

LA nueva revisión a la baja de las previsiones económicas del Gobierno, tercera en el plazo de un año, no sólo viene a dar carácter oficial a una situación de sobra conocida, e incluso sufrida, por la sociedad española, sino que confirma la política de improvisaciones que el Ejecutivo ha llevado a cabo en los últimos meses para dilatar el impacto provocado en la opinión pública por el desplome económico, imposible ya de ser ocultado, ni siquiera matizado. Pedro Solbes vuelve a hacer borrón y cuenta nueva para reconocer el alcance de la recesión, con un crecimiento negativo del 1,6 por ciento para 2009, ejercicio que, además, se cerrará con un demoledor déficit público del 5,8 por ciento y una tasa de paro del 15,9 por ciento, cifra muy similar a la que se registrará en 2010 (15,7 por ciento) y 2011 (14,9). Por primera vez en dieciséis años, la economía española entra en recesión, ahora de forma oficial y con la constatación del Gobierno, que prevé para 2009 «los momentos más difíciles» —anuncia el vicepresidente económico— de una crisis que parecía no existir en la anterior previsión del Ejecutivo, realizada el pasado mes de julio y en la que todavía se anunciaba un inverosímil crecimiento del 1 por ciento para este año.

Muy lejos de aquellas insostenibles hipótesis y amenazado por el diagnóstico de agencias internacionales como Standard&Poor's —cuya decisión sobre la rebaja de la deuda española a largo plazo aumentaría el coste del déficit—, el Gobierno se ha visto obligado a mirar de frente a una crisis que resultaba inabarcable desde las medias verdades a las que se había abonado para capear el temporal de la ciudadanía, su mayor preocupación incluso en situaciones tan convulsas como la actual. Las previsiones anunciadas por Pedro Solbes no sólo revelan la gravedad de la crisis, sino que la extienden más allá de 2010: será en 2011, según el ministro de Economía, a quien no se le puede tachar de pesimista —hasta hace poco sinónimo de antipatriota—, cuando «podremos apretar el acelerador» para tratar de reducir el déficit. Resulta paradójico que el vicepresidente económico, cómplice de la ocultación gubernamental del progresivo derrumbe de nuestra economía, alardease ayer de «rapidez y decisión» en la adopción de las medidas necesarias para tratar de amortiguarlo cuando, de hecho, el Ejecutivo no ha dejado en el último año, y en vano, de ralentizar su actividad de cara a la galería y de negar su gravedad.

Entre los datos publicados ayer por el Gobierno destacan los del paro, quizá la variable más sensible para la sociedad dentro de un farragoso baile de cifras macroeconómicas. La destrucción de 600.000 puestos de trabajo a lo largo del presente ejercicio, reconocida por Pedro Solbes, hace inviable la previsión de mantener la cifra de desempleados por debajo de los cuatro millones, como se empeña en asegurar el titular de Trabajo. Estamos, como acierta a señalar el Partido Popular, ante la recesión más grave de la historia de España, pero da la impresión de que el Ejecutivo, tras verse obligado a reconocer sus proporciones, trate ahora de acortar su duración y mitigar su intensidad para situar a la opinión pública ante el esperanzador horizonte de 2011, cuando «la economía volverá a crecer y de forma más equilibrada», según Solbes, con un índice del 2,6 por ciento que vuelve a parecer exagerado y que, en el mejor de los casos, tampoco sería suficiente para generar empleo.

La escasa fiabilidad del Gobierno, ganada a pulso durante los últimos meses, ha hecho de sus previsiones un ejercicio de retórica y demagogia que sólo invita a la desconfianza. Desbordado por una realidad que a diario contradice sus expectativas —ayer mismo fue la tasa de morosidad, que en noviembre superó el 3 por ciento, su nivel más alto en once años— el Ejecutivo socialista corrige por enésima vez sus cuentas, aunque su actitud, tan negativa como los números que durante tanto tiempo ha ocultado, haga dudar de su solvencia para programar el final de este ciclo.