Los diez mayores problemas de la Justicia
De la sobrecarga de trabajo a la escasez de medios, pasando la imagen de politización del Poder Judicial. Ningún gobierno ha conseguido dar un vuelco a una Justicia lenta y obsoleta
Actualizado:De la sobrecarga de trabajo a la escasez de medios, pasando la imagen de politización del Poder Judicial. Ningún gobierno ha conseguido dar un vuelco a una Justicia lenta y obsoleta
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abc infografía Nueve millones de asuntos ingresaron en los tribunales en 2012, lo que significa que uno de cada cinco ciudadanos acudió a la Justicia, cuando en Francia, con 20 millones de habitantes más, lo hicieron dos de cada cinco. Con una media de diez jueces por cada 100.000 personas (la media europea es de 21,3), es fácil entender una de las causas del colapso de la justicia en España: los 5.171 jueces que forman parte de la carrera están absolutamente saturados, sin poder dar salida a los casos que se amontonan en los juzgados. Por contra, por cada juez hay 26 abogados, solo en Madrid casi 40.000, el doble de los que ejercen en el país vecino, por seguir con la comparación, y los mismos que en todo el Reino Unido.
La situación se ha agravado con la crisis, que ha colapsado especialmente los juzgados de lo Mercantil y de lo Social. Cláusulas de suelo, preferentes, desahucios, reclamaciones de cantidad, despidos... En ciudades como Sevilla, por ejemplo, están señalando juicios laborales para febrero de 2017. No en vano la jurisdicción Social (laboral) fue la que en 2012 registró el mayor incremento de asuntos: un 6 por ciento respecto al año anterior: a los juzgados llegaron 463.810 nuevos casos de esta índole. A finales de año quedaban por resolver 329.705.
Una de las conclusiones que se extraen de estas cifras es que, junto con otras medidas de carácter procesal igualmente necesarias, hay que crear más plazas de juez, y más en un momento en el que se ha tomado la decisión de prescindir de los 1.500 sustitutos que, sin ser profesionales, al menos contribuían a desatascar los juzgados. No se activó un plan B y hoy son los jueces en activo los que están pagando las consecuencias de esta falta de previsión: ahora son ellos los que tienen que sustituirse entre sí, lo que implica que si dos señalamientos coinciden, uno de ellos tiene que ser suspendido a la fuerza, con todo lo que ello conlleva. Sobre todo para el justiciable, que es el que tiene que soportar un sistema que en líneas generales en estos momentos es incapaz de dar respuesta en tiempo y forma a los ciudadanos.
Un ejemplo reciente de esta doble carga de trabajo es la que ha tenido que asumir Juan Antonio Toro, el sustituto de Elpidio Silva, instructor del caso Blesa, a punto de sentarse en el banquillo por prevaricación. Pero la sobrecarga de ese juez representa solo un grano de arroz en medio de un océano de desorganización, anquilosamiento y resignación.
Lo paradójico de la cuestión es que hay cerca de 400 jueces de las promociones 63 y 64 que todavía no tienen un destino fijo, que se ha incumplido el compromiso de crear 600 plazas en tres años y que a día de hoy la carga de trabajo entre unos juzgados y otros, incluso dentro de una misma jurisdicción, está muy descompensada. El 80 por ciento de los juzgados están sobrecargados y el otro 20 por ciento podría perfectamente asumir más asuntos.
Junto con el necesario incremento del número de jueces, el cumplimiento de horarios u opciones como la despenalización de las faltas, también sería necesario instalar una cultura de mediación, cerrar todas las vías posibles al acuerdo antes de recurrir a los tribunales. La mediación ya existe hoy, pero quizá por falta de información todavía no ha calado con fuerza en la sociedad. El último eurobarómetro reflejaba un dato esclarecedor sobre esta cuestión: nueve de cada diez españoles preferirían solucionar un litigio de forma extrajudicial.
Desgobierno en los juzgados: nadie manda
abc Tres administraciones distintas conviven en un solo juzgado en las siete comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia. Juez, secretario judicial y funcionarios dependen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Ministerio de Justicia y del gobierno regional en cuestión respectivamente. Esto significa que nadie manda en el juzgado, no hay una relación de dependencia jerárquica en la que el juez dé una orden y los funcionarios la acaten, lo que se convierte en un foco diario de problemas, sobre todo en lo que se refiere a permisos, días libres o vacaciones.
Hay juzgados de la periferia de Madrid que están desiertos; otros en los que había diez funcionarios y ahora solo hay tres. El trasvase del personal de estos juzgados a los de instrucción en cuanto queda alguna plaza libre es una constante, pues en estos últimos se cobran las guardias aparte. A ello se une que no se convocan plazas por la limitación de empleo público. Todo ello genera disfunciones que afectan a la organización. Y desde una perspectiva laboral se añade la dificultad de cubrir las bajas, lo que depende de los recursos presupuestarios de cada autonomía con las competencias transferidas. El gasto en recursos personales y materiales ha hecho que con el tiempo algunas comunidades, como Madrid, hayan planteado devolver la Justicia a la Administración central.
Lentitud en la tramitación
Causas que se empezaron a investigar en 2002 y se están juzgando ahora; sumarios abiertos hace un lustro de los que todavía hoy se siguen desgajando piezas separadas... Casos en los que la justicia llega demasiado tarde, incluso cuando ya no hay nadie para recibirla. Hace apenas unos días, el Tribunal Supremo ponía punto final al caso Hacienda, en el que se vieron envueltos el entonces presidente del F. C. Barcelona, José Luis Núñez, y el exinspector jefe de la Agencia Tributaria en Cataluña, José María Huguet. Lo hacía 21 años después de que se iniciaran las primeras pesquisas.
Tres semanas antes, el Tribunal Constitucional consideraba vulnerado el derecho a la intimidad del exministro Francisco Álvarez Cascos... Lo hacía nueve años después de que se publicaran unas fotografías en las que compartía unos días de vacaciones con María Porto y sus hijos menores de edad... Bien es verdad que se trata de recursos, pero los tiempos de respuesta en primera instancia tampoco son muy satisfactorios: 272 días.
La lentitud de la justicia es otro de los obstáculos con los que tiene que lidiar la sociedad, y en parte está relacionada con la sobrecarga de trabajo y con la descompensación en el reparto de asuntos entre unos juzgados y otros.
Pero también, y fundamentalmente en causas complejas, con todos los actores que intervienen en la instrucción de un procedimiento, más aún cuando esta tiene ramificaciones en el extranjero. Por ejemplo, en un caso como Gürtel se han cursado comisiones rogatorias a una veintena de países. Su tramitación, a través del Ministerio de Justicia, y las correspondientes traducciones hacen que se ralentice en exceso la instrucción, y más si, como en el caso concreto de Suiza, las autoridades tienen que contar con el visto bueno del cliente antes de suministrar cualquier información que le afecte.
No solo son causas con ramificaciones internacionales. También aquellas otras que requieran informes policiales, periciales, o de la Agencia Tributaria, implican mayores tiempos de respuesta, más aún cuando el asunto en cuestión tiene aristas políticas.
En diciembre pasado, los jueces de toda España reclamaron la creación de un «cuerpo nacional de peritos contables, integrado por expertos auditores y economistas, a disposición de los juzgados», como lo son los médicos forenses. No ha habido respuesta.
Escasez de medios
abc «El día 20 de cada mes ya no tenemos folios ni post-it», se lamenta una funcionaria de un juzgado de Instrucción de Madrid. Como este, otros muchos en toda España viven a diario la escasez de medios materiales, cuando no la convivencia con cucarachas o el desempeño de sus funciones en unas condiciones de insalubridad y falta de ventilación que han exigido la intervención inmediata del servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La crisis económica y, como consecuencia de ella, el incremento de la litigiosidad en jurisdicciones como la laboral (despidos) sacaron a la luz el pasado año las vergüenzas de juzgados como el de lo Social número 1 de Granada, que ha aumentado un 30 por ciento su carga de trabajo y sigue contanto con los mismos medios que tenía. Una impresora se estropeó y desde la delegación de Justicia comunicaron al juzgado que «debido a las actuales limitaciones presupuestarias, actualmente no es posible adquirir dicho equipamiento informático». La impresora en cuestión estaba conectada a los ordenadores de cuatro funcionarios, que representan el 40 por ciento de la plantilla de este juzgado...
Plagas de cucarachas en los juzgados de lo Contencioso en Córdoba, malos olores en los de Alcoy (Alicante), bolsas de basura por los pasillos de los juzgados de Paz de Oleiros (La Coruña), hacinamientos en los de lo Penal de Alcira (Valencia)... En los juzgados de Almería los abogados y procuradores tienen que llevar bajo el brazo sus propios folios si quieren hacer fotocopias. Ordenadores averiados que necesitan recambios que nunca llegan, juzgados sin salidas de emergencia, sin ventanas... Hace apenas unos meses un juez de lo Social de Madrid moría de un infarto en el descansillo de los juzgados de la madrileña plaza de los Cubos sin desfibriladores ni asistencia sanitaria hasta pasados 45 minutos de que le diera un infarto. La ambulancia se perdió por una maraña de edificios sin señalizar.
Estos casos (sin duda se podrían poner muchos ejemplos más) reflejan la necesidad de una inversión urgente. En 2013 el presupuesto en Justicia cayó un 4,21 por ciento; el de 2014, un 2,31. En teoría son 1.473 millones, pero de ellos 1.218 son para personal. Para lo demás quedan 255 millones...
El CGPJ, politizado
abc Desde que Alfonso Guerra decretara la muerte de Montesquieu y de su teoría de la separación de poderes, allá por el año 1985, la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido tema recurrente en el debate público. En aquellos tiempos, el Gobierno socialista aprovechó su aplastante mayoría absoluta para reformar la Ley del Poder Judicial e instaurar un nuevo modelo en el que el Parlamento participara en la elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Dicho de otro modo, un sistema en el que el Poder Legislativo participara en la designación de los altos cargos del Poder Judicial.
Desde entonces y hasta hoy, los partidos mayoritarios han aprovechado su posición para colocar a sus candidatos sin disimulo. Y no solo eso: la falta de entendimiento en sede parlamentaria ha provocado en numerosas ocasiones que la renovación del CGPJ se haya llevado a cabo con años de retraso, un hecho que ejerce una influencia negativa en la opinión que la ciudadanía tiene de la independencia judicial y en el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.
Pero ¿por qué tanto interés del poder político en influir en el tercer poder del Estado? ¿Cuáles son las funciones del CGPJ? Entre otras cuestiones, se encargan de la selección de los jueces, de los nombramientos de los altos cargos judiciales, del régimen disciplinario y de la inspección del Poder Judicial.
La victoria de Mariano Rajoy en las elecciones de noviembre de 2011 generó importantes expectativas en este campo, por el compromiso que llevaba en su programa electoral de que los jueces fueran elegidos por los propios jueces (en el CGPJ 12 vocales son de procedencia judicial, y los otros ocho juristas de reconocido prestigio). Finalmente, sin embargo, la reforma de la LOPJ promovida por Gallardón no contempló este asunto y dejó las cosas tal y como estaban con algún que otro lavado de cara que, lejos de afianzar la imagen de independencia del Consejo, se ha interpretado como otro intento más de subordinación al Ejecutivo y al Legislativo. El grueso del trabajo del CGPJ está ahora en manos de cinco vocales, los que integran la Comisión Permanente, y son los únicos que tienen dedicación exclusiva en el nuevo órgano de gobierno de los jueces. Los otros quince, por primera vez en la historia del Consejo, tienen que compaginar sus funciones en el CGPJ con las que venían desempeñando hasta su elección. Este «desdoblamiento», y la sensación de que hay vocales de primera y de segunda ya está creando cierto malestar en el Consejo, cuando hace apenas dos meses que echó a andar.
En cualquier caso, el nuevo diseño de CGPJ, que ha eliminado la mayor parte de las comisiones de trabajo de los anteriores consejos, no ha logrado quitarle el «sambenito» de su «politización» (no en vano, también en esta ocasión es fruto de un pacto político, calificado por algunos diputados como un «atraco a la independencia judicial»). La sensación general entre la ciudadanía es que la Justicia está gravemente politizada, y más aún cuando entran en escena indultos no del todo comprendidos por la sociedad y cuestionados por el Tribunal Supremo.
Un informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa recomendaba el pasado enero a España que analice el marco legislativo que rige el CGPJ y «sus repercusiones sobre la independencia efectiva y percibida de este órgano». Casi treinta años después de la famosa frase atribuida a Alfonso Guerra, sigue absolutamente vigente.
Nombramientos «a dedo»
abc «Uno llega con cuarenta años a un juzgado de instrucción y sabe que su techo está ahí, que no tendrá opción de ser presidente del un tribunal superior de justicia, de una Audiencia Provincial y, mucho menos, magistrado del Tribunal Supremo».
Esta es la sensación que tienen la mayor parte de los 5.171 jueces que forman parte de la carrera: que si uno no tiene «padrinos» e ideológicamente no está próximo al Partido Popular o al Partido Socialista, y además cultiva estos contactos, «no tiene nada que hacer para subir en el escalafón».
El trasfondo de esta falta de motivación vuelve a ser una vez más la «politización» de los nombramientos para puestos representativos en órganos jurisdiccionales. «Es el gobierno de turno el que a través del CGPJ pone a los suyos» en estos puestos, señala un juez de instrucción de Madrid que pide mantener el anonimato. No es el único. Asociados y no asociados critican este panorama, aunque el Ejecutivo achaque las críticas de los primeros precisamente al hecho de que sus respectivas asociaciones no tuvieran mucho peso en la última renovación del órgano de gobierno de los jueces. De hecho, Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente decidieron boicotear la reforma propuesta por el ministro de Justicia (que cambió la participación de las asociaciones por el sistema de avales individuales) absteniéndose de presentar candidatos para la elección a vocal.
El papel de la Fiscalía
La idea de que los jueces de instrucción cedan las investigaciones penales a los fiscales no acaba de cuajar en la sociedad, y prueba de ello son los intentos frustrados de los últimos gobiernos (de distinto color político) de acoger un sistema que sí funciona en otros países de nuestro entorno. Pero la realidad es que cada uno tiene su idiosincrasia, y en España está muy arraigada la percepción de que la Fiscalía no es independiente. Y parece que no llegará a serlo mientras el fiscal general sea propuesto por el Gobierno. Solo hay que repasar casos concretos donde la actuación de un fiscal general del Estado no ha dado la imagen de ser del todo imparcial, sobre todo durante la negociación del Gobierno de Zapatero con ETA, cuando el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no dudó en asegurar que «el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino».
A este hecho se suma otra circunstancia importante. La Fiscalía es una institución jerárquica. Es decir, los fiscales deben seguir las directrices establecidas por su superior jerárquico, una cadena de mando piramidal cuya cúspide es el fiscal general del Estado.
Por estos motivos, entre otros, el Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa (Greco) publicó un informe en enero en el que aconseja a España que haga «esfuerzos adicionales para garantizar mejor» la imparcialidad de la Fiscalía. En particular, estos expertos europeos solicitan que se reconsidere no solo el «método de selección» del fiscal general del Estado, sino también el periodo de la duración de su mandato: cuatro años, como el del Gobierno.
La insuficiente plantilla de fiscales es otro de los problemas que se plantean diariamente en los tribunales, hasta el punto de que no están compareciendo en vistas en las que es preceptiva su presencia. En España hay 2.407 fiscales (la mitad que jueces), 428 de ellos en Andalucía, seguidos por los 375 de Cataluña y los 291 de Madrid. Donde hay claramente un agujero en estos momentos es en Anticorrupción, destino para el que el actual fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, ya ha pedido refuerzos para investigar procesos «realmente muy complejos» que exigen prácticamente una dedicación exclusiva.
Desde que se aprobó la Constitución, en diciembre d 1978, ha habido diez fiscales generales del Estado. El actual, Eduardo Torres-Dulce, como sus antecesores, también proclama su absoluta independencia del poder político.
Miles de sentencias por ejecutar
abc En 2009, cuando mató a la niña Mari Luz, Santiago del Valle debería haber estado en la cárcel. Sin embargo, la sentencia que le condenaba no se había ejecutado. Aquel caso, de enorme trascendencia mediática, sacó a la luz una realidad alarmante: en los tribunales de toda España hay cientos de miles de sentencias sin ejecutar.
La mayoría son casos anónimos que pasan inadvertidos para los medios de comunicación, pero escándalos como el de Mari Luz no contribuyen a crear la imagen de una Justicia eficiente. Tampoco ayudan instituciones como la Generalitat de Cataluña, cuando se niega reiteradamente a cumplir sentencias, especialmente en el ámbito de la educación. Otro caso de permanente incumplimiento tiene que ver con el izado de la bandera española en ayuntamientos y diputaciones, principalmente en el País Vasco y Cataluña.
Hace quince días, el Tribunal Supremo avaló la decisión del TSJ vasco de ordenar a la Diputación de Guipúzcoa colocar la enseña nacional en un lugar visible. Ordenaba ejecutar la sentencia... nueve años después.
Las tasas judiciales
abc La entrada en vigor de las tasas judiciales ha provocado que entre los ciudadanos de a pie haya un sentir generalizado de que hay una justicia para ricos y otra para pobres. Desde diciembre de 2012, los ciudadanos que hagan uso de la justicia deben pagar tasas en distintas circunstancias, algo que hasta ese momento sólo afectaba a las empresas con más de ocho millones al año de facturación. Ahora, y en determinadas jurisdicciones, el justiciable debe abonar 800 euros más otra cantidad variable en función de la cuantía si quiere recurrir una sentencia en apelación y un mínimo de 1.200 euros en el caso de una casación.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, adoptó esta medida con la oposición de prácticamente todos los colectivos que trabajan en la Administración de Justicia, muy especialmente de los abogados. Aunque aún no hay cifras oficiales, en algunas comunidades como Galicia ya han constatado que las apelaciones civiles se han reducido un 40 por ciento.
El TC, «Cámara de tercera lectura»
abc El Estatuto de Cataluña entró en vigor en junio de 2006, tras su aprobación en reférendum. En ese momento, el Grupo Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. La sentencia llegó cuatro años después, en 2010. En esos cuatro años, el Gobierno catalán aprobó varias decenas de leyes relacionadas con el Estatuto.
El Gobierno de Zapatero dio luz verde a la ley del aborto conocida como ley Aído en 2010. Los populares recurrieron al Constitucional, que todavía no se ha pronunciado. Mientras los magistrados tienen aparcado el asunto ha dado tiempo a celebrar nuevas elecciones, a cambiar el signo político del Gobierno y a aprobar un nuevo anteproyecto de ley.
Tal lentitud se debe, en parte, a que el TC no sigue un orden en la resolución de los asuntos. Pero también a que algunos temas complejos, y otros incómodos, se han visto postergados por razones de oportunidad. A ello se une que solo en 2012 llegaron a este órgano 7.205 recursos de amparo, lo que representa el 98,7 por ciento del total de los asuntos ingresados. La mayoría fueron inadmitidos, pero para tomar esa decisión los magistrados han tenido que estudiarlos y aparcar en muchos casos asuntos que habrían requerido (y requieren) una respuesta más rápida.
A ello se suma que sobre el TC planea también la sombra de la politización. Primero por el sistema de elección de sus miembros, por tercios, con participación directa del Gobierno, del Congreso y el Senado (también del Consejo General del Poder Judicial); segundo, porque hay una cuota importante de «magistrados» que nunca han ejercido como tales, sino que son juristas de reconocido prestigio. Y tercero, porque no contribuye a una imagen de unidad el hecho de que sistemáticamente los magistrados se dividan en bloques (conservador y progresista) cuando se trata de deliberar asuntos de trascendencia política.
Así pues, el batiburrillo entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial contribuye a reducir el prestigio de una institución que se está convirtiendo en una «Cámara de tercera lectura» para los grupos parlamentarios. Si el Congreso aprueba una ley que no comparte la oposición, esta la lleva al Tribunal Constitucional para intentar que sea este órgano, y no el legislador, el que dé la puntilla definitiva.
En esta legislatura, que acaba de superar su ecuador, el PSOE ha interpuesto (o ha anunciado la interposición) más de una decena de recursos de inconstitucionalidad contra las normas impulsadas por el Gobierno de Rajoy: contra la reforma laboral, la amnistía fiscal, la elección del presidente de RTVE, tasas judiciales, reforma local, pensiones y jubilaciones, medidas de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, política hospitalaria de Madrid, ley electoral de Castilla-La Mancha y supresión de sueldos de los parlamentarios de la misma comunidad, desahucios, ley de costas o ley de educación, entre otras.
Otro asunto problemático tiene que ver con la renovación de los magistrados del TC, pues en numerosas ocasiones las plazas no se cubren hasta meses -o incluso años- después de que los plazos hayan vencido. El motivo es, de nuevo, la falta de acuerdo en instancias políticas. Recientemente está situación provocó que tres magistrados cuyo mandato había expirado ya enviaran una carta al entonces presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, presentando su dimisión. Los tres estaban pendientes de renovación por el Congreso desde noviembre de 2010.
La situación de provisionalidad en la que se encontraban tras concluir su mandato y la paralización en el Congreso de los contactos políticos para renovar las plazas fue la razón que adujeron los magistrados para justificar una decisión tan extrema, que es la primera vez que se producía en la historia de este órgano, y que al final frenó el propio Sala. En su escrito de renuncia, el vicepresidente Gay denunció el «manifiesto incumplimiento del Senado de su ineludible obligación» de llevar a cabo los nombramientos y confesó que tenía la sensación de «formar parte de un tribunal secuestrado».