El refuerzo de la inspección dispara un 32% la recaudación vinculada al fraude

En los primeros siete meses del año, la Delegación de Hacienda en Castilla y León rompió todas las previsiones y recaudó por actuaciones de control un 24 por ciento más que en 2011, 239 millones de euros fruto de las acciones de prevención y lucha contra el fraude, incluyendo esta cantidad total los derivados de declaraciones complementarias realizadas fuera de plazo y expedientes de delito fiscal. Los ingresos suponen un incremento del 32,86 por ciento respecto al mismo periodo de 2011 y, según el delegado regional de la Agencia Tributaria, Miguel Santos, este resultado se explica por la intensificación de la actividad controladora. No en vano, las inspecciones crecieron un 9%, la comprobación de las declaraciones del IVA un 76,7% y un 26,3% los ingresos por gestión recaudatoria de deuda en vía ejecutiva.

Esta «declaración de guerra» al fraude fiscal responde fundamentalmente al objetivo marcado por el Gobierno de Mariano Rajoy de aumentar los ingresos tributarios y sacar a la luz la economía sumergida que tanto daño hace a las arcas del Estado. Así, un 71,4% de los casi 240 millones obtenidos se corresponden con recaudación directa por intervenciones de control, lo que suponen 170,59 millones. La subida de lo conseguido hasta julio a través de esta vía supone un 29,38% más que el pasado año, 38 millones más. Además, en concepto de minoración de devoluciones -la revisión a la baja que Hacienda hace de las declaraciones negativas de IRPF, IVA o Sociedades y que se contabiliza como ingresos no efectivos- la cantidad conseguida se disparó un 70% frente a 2011.

La Agencia Tributaria desarrolla de forma rutinaria controles de carácter extensivo e intensivo. Los primeros -un 46% más en lo que va de año- se refieren fundamentalmente a las comprobaciones de las declaraciones del IVA, que en la Comunidad crecieron un 76,2%. Pero también es prioritario el control que se hace a pie de calle para comprobar el censo de contribuyentes: que estén todos los que deben estar y como deben estar. Por ejemplo, se visita a los que están afectos al régimen de módulos -que tributan por el régimen de estimación objetiva- con el objeto de ver si su declaración se corresponde a la realidad.

Los segundos controles, los inten sivos, son desde este año una prioridad y se adaptan al perfil de la cada región. En el caso de Castilla y León se ordenan en función de las bolsas de fraude que los técnicos de la Delegación de Hacienda detectan. Se delimitan los nichos de mayor riesgo fiscal, porque el fraude, según recuerda Miguel Santos, se va transformando y moviendo en función de los controles que realice Hacienda. Por ejemplo, este ejercicio se ha primado la presencia en la calle. Se han desplegado planes especiales de visitas junto con la Inspección de Trabajo a eventos típicos de verano, como ferias sectoriales o fiestas patronales, en los que participan empresarios. El objetivo es ver el cumplimiento total o parcial de la normativa. Esto se ha hecho en Valladolid, Salamanca, Burgos… Se ha controlado, sin ir más lejos, hasta el montaje de casetas de las ferias de día. Se intenta tener presencia activa para detectar contribuyentes que no estén censados y al mismo tiempo se solicita información de proveedores o clientes, en definitiva, de las personas que están surtiendo de relaciones económicas a posibles defraudadores con el reto de controlar la cadena del engaño. La economía sumergida es una diana permanente para el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro. Para ello, se intensifica la lucha en la calle intentando detectar contribuyentes no declarados. El caso de Castilla y León no es una excepción. En la Comunidad, como en el resto de España, el mayor riesgo fiscal está en aquellas rentas que no están sometidas a un único pagador.

El delegado de Hacienda recuerda que «el asalariado está controlado, porque tiene una retención en la fuente que se puede controlar» y matiza que «donde se lucha desde hace años es en aquellas rentas que no se controlan en la fuente y que pueden dar lugar a un mayor porcentaje de fraude tributario». Concretamente en la región, el sector industrial, profesionales… «No porque sean mejores o peores personas, sino porque es donde hay margen para el fraude», aclara.

Respecto a la valoración de los últimos datos, Santos lo tiene claro: «Los resultados no se ven en el momento porque la actividad inspectora tiene siempre un periodo de maduración». En la Agencia Tributaria más del 60% de los efectivos están destinados a la lucha contra el fraude, labor más importante si cabe en las circunstancias de emergencia económica de España. El objetivo es prevenir y luchar contra el fraude, controlarlo y el intentar que disminuya en la medida de lo posible. «Erradicarlo es imposible, en la medida que ha existido siempre», reconoce Santos, que admite «una lucha continua y muy difícil».