La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se mostró ayer calculadamente ambigua al ser interrogada una y otra vez sobre la situación generada en la organización valenciana del partido, bajo sospecha por un supuesto delito de financiación ilegal vinculado con Álvaro Pérez, «el bigotes». Cospedal prefería hablar del éxito de convocatoria del mitin de Dos Hermanas (Sevilla) o del triunfo electoral en Alemania de Angela Merkel en Alemania, pero no hubo manera.

En todo caso ella misma alimentó la curiosidad periodística cuando, ante la primera pregunta sobre el asunto, dijo estar convencida de que el PP valenciano «actuará coherente y convenientemente, como hace siempre». A diferencia del «affaire» de los trajes, en que hubo un cierre de filas absoluto y total, esta vez parece que Génova espera de la dirección regional algún tipo de reacción.

«Hacer lo que tiene que hacer»

Ante la pregunta de qué entendía como «actuación conveniente» explicó que «estoy convencida de que van a actuar como lo tienen que hacer y así lo harán su presidente (Francisco Camps) y su secretario general (Ricardo Costa)».

Hubo dos nuevas intentonas para que fuera más explícita, pero no fue hasta el fin de su comparecencia ante la prensa cuando, interrogada sobre si se refería a algún cese o dimisión, agregó que lo conveniente «es que el PP pueda actuar de manera libre y contundente, y que se sientan respaldados para hacer lo que tienen que hacer». Génova, puntualizó, no pone plazos ni condiciones a la actuación de Francisco Camps -con quien Cospedal confesó haber hablado sobre este asunto-, aunque jugó al despiste cuando dio a entender que ayer mismo en una ejecutiva regional (que no estaba convocada y, por tanto, no se celebró) se podían tomar medidas inmediatamente.

En todo caso, para el Partido Popular, el informe policial no debe elevarse «a la categoría de condena» y por tanto, la secretaria general se negó tanto a analizar su contenido como a avalar la presunta autenticidad de los hechos que denuncia.

Por su parte, fuentes del PP valenciano explicaron que el partido está absolutamente volcado en la defensa de Costa, al considerar «injusto» que su secretario general pudiera convertirse en una suerte de «chivo expiatorio». No obstante, el PPCV entiende que, ante el revuelo mediático originado por la filtración del informe -contra cuyos autores se interpuso ayer la anunciada denuncia-, entra dentro de lo esperable que en Génova se empiecen a sopesar los pros y los contras de mantener en su cargo a Costa.

En cualquier caso, dichas fuentes descartaron por completo cualquier medida traumática al respecto, máxime cuando hoy arranca en las Cortes Valencianas el debate de política general, con Costa como portavoz del grupo popular -además de secretario general de la formación-.

Lo que sí parece probable es que los populares valencianos adopten algunas medidas para alejar en lo posible a Ricardo Costa del centro de la controversia. La intención del partido, según las mismas fuentes, pasa por preservar a su secretario general, para minimizar el desgaste que pueda suponerle el constante debate en torno a la trama «Gürtel».

En cuanto a la denuncia, el PP argumenta que el informe es «ilegal» porque no lo encargó ninguna autoridad judicial, y que su filtración desvela una importante porción del secreto de sumario.