El informe policial sólo acredita una doble contabilidad en Orange Market, según el PP

Las conclusiones del informe fueron extraídas de veintiséis conversaciones grabadas por la Policía en tres meses (de noviembre de 2008 a febrero de 2009), mantenidas mayoritariamente entre Álvaro Pérez, responsable de Orange Market y hombre de Correa en Valencia, y Pablo Crespo. Tres de ellas se producen entre Ricardo Costa, secretario general del PPCV, y Álvaro Pérez; otras tres discurren entre Pérez y David Serra, vicesecretario de Organización del partido; y tres más entre Pérez y la tesorera del PPCV, Yolanda García.

Para la formación, lejos de resultar un informe nuevo (fue entregado en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia el pasado 31 de julio y rechazado por la misma instancia judicial la pasada semana) «supone una recopilación de varios informes de la Policía que ya se hallaban incorporados en el proceso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y en el primer auto de Garzón». De hecho, el documento incluye pasajes en los que constan pagos de las empresas de Correa a integrantes del PP investigados en el proceso que se sigue en el TSJM y sobre el que todavía existe secreto de sumario.

El documento, titulado «Informe sobre Orange Market. Facturación y financiación del PPCV», fija doce conclusiones mediante las que se pretende acreditar la existencia de una posible contabilidad irregular en el PPCV. Algunas de ellas se limitan a apuntar hechos tan aceptados por el PP como que la formación y la Generalitat tienen pagos pendientes con Orange Market; otras, basadas en las conversaciones entre Crespo y Pérez, mencionan los contactos que, según Pérez, éste ha mantenido con Costa, Serra y Rambla dirigidos a lograr que se liquidaran las deudas pendientes a la empresa. Una «evidencia» más indica textualmente que «Ricardo Costa actúa favoreciendo que el PPCV liquide sus deudas con Orange Market», lo que, según el partido, forma parte de las atribuciones organizativas del secretario general de la formación.

El resto de conclusiones, basado en su mayoría en las conversaciones entre Crespo y Pérez, refiere pormenores de los contactos entre el PPCV y Orange Market que el partido fija en el contexto propio de la relación entre proveedor y cliente.

Las últimas diecinueve páginas del informe policial están dedicadas a las cinco empresas que, según la Policía, abonarían pagos en B a Orange Market a cambio de recibir adjudicaciones de la Administración valenciana. Tres de ellas -Lubasa, Facsa y Sedesa- negaron ayer cualquier relación con una posible financiación irregular del PPCV y se reservaron su derecho a establecer las acciones legales que correspondan para salvar su buen nombre.