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Claves del primer juicio al juez Garzón

El Tribunal

Siete magistrados del supremo

Siete son los magistrados del Tribunal Supremo que juzgan a partir de hoy a Garzón por las escuchas de «Gürtel». Tras las recusaciones, que el juez utilizó como último cartucho para retrasar el juicio, la Sala ha quedado integrada por Joaquín Giménez (presidente), Miguel Colmenero (ponente), Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena y Luciano Varela. Éstos últimos son instructores de las otras causas abiertas a Garzón: Marchena instruye la de los ingresos que percibió por su estancia académica en Nueva York y Varela fue instructor de la «memoria histórica».

Las partes

Tres acusadores y dos fiscales

Tres son los querellantes en este procedimiento: el abogado Gonzalo Rodríguez Mourullo en nombre de Pablo Crespo ; José Antonio Choclán en representación de Francisco Correa , el presunto cerebro de «Gürtel»; e Ignacio Peláez , uno de los letrados afectado de forma directa por las escuchas. La defensa de Garzón ha sido asumida por el abogado sevillano Francisco Baena Bocanegra . Los representantes de la Fiscalía, que pide la absolución, son Antolín Herrero y Pilar Fenández Valcárce .

Los hechos

«Escuchas» ilegales en prisión a abogados del «caso Güertel»

El 19 de febrero de 2009, Garzón ordenó intervenir las comunicaciones que mantuvieran en los locutorios de la prisión los imputados de «Gürtel» que estaban presos (Correa, Crespo y Antoine Sánchez). Todas las comunicaciones, aunque fueran con sus abogados o con los de otros implicados en la trama. En marzo prorrogó la medida. El juez argumentó que había abogados que podían recibir instrucciones para blanquear fondos.

Los delitos

Prevaricación y contra el derecho a la defensa

Las acusaciones imputan al juez de la Audiencia Nacional dos delitos: uno de prevaricación y otro contra las garantías constitucionales por la violación del derecho de defensa. La Fiscalía cree que los hechos no son constitutivos de delito.

Las penas

Hasta 17 años de inhabilitación para ejercer

Las penas solicitadas por las acusaciones van desde los diez años de inhabilitación que pide Ignacio Peláez, a los diecisiete que reclama Choclán. Rodríguez Mourullo sostiene que debe ser condenado a 15 años de inhabilitación. Fiscal y defensa piden la libre absolución.

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