Constituye un espectáculo el repentino entusiasmo del Gobierno y de la izquierda por el respeto a las leyes y al Estado de Derecho. La indignación de Aído, las lecciones de legalidad de Alonso, la protesta contra la «insumisión», contra la «rebelión», contra el «boicot de las leyes», que son las maneras como se ha calificado la intención del Gobierno murciano de no aplicar la ley del aborto hasta que se pronuncie el TC.
Justamente unos días después de que el propio Zapatero afirmara su voluntad de desarrollar un poder judicial propio en Cataluña para eludir la sentencia del Constitucional. Y en vísperas de un masivo acto de insumisión contra la sentencia que Montilla y todo el PSC van a protagonizar. Todo lo que no ha provocado una sola crítica en la izquierda y menos referencia alguna a la insumisión, a la rebelión o al boicot, sino más bien todo lo contrario, con la izquierda apuntada en bloque a la insumisión y con un ministro del propio Gobierno, Corbacho, dispuesto a día de ayer a ir a la manifestación. Lo que sitúa en mínimos la credibilidad del Gobierno en lo que a respeto al Estado de Derecho se refiere. Y el problema en su auténtico lugar.
Y no porque deje de asistirle la razón en su crítica al PP en esta materia. También la credibilidad del PP está en juego si no impone con total claridad la obligación de cumplir la ley de todas las comunidades autónomas. Sin excepciones, porque esas excepciones, incluso las relativas a una ley como la del aborto, destruyen todo el discurso sobre la soberanía nacional y la lealtad al Estado.
Pero no puede liderar el respeto a las leyes un Gobierno que respalda abiertamente uno de los mayores actos de ilegalidad posibles en una democracia como es la rebelión del PSC y de los nacionalistas catalanes contra la soberanía nacional. He ahí el auténtico agujero de nuestro estado de derecho, no lo de Murcia.
