Minas de Alquife y Almería, una relación simbiótica

Aunque haya quien vea una relación de amor y odio entre la sociedad Minas de Alquife Holding y el Ayuntamiento de Almería, existe cierto vínculo simbiótico. La primera necesita del visto bueno del consistorio para exportar el mineral de hierro que extraerá de la Comarca del Marquesado de Zenete (Granada) por el puerto almeriense, la vía más económica y con menor coste ambiental, y el segundo rechaza en principio el proyecto , pero lo condiciona al soterramiento de las vías del tren en su discurrir por la ciudad hasta el muelle. Además, estarían por ver las compensaciones económicas que empresa y administraciones concederían a la ciudad por el impacto ambiental y de imagen que ocasionará esta actuación.

Con 200 millones de inversión se considera un proyecto crucial para la reactivación económica , ya que generaría 350 empleos directos y 1.400 indirectos. Es por ello por lo que tanto la Diputación de Granada como los ayuntamientos de la zona, mayoritariamente del PP, están a favor de las extracciones que se desarrollarían durante 20 años y producirían 4 millones de toneladas de mineral de hierro por anualidad a partir de 2017. Los técnicos de la sociedad Minas de Alquife Holding barajan la existencia de 105 millones de toneladas del citado material en el subsuelo, si bien estas estimaciones están basados en los sondeos efectuados desde 1929 hasta 1996 por Andaluza de Minas, la antigua compañía que la explotó, puesto que la actual no tiene permiso para hacer perforaciones puesto que la Junta no ha levantado aún la suspensión sobre la concesión de la mina.

Ese es uno de los dos frentes con los que tiene que lidiar la empresa. El segundo es el rechazo frontal al proyecto , tal y como está ideado, por el Ayuntamiento de Almería, debido a que los trenes circularían por la ciudad hasta alcanzar el puerto donde el mineral sería cargado en buques para su exportación. Aunque la compañía baraja nueve alternativas de transporte, es esta la más rentable, puesto que hacerlo por los puertos de Motril (Granada) o Carboneras (Almería) obligaría a nuevos trazados férreos y eso dilataría los plazos de puesta en marcha y engordaría la inversión.

Recientemente el Ayuntamiento de Almería ha suscrito con el Ministerio de Fomento y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) un convenio para la c esión a la ciudad de los 30.000 metros de suelo entre la estación del tren y la rotonda ubicada bajo el Cable Inglés, a cien metros del puerto. El soterramiento de la playa de vías existente permitirá el desarrollo urbanístico de la zona, pero dicha actuación no alcanza hasta el muelle, con lo que se debería ejecutar en segunda fase. Según la Junta hay un convenio firmado entre todas las partes para que esa actuación se acometa y la conexión con el puerto por ferrocarril se produzca bajo tierra. Sin embargo, nada se sabe de la inversión ni la proporción en la que las diferentes administraciones sufragarían el proyecto ni cuándo se acometería.

E l Consistorio no está dispuesto a que los diez trenes diarios procedentes de Alquife, compuestos cada uno por 23 vagones con una longitud de 340 metros y cargados con 52,6 toneladas de mineral, circulen a la vista por la ciudad, lo que daría una mala imagen, hasta llegar al puerto, donde tras dos horas y cuarto de viaje serían descargados en un barco con capacidad para 120.000 toneladas que zarparía cada diez días. Al año saldrían 33 buques .Otro de los conflictos está en el sistema por el cual el mineral accedería a la bodega de la embarcación. La compañía contempla hacerlo a través de tolvas situadas sobre una cinta transportadora que alimentaría el silo de almacenamiento y éste haría lo propio con una pluma cargadora de barcos.

El concejal de Urbanismoa, Pablo Venzal , advierte de que ese método causaría un importante daño ambiental debido a que la ciudad se vería afectada por la nube de polvo que generaría la carga de los barcos. A su juicio la puesta este proyecto significa «volver, en muchos aspectos, al siglo XVIII» . El Ayuntamiento ha presentado alegaciones al proyecto, que están siendo analizadas por la Junta, si bien la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Sonia Ferrer, asegura que «hará que se cumpla la norma ambiental».