El exconsejero Ojeda, a un paso del banquillo por justificar 5 millones de euros públicos con aulas y empleados falsos

El horizonte penal se le presenta ahora más oscuro. Uno de los jueces que sigue la pista del dinero público ha concluido que Ángel Ojeda cometió supuestos delitos de fraude contra la Seguridad Social y de falsedad en documento mercantil porque desvió subvenciones por un montante de más de 4,9 millones de euros «a finalidades distintas» a los cursos de formación y «propias de los intereses de las entidades» que el antiguo político administraba. Dichas ayudas fueron concedidas en el año 2013 por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) , que ejerce como acusación.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla ha dictado cuatro autos en los que acuerda continuar por los trámites del procedimiento abreviado (paso previo a la apertura de juicio oral) un total de cuatro causas seguidas contra el consejero andaluz de Hacienda entre 1987 y 1990. Tras los atestados realizados por la Guardia Civil , el magistrado Álvaro Martín sostiene que Ojeda hacía pasar por trabajadores de sus empresas a participantes de los cursos que impartía «para cumplir con la ratio de alumnos desempleados- empleados que se exigía en la normativa reguladora de las ayudas». Al menos el 30% de los alumnos debían ser empleados en activo. Para «burlar» la norma y alcanzar así los cupos estipulados, se les daba de alta en distintas empresas del grupo Prescal, «si bien ese alta era ficticia y se solía reducir al día en que se pedía el acceso al curso o se instaba a los candidatos a lograr este mismo alta ficticia». El supuesto fraude, que ha causado un «cuantioso perjuicio a la Seguridad Social», no se limitaba a los falsos trabajadores.

El exconsejero habría ideado otras trampas para justificar subvenciones. Imputó a las ayudas facturas de alquiler de aulas de otras entidades suyas o que estaban infladas , porque se abonaban «rentas por periodos superiores a los de efectiva duración de la actividad formativa desarrollada en dichas aulas». Es el caso de un local de la localidad sevillana de La Rinconada, en el parque tecnológico de Aerópolis.

Esta estrategia permitía « generar un sobrecoste que era trasladado de manera indebida a la subvención» sin justificación , señala. El juez duda de que dicho servicio se prestara en realidad. Las irregularidades se extienden a gastos de alquiler de ordenadores, a la publicidad de las actividades que supuestamente no se realizaba o a la compra de material para el curso como discos que los propios docentes aportaban de forma gratuita. «Con este mismo fin se imputaban a los cursos los costes relativos a distintos trabajadores de las empresas del grupo, sin que efectivamente desarrollasen trabajo alguno en los cursos», según indica el juez en los autos notificados a las partes personadas.

En definitiva, el magistrado pone de manifiesto que, «siquiera indiciariamente», tanto Ojeda como su empleado Federico D.B. e Ismael A.C.H., presidente de Forpe desde octubre de 2013, diseñaron «una mecánica de defraudación» en la que « las empresas del Grupo facturan unas a otras, generando gastos ficticios , a la par que se dan instrucciones para contratar, de modo también ficticio, trabajadores en entidades del grupo».

En la obtención de estas subvenciones «se infringieron las normas relativas a los presupuestos para su obtención, así como las referentes a la justificación de gastos». «La infracción de estos presupuestos y deberes se tradujo en la defraudación» de 1.248.002,92 euros en el caso de Inteca; de 1.063.028,39, en relación a AEA; 995.079,91 euros en cuanto a Forpe; y 1.190.784,77 euros con respecto a Humanitas», afirma el instructor.

El ex alto cargo está más cerca de sentarse en el banquillo . En cada una de las resoluciones, dictadas el pasado 10 de junio, el instructor da traslado a la Fiscalía y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas a fin de que, en el plazo común de 45 días, formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de cada una de las causas, sin perjuicio de que, excepcionalmente, puedan solicitar la práctica de diligencias nuevas para formular acusación.

El exconsejero está también siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en otra pieza del caso Formación que sigue el rastro a los 33,3 millones de euros en subvenciones excepcionales que el Gobierno andaluz concedió a su «entramado de empresas» para formar y contratar a exempleados de la antigua factoría de automoción que tenía la multinacional Delphi en Puerto Real . La Policía lo acusa de crear una «organización criminal» con la única finalidad de «obtener el mayor número de subvenciones de la Junta posible y enriquecerse mediante métodos ilícitos». El antiguo político siempre ha defendido que realizó todos los cursos y que «la experiencia global de la formación ha sido la ruina» para sus empresas.