El Gobierno y Navarra cambian la ley para quitar Tráfico a la Guardia Civil en Navarra

Mediante la firma de un convenio entre el Gobierno de Navarra, presidido por la socialista, María Chivite, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ambas partes cierran la modificación de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) con la que, según trasladan a ABC desde el Ejecutivo regional, el traspaso podría hacerse efectivo «a finales de año», visto que aún tiene que ser aprobada en sesión del Gobierno regional, obtener el preceptivo dictamen del Consejo de Navarra, ser aprobada por el Parlamento de Navarra y tramitarse después como ley orgánica en el Congreso de los Diputados.

El cambio en el texto busca sortear los problemas que había encontrado anteriormente el PSOE para poner sobre el papel esta dádiva, exigida tanto por el PNV como por EH Bildu en distintos momentos de la anterior legislatura. Los primeros reclamaron la cesión, a la que se habrían comprometido los socialistas, a finales de 2019, con tal de apoyar la investidura de Sánchez en enero del año siguiente. Por su parte, los abertzales, sin estar todavía concretada por entonces, hicieron lo mismo en noviembre de 2022, a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

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Sin embargo, después de que Chivite alcanzara un acuerdo en el primer trimestre del año pasado para materializar la transferencia mediante un decreto ley, el Tribunal Supremo la tumbó al entender que no cabía esta vía, con un rango de ley inferior, para incorporar una competencia que la ley Orgánica 13/1982 no tenía recogida hasta entonces. El Alto Tribunal, por el contrario, entendía, que sólo era posible hacerlo mediante una reforma de la propia ley o aprobando una nueva ley orgánica. En ese momento, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, expresó la disposición del Gobierno por seguir adelante, encontrando la vía jurídica «más adecuada».

Una que, finalmente, ha sido la de reformar la Lorafna, de forma que el acuerdo introduce una nueva redacción en su artículo 49.3 y un tercer párrafo en el 51. A la espera de su modificación, el primero establecería ahora que «corresponden a Navarra en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en virtud de su régimen foral y de lo dispuesto en esta ley orgánica, además de las facultades y competencias que viene ostentando, la competencia para la ejecución de la legislación del Estado, así como las funciones de vigilancia y control del tráfico«. En cuanto a la ampliación del segundo, remite al 49, afirmando que »en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial las competencias de la Policía Foral se regirán por lo dispuesto en el artículo 49.3.«.

Tras la firma del memorando, en la que participó, además del ministro el vicepresidente primero de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, desde el departamento de Política Territorial sacaron pecho de la velocidad con la que se ha llegado a un nuevo pacto después del varapalo del Tribunal Supremo. Ángel Víctor Torres insistió en la necesidad de «continuar el camino del Estado de las autonomías, la cogobernanza, el traspaso de competencias, las comisiones bilaterales y siempre con la máxima colaboración del Ministerio de Política Territorial con la Comunidad Foral de Navarra».

Algo que, pese a la celeridad que ha aplicado el Gobierno a la cuestión, no asegura que las competencias sean asumidas definitivamente por la Policía Foral en el momento en el que se acaben por transferir sobre el papel. Este Cuerpo no cuenta con un número suficiente de agentes especializados en Tráfico ni los medios materiales necesarios, al contrario que la Guardia Civil, por lo que habrá un largo periodo transitorio.

En ese sentido, la noticia ha provocado la reacción de las asociaciones que representan al Instituto Armado. Desde Independientes de la Guardia Civil (IGC) apuntan a un nuevo paso en el "evidente e intencionado desmantelamiento progresivo de las competencias" del cuerpo. También que, de concretarse la cesión, "supondría un grave perjuicio para los guardias civiles y sus familias destinados en Navarra, que de esta forma se ven abocados a replantear su futuro profesional de forma incierta".