Jáuregui cuestiona la necesidad de tener TV autonómicas

El ministro de la Presidencia, Ramón

Jáuregui, señaló ayer que las comunidades autónomas «deben tener» sus propios Defensores del Pueblo, dentro de su «ejercicio autonómico del poder», pero planteó que sí cabría «discutir si deben tener una cadena de televisión». En una entrevista en la Cadena SER, Jáuregui subrayó que «el Gobierno central no puede decirle a la Comunidad Valenciana que cierre Canal Nou, esa es una decisión que debe tomar Valencia y sus electores», señaló.

Con esta comparación, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, instaba al PP a aclarar las declaraciones del ex presidente José María Aznar en las que pedía a limitar competencias o suprimir instituciones. A este respecto se refirió también el secretario general de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (Forta), Enrique Laucirica, quien manifestó que la eliminación de estas cadenas «no resuelve los problemas económicos actuales» de las autonomías».

Las palabras del ministro Jáuregui también fueron replicadas de inmediato por la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca), organismo que afirmó que en unos momentos tan difíciles y con tantas necesidades económicas «quizás ha llegado el momento» de que cada comunidad autónoma se plantee «si puede y debe financiar o cofinanciar vía presupuestos» las televisiones públicas o si es preferible que las financie directamente el ciudadano, a través de impuestos especiales, copago, canon o cualquier otra figura de imposición directa. Así, el secretario general de Uteca, Jorge del Corral, señaló a Europa Press que el ministro de la Presidencia «se limita a afirmar lo único que cabe decir» sobre las públicas autonómicas «a tenor de la Constitución y de los respectivos Estatutos de Autonomía: que su existencia depende de la decisión política de los respectivos gobiernos y parlamentos autonómicos».

Del Corral mostró su convencimiento de que «si las televisiones públicas autonómicas y locales hubieran sido desde el principio independientes del Gobierno de turno y financiadas a través de un canon pagado por el usuario, muchas de ellas no se hubieran puesto en marcha».