Operación de imagen de Garzón

LA última novedad del juez Baltasar Garzón no debería sorprender especialmente, porque a lo largo de su carrera profesional ha alternado su actividad jurisdiccional con tareas de otra naturaleza, gracias a las cuales también ha podido labrarse la fama que tan explícita se está haciendo ahora con motivo de sus imputaciones ante la sala Segunda del Tribunal Supremo. La marcha de Garzón como «asesor externo» del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, no va a alterar la situación de ninguna de las tres causas que están abiertas por el Supremo, porque tal traslado no exige el abandono de la carrera judicial. Además, aunque le fueran aplicables los privilegios de inmunidad que se prevén para jueces y fiscales de esta Corte, no le eximirían de responder ante la Justicia española por hechos cometidos con anterioridad a su traslado.

Cabría entonces preguntarse por la razón de esta decisión, que en un primer momento transmite la imagen de un juez que se retira antes de ser suspendido por el Consejo General del Poder Judicial, una suspensión que no debería verse afectada por esta marcha de Garzón, porque seguirá siendo juez con posibilidad de volver en cualquier momento a la jurisdicción activa, incluso antes de que agote los siete meses previstos de destino en la CPI. No suspenderlo por este motivo sería un fraude de ley.

No hay que ignorar el apego de Garzón por los golpes de efecto ante la opinión pública, y éste último es uno de ellos. Yéndose a la CPI, Garzón amplifica su fama de juez global y aumenta el victimismo frente a la «persecución» a la que se ve sometido por el Supremo. Como asesor de Ocampo, si finalmente el CGPJ le autoriza a desempeñar esta función, Garzón se moverá en el terreno que le es más favorable, el de la Justicia universal, donde encontrará buenos caladeros de imágenes prestigiosas, visitando los países en los que la Corte tiene causas abiertas por crímenes de lesa humanidad. A su vez, los magistrados del Supremo se verán probablemente aún más denigrados por imputar a un juez tan mundialmente comprometido con la Justicia y los Derechos Humanos. Y especialmente arreciará la campaña contra el probable juicio oral que abrirá la sala Segunda por la prevaricación imputada a Garzón en el sumario de la «memoria histórica». La operación de imagen está así bien diseñada porque reproduce los tópicos de efectismo y fama que han jalonado la vida profesional del magistrado Baltasar Garzón, pero que, pese a los denodados intentos de sus seguidores, no lo han convertido ante el Tribunal Supremo en un ciudadano con patente de corso.