El TC, al borde del colapso

EL pleno del Tribunal Constitucional finalizó ayer su segunda sesión de debate sobre el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular contra el Estatuto de Cataluña sin que se formara un bloque suficiente -por mayoría o con el voto de calidad de la presidenta- para respaldar la quinta ponencia presentada por la magistrada Elisa Pérez Vera. Hoy continuará el debate en el TC; pero es evidente que las propuestas de esta magistrada no concitan el apoyo mayoritario de sus compañeros, a pesar de las sucesivas modificaciones que ha ido introduciendo en ellas, y que su mantenimiento como ponente, sin variar sus criterios sobre la declaración que merece el texto estatutario, conduce al Tribunal a un bloqueo indefinido inaceptable. Es la presidenta de esta institución, María Emilia Casas, quien debe extraer las consecuencias de una situación que está perjudicando no sólo el crédito del TC, sino la seguridad jurídica de todo el sistema constitucional, pendiente de saber en qué queda convertido el Estado español, si en un Estado unitario organizado en autonomías, como prevé el Título VIII de la Constitución de 1978, o en una súbita confederación de Cataluña y España, por la vía simulada de una reforma estatutaria.

La asignación de la ponencia a alguno de los magistrados capaces de proponer una solución con respaldo mayoritario es la opción responsable, pero también la exigible legal y constitucionalmente. La falta hasta hoy de una respuesta del TC se acerca a una auténtica denegación de justicia, poniendo actualmente la identidad constitucional del Estado en una situación de precariedad. La soberanía absoluta del TC, el único órgano constitucional cuyas sentencias escapan a la revisión por otro poder, garantiza a sus magistrados la independencia suficiente para tomar la decisión que corresponda según la Constitución. Ningún otro criterio, sea político o social, debe interferir en la resolución de esta encrucijada, la más decisiva para la democracia española desde el proceso constituyente de 1978. Los efectos de su decisión se prolongarán indefinidamente y condicionarán desarrollos legislativos imprevisibles, sobre todo en el ámbito autonómico, donde ninguna comunidad estará dispuesta a tolerar distintos niveles de autogobierno, ni agravios en la concesión de privilegios. Por tanto, no es sólo el Estatuto de Cataluña o la relación de esta comunidad con el Estado lo que está en juego, sino también, y esto es lo principal, la paz constitucional de los próximos años.