Los militares guineanos, al frente de los cuales se encuentra el comandante Mita, están amenazando de muerte a la tripulación del petrolero «Virginia G» secuestrado en Guinea Bissau si no abandonan el barco y pegándoles con las culetas de sus armas.

El grupo de militares del Gobierno de Guinea Bissau abordaron este sábado el barco, de la empresa española «Gesbape, S.L.», aunque opera bajo bandera panameña, y amenazaron con su incautación y la confiscación de las 500 toneladas de petróleo que lleva en sus tanques, según ha asegurado a ABC el propietario de la empresa, José Antonio Gámez.

El petrolero, con 13 tripulantes a bordo, se encontraba fondeado frente al puerto de Bissau desde el pasado 21 de agosto, cuando fue detenido a punta de pistola por una patrullera, en el momento que abastecía de combustible a otros tres barcos pesqueros (dos canarios y uno de Huelva), bajo la acusación, realizada diez días después de su apresamiento, de «venta ilegal de combustible». Mientras que los tres pesqueros pagaron multas que oscilan entre los 100.000 y 50.000 euros cada uno, quedando posteriormente en libertad, Gámez se negó a abonar cantidad económica alguna, ya que asegura que tiene todas sus autorizaciones en regla y que no ha cometido ningún delito.

La negativa de Gámez a pagar lo que considera un «chantaje» del Gobierno de Guinea ha derivado en un proceso judicial, ya que un juez de Guinea ha frenado la intención del Gobierno de confiscar la carga al dictar una medida cautelar que lo impide, ya que, siempre según la versión del empresario, el juez ha encontrado "indicios de no culpabilidad, basado en la ilegalidad de la forma de apresar el barco, retención de la tripulación y la existencia de una documentación en regla".

Sin embargo, y a pesar de que el procedimiento se encontraba ya en manos de la justicia, ya que antes del 3 de diciembre el Gobierno de Guinea Bissau tiene que presentar alegaciones a la providencia del juez; en la tarde del sábado, un grupo de militares subieron al barco y lo trasladaron al muelle petrolero de Bissau con la intención de llevarse la carga y quedarse con el barco. Gámez asegura a ABC que «el capitán se negó y esta mañana todos los tripulantes están preparados con su equipaje para que se ejecute la orden de confiscación, ya que los militares cuentan con un oficio firmado por el secretario general de Pesca ordenando el confisco, pero con fecha 30 de noviembre, y hoy es 22». Los abogados de la empresa española están intentado ahora mismo clarificar esta confusa situación y Gámez advierte que «el Gobierno de Guinea no puede actuar sin autorización del juez. Es ir contra la Constitución y el Estado de Derecho».