El apresamiento de tres barcos pesqueros con base en Huelva por parte de las autoridades de Guinea Bissau, el pasado día 8, no es un hecho aislado. Aunque ahora ha salido a la luz pública, la situación de los barcos que faenan en aguas cercanas a este país africano es muy complicada, y el Gobierno español no puede o no sabe resolverla. ABC ha podido saber que, desde el pasado 21 de agosto, permanece también apresado el petrolero «Virginia G» de la empresa sevillana Gebaspe, S.L.», aunque opera bajo bandera panameña. Los propietarios se niegan a pagar cantidad económica alguna y denuncian una «red de extorsión a los pescadores» y una actividad de «piratería encubierta», con la que no están dispuestos a colaborar, como así lo aseguró a ABC el director de la empresa, José Antonio Gámez. De hecho, es la primera vez que una empresa se niega a pagar dinero alguno, ya que, el mismo día que apresaron el «Virginia G», también fueron capturados otros cuatro barcos pesqueros, entre ellos tres españoles, que quedaron en libertad al pagar unos 300.000 euros.

Permisos en regla

Los hechos sucedieron el pasado 21 de agosto cuando el Virginia G» se encontraba a 60 millas de la costa de Guinea Bissau, en la denominada zona económica exclusiva, abasteciendo de gasoil a cuatro barcos pesqueros de Las Palmas. Según el director de Gebaspe, S.L, tenían los permisos en regla y, en la zona donde se encontraban, el Gobierno de Guinea Bissau sólo tiene competencias en materia de recursos naturales, no aduaneros. El petrolero fue abordado por una patrullera a punta de pistola, que lo llevó a puerto. A los diez días, sin «habernos levantado expediente administrativo alguno, como marca la ley, se nos comunica el cargo: venta ilegal de combustible sin autorización». Pero la cosa no queda ahí, siempre según la versión de José Antonio Gámez, «se pusieron en contacto con nosotros para que pasáramos por caja, pero nosotros no accedemos a ningún tipo de soborno».

La situación del petrolero «Virginia G» contrasta con la de los otros barcos pesqueros secuestrados el mismo día que, a la semana de su captura, «con nocturnidad y alevosía, desaparecieron del puerto». La información que maneja el director de la empresa española es que «al menos dos de los barcos pagaron unos 50.000 euros cada uno».

Desde que el petrolero «Virginia G», con doce tripulantes a bordo, fue apresado, la empresa se puso en contacto con los ministerios de Asuntos Exteriores, de Medio Ambiente, Rural y Marino e Industria y Comercio para intentar buscar una solución, pero no ha tenido ningún resultado. El director de la empresa acusa al Gobierno español de «no hacer absolutamente nada y no duda en afirmar que el apresamiento de su petrolero es «un acto de terrorismo de Estado». Gámez asegura que «han pasado dos meses y ha sido imposible la liberación. El último contacto con el cónsul fue el jueves. Ahora nos dicen que o pagamos o nos incautan la carga y el barco». Al empresario sólo le queda el camino de recurrir ante el Tribunal Internacional de Derechos del Mar en Hamburgo para que libere el barco.