Dimite un concejal y denuncia el horario de los Plenos

La corporación municipal de Castilblanco la forma un empate a 6 concejales entre los partidos PSOE y NIVA-IU, y 1 concejal del PP que se abstuvo para propiciar un tercer mandato, en minoría, al regidor socialista Segundo Benítez, que obtuvo por vez primera la vara de mando en 2007 gracias a un pacto de Gobierno entre los ediles de PSOE y PP que acabó con 27 años de mandato del ex alcalde Manuel Ruiz Lucas.

El edil que ha renunciado a su acta ha denunciado en una carta abierta a la ciudadanía el horario de convocatoria de las sesiones del Pleno de la corporación municipal. En la exposición, Durán ha justificado su renuncia en la imposibilidad de hacer compatible su labor como concejal en la oposición con su trabajo «debido a la falta de democracia del alcalde durante estos meses sin atende a las peticiones para que los plenos se celebrasen por la tarde».

Las sesiones del Pleno desde la llegada a la Alcaldía de PSOE en junio de 2007 se celebran en horas de la mañana, una cuestión que el grupo de NIVA-IU, en la oposición, ha venido denunciando desde entonces. En la petición a fecha 29 de enero que ha valorado el Pleno este viernes Durán insiste en la necesidad de convocar por la tarde los plenos para propiciar la asistencia de los concejales que trabajan fuera de la localidad y así como otros colectivos de trabajadores y estudiantes «sin que hayan sido atendidas», asegura, «ninguna de las solicitudes realizadas», por lo que pone su acta a disposición del grupo político «para que no se ve menguada su representación por mi dificultad para asistir a los plenos».

Sanciones de hasta 1.200 euros

La dimisión del concejal José Manuel Durán no es la única controversia que ha marcado la actividad del Pleno del Ayuntamiento de Castilblanco de las pasadas elecciones municipales. El equipo de Gobierno socialista en minoría sacó adelante un reglamento para regular las sesiones del Pleno donde se restringe el acceso de los vecinos a las sesiones y prevé expulsiones para todo el período de plenos.

El reglamento municipal limita el acceso a 25 personas en una nueva sala habilitada para los plenos cuyo aforo se cubre con un nuevo sistema de acreditaciones previa. La Policía Local, conforme a la normativa aprobada por PSOE, se ocuparía de registrar el acceso de los vecinos a la sala.

La normativa que ha sacado adelante el PSOE, que en estos momentos valoran los asesores jurídicos del equipo de Gobierno, prohíbe el acceso de concejales y vecinos a la sala portando alguna prenda o pancarta con alusiones reivindicativas, así como con símbolos que no sean oficiales, detalla el articulado.

A juicio de la presidencia del Pleno, en la figura del regidor Segundo Benítez, si se llamase al orden hasta en tres ocasiones se establece un sistema de penalizaciones con sanciones económicas que van desde los 300 euros al cuádruple, 1.200 euros, en los casos de alteración del orden en los que la Policía Local tuviese que intervenir para expulsar a la persona de la sala.

La normativa subraya en su articulado la posibilidad de impedir hasta el final de la legislatura el acceso al Pleno a personas que reincicieran en un comportamiento que a juicio del alcalde-presidente alterase el nomal desarrollo de la sesión del Pleno. Y prevé en caso de que las personas expulsadas hubieran tenido adscripción alguna a algún grupo político municipal como concejal, descontar las sanciones económicas previstas en el reglamento a las cantidades que perciben las fuerzas políticas con representación municipal para su funcionamiento.

El equipo de Gobierno no hace públicas en los medios de comunicación municipales las fechas de convocatorias del Pleno, pese a que las sesiones son públicas y su acceso es libre para los vecinos, según la L ey de Bases de Régimen Local, que insta a los ayuntamientos a promover la asistencia y la participación de la ciudadanía en las sesiones de debate de este órgano de gobierno municipal.