Los VTC descansarán 52 días al año y los conductores tendrán un certificado de capacidad

El decreto establece varias normas para regular la «competencia equilibrada» entre ambos servicios de interés general. Así, los vehículos VTC sólo podrán transportar a los viajeros por un sistema de precontratación y está prohibido que puedan ser geolocalizados por los clientes antes de la contratación de los mismos; no podrán circular por las calles a la espera de ser contratados ni tener paradas físicas como los taxis.

Asimismo, cuando no estén prestando un servicio, no podrán circular a menos de 300 metros de aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y autobuses, y a menos de 150 metros de hospitales, paradas de taxis, hoteles de al menos cuatro estrellas que tengan más de cien unidades de alojamiento, sedes de órganos judiciales y cualquier otro lugar en el que se esté celebrando un evento deportivo, cultural, social o de cualquier otra índole que tenga gran potencialidad de generación de viajes.

Los VTC deberán descansar 52 días al año siguiendo lo establecido por los ayuntamientos que no podrán, no obstante, establecerlos en los períodos de mayor demanda. Los ayuntamientos establecerán además un límite máximo de precios para los momentos de mayor demanda.

Además, los conductores de estos vehículos deberán tener un certificado de capacitación profesional y estar al corriente de los pagos a la Seguridad Social por el sistema que elijan (autónomos o contratados); también el vehículo deberá contar con todas las autorizaciones legales para ello. Disponen de dos años para adaptarse a esta normativa desde la publicación en el BOJA de este decreto.

El decreto también establece cómo deben ser los VTC: vehículos negros, sin publicidad, con una antigüedad máxima de diez años y con unas medidas mínimas: 4,90 metros de largo en los vehículos convencionales; 4,70 en los ECO y 4,50 en los cero emisiones. También se incide en la limpieza y el cuidado de los vehículos. Y si una empresa tiene más de cien vehículos deberá contar con un 5% de ellos adaptados para personas con discapacidad.

La normativa también endurece las sanciones para los taxis ilegales con el objetivo de luchar contra el intrusismo. Así, cuando se descubra a un vehículo prestando el servicio del taxi sin la correspondiente licencia la multa oscilará entre 4.001 y 6.000 euros.

Hay que tener en cuenta que Andalucía es la segunda comunidad autónoma con vehículos VTC, el 18,5% del total de los que hay autorizados en España. Para que se cumpla el precepto de la Ley Ómnibus que regula este modelo de transporte, la Junta no concederá más licencias para VTC hasta que no se cumpla la ratio de un vehículo de estas características por 30 taxis. Ahora la media está en 2,7.

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha destacado que ha mantenido muchas horas de diálogo para establecer medidas con seguridad jurídica y no dañar al taxi en Andalucía y establecer una norma centrada en el usuario y el consumidor. Uno de los puntos claves de esta norma es que no contempla la precontratación obligatoria con 15 minutos de antelación, tal y como exigía el taxi. La Junta entiende que esta norma no garantiza la seguridad jurídica porque hay demandas millonarias contra esta medida que se aplica, entre otras zonas, en Cataluña.

«Es una norma que va a favorecer la convivencia de dos actividades que se tienen que entender y convivir para prestar el mejor servicio a los ciudadanos. Necesitamos la colaboración con los ayuntamientos para aplicar este decreto porque van a asumir una nueva competencia y compartir actividad sancionadora; lo ha reclamado el taxi una vez tras otra«, ha detallado la consejera Marifrán Carazo. En este sentido, Carazo ha ofrecido la reunión de una »mesa de trabajo una vez al mes donde vayamos madurando el decreto y su aplicación. La oferta del Gobierno es seguir trabajando con el sector«.