Cataluña La frase de Zapatero que acabó dando alas al independentismo

«Es verdad que no fue muy afortunada. Intenté rectificar», aseguró el expresidente el año pasado sobre su polémica declaración en 2003

Zapatero, Maragall y Montilla, durante el mitin de final de campaña de 2003
Zapatero, Maragall y Montilla, durante el mitin de final de campaña de 2003 - Yolanda Cardo

Barcelona, 13 de noviembre de 2003. El candidato a la presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, visitaba Barcelona para tratar de dar el último empujón al PSC de cara a las elecciones del domingo siguiente. El objetivo de los socialistas: desalojar a CiU del poder tras más de dos décadas de pujolismo. Fue entonces, ante las 16.000 personas que llenaban las gradas del Palau San Jordi, cuando Zapatero hizo su promesa. Una promesa que el tiempo demostró que no podría cumplir.

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«Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán», aseguró, solemne, entre fuertes aplausos. Una frase que abriría a Pasqual Maragall las puertas del Palau de la Generalitat y le ayudaría a él mismo a atravesar las de La Moncloa cuatro meses después. Diez palabras de las que once años después admitió arrepentirse y que, para muchos, están detrás de las reivindicaciones soberanistas que hoy apoya buena parte de la sociedad catalana.

«Es verdad que la frase no fue muy afortunada. Intenté rectificar. Quise decir que apoyaría que el parlamento de Cataluña aprobara un Estatut conforme a la Constitución», afirmó Zapatero en una entrevista con Risto Mejide en 2014, cuatro años después de que el Tribunal Constitucional dictaminase que gran parte del texto que su partido apoyó en el Congreso de los Diputados no tenía cabida en la Carta Magna.

Polémico Estatuto

Tras la toma de posesión de Maragall, primero, y de Zapatero, después, fue el turno de que ambos cumplieran la promesa. Junto con ICV y ERC, partidos con los que gobernaba la Generalitat, el PSC redactó un primer borrador que posteriormente modificó para lograr el apoyo de Artur Mas. Mas únicamente accedió «in extremis» a apoyar el Estatuto tras una reunión con Maragall pocas horas antes de la votación y a cambio de que éste incluyese pasajes tan difícilmente encajables en la Constitución que comenzaron a oirse críticas en el seno de los socialistas catalanes.

El 30 de septiembre de 2005 el ya conocido como «el Estatut» pasa el primer corte, al ser aprobado en el Parlament con los votos en contra únicamente del PP. El partido, que ocupaba 15 de los 135 asientos de la Cámara, denuncia que el texto es claramente inconstitucional. Su líder nacional, Mariano Rajoy, pide la disolución de las Cortes y la votación del texto como si de una reforma constitucional se tratase. El Gobierno, por su parte, admite ya que Zapatero no podrá cumplir su promesa: «Tendrá que ser retocado en el Congreso», afirmó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

Comenzaba, no obstante, la verdadera travesía por el desierto para un texto que pretendía blindar las competencias en manos del Gobierno catalán y reconocer a Cataluña como una nación. Asuntos que, junto con muchos otros —como la circunscripción única para Cataluña en las europeas o el control autonómico de puertos y aeropuertos—, hacían imposible su encaje constitucional. Durante su paso por las Cortes fue limado y ERC se descolgó del apoyo, aunque el texto sigue adelante en espera de su aprobación parlamentaria.

En enero de 2006, tras una noche de intensas negociaciones, Mas y Zapatero cierran un preacuerdo que asegura el apoyo de los nacionalistas a un texto más limitado pero que mantiene el concepto de nación (eso sí, ahora en el preámbulo) y un cuestionado sistema de financiación autonómica. Tras el pacto, el 30 de marzo las Cortes españolas dan su visto bueno con el único voto en contra del PP, que anuncia que enviará el texto al Tribunal Constitucional y recogerá firmas en toda España para pedir un referéndum a nivel nacional.

Pasado el trámite parlamentario, solo restaba la aprobación del texto en referéndum, algo que sucedió el 18 de junio con una elevada abstención —únicamente votó el 48,85% de los catalanes—. Quedaba pendiente, no obstante, la aprobación del Tribunal Constitucional, algo que no sucedió hasta casi cuatro años después, en 2010. Sin embargo, la retirada del recurso previo de inconstitucionalidad (eliminado por el PSOE en 1985), impidió que el Estatuto fuese puesto en cuarentena hasta que obtuviese el visto bueno definitivo. Por ello, cuando llegó el dictamen del tribunal —que recortó los puntos más polémicos del texto—, en la práctica el «Estatut» llevaba casi cuatro años en vigor.

Un dictamen que, según el propio Zapatero, acabó sentando las bases para la radicalización de los nacionalistas. «Los ciudadanos de Cataluña se sienten defraudados porque han votado un Estatut y luego llega un Tribunal Constitucional y anula una serie de artículos. Esto es un fallo del sistema y a partir de ahí se ha desencadenado una dinámica por parte de las principales fuerzas políticas catalanas nacionalistas de derecho a decidir y de la consulta», aseguró durante su entrevista.

En Twitter: @UMezcua

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