Cortar el enganche no basta: el fraude eléctrico que alimenta las plantaciones de marihuana

Endesa detectó un fraude cada siete minutos entre enero y septiembre. Pese al refuerzo de las inspecciones y al uso de inteligencia artificial, los enganches ilegales vuelven a activarse y ponen en riesgo a los vecinos. Desde e-distribución, la filial de la eléctrica que lleva el suministro a cada punto de consumo, se reclama una respuesta penal más disuasoria, también para los casos ajenos al cultivo de cannabis.

Son las cinco de la mañana y los técnicos de Endesa se dirigen al punto de encuentro con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Van a apoyar una intervención contra el fraude eléctrico vinculado a plantaciones de marihuana. Antes de actuar, se distribuyen los equipos y las parejas, reciben las instrucciones de los agentes y adoptan las medidas de seguridad: cubren las matrículas de los vehículos y se ponen pasamontañas. Necesitan proteger su identidad durante el operativo, pero también al entrar y salir de la zona.

“No queremos que nuestra vida laboral produzca algún daño en la vida personal”, explica una inspectora de Endesa que prefiere permanecer en el anonimato. Se enfrentan a organizaciones criminales con funciones repartidas y una jerarquía definida. Su cometido como técnicos es comprobar las instalaciones, detectar las conexiones ilegales y garantizar un suministro seguro.

Pese a todo, cuando los técnicos acuden acompañados por las fuerzas de seguridad, “es cuando más tranquilos trabajan”, explica la inspectora de Endesa. En otras inspecciones, “van sin fuerzas de seguridad, con su vehículo, y van parando en cada uno de los suministros”. Es en esas visitas donde advierte de un aumento del riesgo: “en esa actividad normal, lo que estamos viendo es un incremento también de agresiones y de amenazas”.

Y, pese al esfuerzo, el balance de detecciones sigue creciendo. El problema está enquistado desde hace años. Entre enero y septiembre de este año, e-distribución, la filial de redes de Endesa, ha identificado 56.317 fraudes en las zonas donde gestiona la red eléctrica. Son casi 1.900 más que en el mismo periodo del año anterior, un aumento del 3,4 por ciento. Estas cifras equivalen a un fraude detectado cada siete minutos. El problema también alcanza a viviendas y negocios ajenos al cultivo de cannabis. Al riesgo que entraña manipular las instalaciones se suma la competencia desleal: quien evita pagar la electricidad reduce unos costes que los demás negocios tienen que asumir.

De ese total, 1.075 casos estaban vinculados a plantaciones de marihuana, casi cuatro al día. Son una parte pequeña de los expedientes, pero concentran un robo de electricidad mucho mayor: la energía media recuperada por cada uno de estos casos multiplica casi por nueve la de un fraude medio, según los datos de la distribuidora.

Un negocio organizado para abastecer a Europa

La expansión de los cultivos ha cambiado el papel de España en el mercado del cannabis. Pérez Gutiérrez explica que el país ha pasado de importar sus derivados, principalmente de Marruecos, a producir y exportar marihuana a otros países europeos. Los datos de la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas lo confirman: España concentró en 2024 el 75 por ciento del número total de plantas de cannabis incautadas en la UE, según el Informe Europeo sobre Drogas de 2026.

“Hoy las plantaciones son auténticas cooperativas de producción”, describe la fiscal. Habla de organizaciones que pueden gestionar múltiples viviendas y naves, con una división de tareas que abarca desde el cultivo hasta el almacenamiento, el envasado y la comercialización. También hay personas encargadas de resolver las necesidades eléctricas de las distintas instalaciones.

Además, la intervención en una vivienda no implica necesariamente el fin de la organización. “A lo mejor cae un peón de la organización, pero no cae todo”, señala Pérez Gutiérrez. Para alcanzar a los responsables y a quienes sostienen el negocio hacen falta investigaciones más largas y con muchas derivadas. “Por ejemplo, hemos acusado a electricistas, porque son cooperadores necesarios del delito”, explica sobre las actuaciones de la Fiscalía de Almería.

A esa organización se suma la violencia. La última memoria anual de la Fiscalía de Andalucía advierte de una progresiva militarización de grupos dedicados al narcotráfico en la comunidad, con armas de guerra y equipos como visores nocturnos y drones. En Granada describe clanes familiares y estructuras cerradas, junto a cultivos alimentados mediante enganches ilegales que provocan apagones e incendios.

El problema también se extiende a Cataluña. La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2026, referida a 2025, recoge las advertencias de los fiscales catalanes sobre la llegada de bandas criminales extranjeras atraídas por el cultivo de marihuana, el aumento de los incidentes violentos y de las armas incautadas.

La respuesta penal

Una de las dificultades está en la escasa capacidad de las sanciones para disuadir de nuevas conexiones. Matías Herrero, abogado del equipo de Asesoría Jurídica de Endesa, explica que la compañía lleva un registro de las sentencias que le notifican y que la multa media que han calculado ronda los 360 euros. A su juicio, la legislación tiene “un bajísimo poder disuasorio”. En Alemania, la sustracción ilícita de electricidad mediante conexiones no autorizadas puede castigarse con hasta cinco años de prisión y multa, aunque no esté vinculada a plantaciones de marihuana.

En España, el Código Penal castiga el fraude eléctrico ordinario con multa. La reforma que entró en vigor el 10 de abril de 2026 introdujo un supuesto agravado cuando la electricidad defraudada abastece instalaciones utilizadas para cometer delitos de drogas: prevé prisión de seis a dieciocho meses o multa de doce a veinticuatro meses, cualquiera que sea la cuantía defraudada. Pero esa modificación no extendió el agravamiento al resto del fraude eléctrico: “una oportunidad perdida”, añade Herrero.

Considera el abogado que la reforma deja asuntos pendientes, como el tratamiento específico de las conexiones reiteradas y de los enganches que comprometen la seguridad o la continuidad del suministro en zonas de fraude masivo. También expresa dudas sobre el efecto de mantener la multa como alternativa a la prisión en los casos vinculados a plantaciones: “La pena de multa en los casos de cultivo de marihuana tiende a diluirse, porque el rédito económico es mucho mayor que la propia pena”.

Desde la Fiscalía de Almería todavía consideran pronto para valorar los resultados del cambio. Pérez Gutiérrez explica que ya han presentado acusaciones por hechos posteriores a la reforma en las que solicitan prisión. “Pero no tenemos todavía ninguna sentencia”, precisaba en el momento de la entrevista. Esa nueva pena, si se impone, puede sumarse a la correspondiente al delito de tráfico de drogas. Herrero considera que una respuesta penal poco disuasoria favorece la implantación de organizaciones criminales. Pérez Gutiérrez pone el acento en la rentabilidad de los cultivos y en la transformación de redes que ya traficaban con derivados del cannabis. Ambos describen una actividad que resulta difícil frenar si las intervenciones dejan intacta la organización que la sostiene.

La investigación del patrimonio, los embargos y el decomiso de los beneficios forman parte de las medidas que reclama la Fiscalía andaluza para actuar sobre esas redes. En el terreno, mientras tanto, los técnicos siguen esforzándose por garantizar la seguridad de los vecinos -y la suya propia- al tiempo que evitan el fraude.