La Audiencia Provincial de Palma ha acordado suspender de forma provisional el ingreso en prisión del expresidente balear Jaume Matas mientras se tramita el indulto que ha solicitado «y hasta que recaiga la decisión correspondiente» sobre esta medida de gracia. Los magistrados entienden que, dado que el tráfico de influencias por el que se condenó a Matas se produjo hace más de siete años, «y para no convertir en ilusorio el eventual otorgamiento del indulto», es procedente suspender su ingreso en la cárcel.

El pasado julio el Tribunal Supremo impuso a Matas una pena de nueve meses y un día de cárcel por tráfico de influencias, en el marco de una de las piezas separadas del caso Palma Arena. En ella se investigaban presuntas irregularidades en la contratación del periodista Antonio Alemany para la redacción de los discursos del expresidente balear así como las subvenciones que le fueron concedidas. La Audiencia de Palma ordenó que se procediera «al inmediato cumplimiento de la pena impuesta» y denegó la posibilidad de sustituirla por una multa, pero la solicitud del indulto, el pasado 11 de diciembre, cambió el rumbo penitenciario del expresidente balear. Y ello pese al expreso pronunciamiento que sobre esta cuestión hizo el ministro de Justicia. Alberto Ruiz-Gallardón aseguró en el Congreso que «a priori» el Gobierno no aprecia razones de «justicia, equidad o interés público» para otorgar el citado indulto. Además, dijo, el Ejecutivo «jamás» ha concedido esa medida de gracia por una condena por tráfico de influencias.

«Obsceno en plena crisis»

No es Matas el único político beneficiado por la suspensión de la ejecución de su pena. El 30 de abril del pasado año lo fueron los condenados del caso Pallerols, en aquella ocasión por el mismo tribunal (de la Audiencia de Barcelona) que días antes había justificado el ingreso en prisión de los tres sentenciados apelando a la «obscenidad» que, en tiempos de crisis y paro, supone ver a un político delincuente en la calle.

También el abogado y expresidente del Sevilla FC José María del Nido, condenado a siete años de prisión por un delito continuado de malversación en el marco del denominado caso Minutas empezó en diciembre a recabar apoyos con vistas a la solicitud del indulto. Del Nido, según la sentencia, se embolsó indebidamente 2,8 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella en forma de minutas sobredimensionadas o facturas por trabajos inexistentes. El empresario quiere justificar su solicitud de indulto en el hecho de que su ingreso en prisión es «innecesario» para conseguir su reinserción social y porque los once años transcurridos desde la comisión de los hechos (2002) acreditan su plena integración en la sociedad, «fin último y principal del ingreso en la cárcel». En este caso, y pese a que su sentencia es ya firme, se le ha dado un mes de plazo para entrar en prisión. Los magistrados le permiten esta licencia porque su pena «es superior a dos años».

Con independencia de que la suspensión de la ejecución de la pena por la simple solicitud de un indulto sea una posibilidad prevista en el artículo 4.4. del Código Penal, su aplicación ha sido cuestionada recientemente por los propios jueces. En la XXIII Reunión Nacional de Jueces Decanos de España que se celebró en Sevilla hace apenas un mes, los togados abogaron por que se suprima esta posibilidad de paralizar un ingreso en prisión como consecuencia de un indulto «dada la especial consideración de este tipo de delitos». Se trata de una de las propuestas que hicieron «para una lucha más eficaz contra la corrupción».

El indulto, previsto en la Constitución, puede ser solicitado por lo reos de toda clase de delitos con dos condiciones: que no cause perjuicio a tercera persona o lastime sus derechos. y que haya sido oída la parte ofendida —cuando el delito que motiva la condena fuera de los que solamente se persiguen a instancia de parte—.