Pensionistas, dependientes, madres... lo cierto es que la melodía del decretazo aprobado ayer por el Gobierno socialista no tiene ni buena letra ni buena música. Quizá por ello se alargó hasta lo indecible la comparecencia de las dos vicepresidentas ante la prensa con un país pendiente de por dónde le iban a meter la tijera de lo que desde muchos sectores, también de la izquierda, no se duda en calificar como el mayor recorte de derechos sociales de la democracia.

Lo que se atragantó como un sapo desde el principio fue la congelación de las pensiones. Pase lo de la rebaja del sueldo de los funcionarios (la primera que se ha hecho en la historia), pase la retirada del cheque-bebé y hasta pase lo del corte, otro más, a la dotación económica de la Ley de Dependencia, eso que se presentó con tanto alborozo como el cuarto pilar del Estado del Bienestar y que nunca acabó de arrancar.

Advertencia de CiU y PNV

Pero por donde nadie quería pasar era por el tijeretazo a los pensionistas y los únicos socios posibles del PSOE para sacar adelante el decretazo, PNV y CiU, así se lo hicieron saber. Ahora cabe esperar dónde encontrará los votos el PSOE para sacar adelante el decreto-ley.

En un primer momento, Rodríguez Zapatero anunció que las pensiones no subirían en 2011, pero unos días más tarde aseguró que en noviembre de este año sí se aplicaría la revalorización por la desviación de la inflación de este año 2010.

Eso significa que si el IPC en noviembre supera el 1 por ciento, los pensionistas recibirán una paga en enero o febrero para compensarles por la desviación de este año y además, se les subirá la pensión en esa misma cuantía. De ese modo si la inflación se sitúa en el 1,5 por ciento, los pensionistas tendrán una subida del 0,5 por ciento en 2011, para compensar el poder adquisitivo perdido este año. En términos reales se trataría de una congelación de las pensiones, aunque los afectados cobrarían algo más el próximo año. Con esta medida, el Estado pretende ahorrar 1.400 millones en Seguridad Social y 130 en clases pasivas.

La vicepresidemta María Teresa Fernández de la Vega aseguró, sin embargó, que el 35 por ciento de los pensionistas «verán que las pensiones más bajas suben» y volvió a enarbolar la bandera de los derechos sociales al afirmar, el día de los recortes, que el objetivo de Gobierno socialista es «mejorar el nivel de vida» de los ocho millones de pensionistas de este país, aunque los que reciben las pensiones más bajas y las no contributivas (dos millones) no se verán afectados.

Otra de las medidas incluidas en el decretazo es la eliminación del controvertido «cheque-bebé» por nuevo nacimiento o adopción, que el presidente del Gobierno anunció intempestivamente en el debate sobre el Estado de la Nación del año 2007. para sorpresa, no sólo de la bancada popular, sino sobre todo de sus propios ministros, incluido el defenestrado vicepresidente económico Pedro Solbes.

En total son 1.250 millones los que tiene previsto ahorrarse el erario público con la desaparición de esta ayuda directa, calificada como una medida, dijo De la Vega, «beneficiosa» en su día. Su eliminación, agregó en un difícil discurso de equilibrismo político, «no supone una renuncia de las políticas a favor de la familia y de la infancia», al tiempo que se aferró, por ejemplo, a la ampliación del permiso de paternidad.

«Más hijos»

«España, para seguir progresando, necesita más familias y con más hijos. Y las familias necesitan más apoyo para tener esos niños y más recursos para criarlos», dijo en 2007 un solemne Zapatero. Como todas las iniciativas gubernamentales, se debatió entonces sobre el alcance de la medida y su retroactividad sin que faltaran contradicciones.

Tres años después y 2.700 millones de euros menos, Rodríguez Zapatero se ve obligado, otra vez, a dar marcha atrás. Será efectivo a partir del 1 de enero del próximo año, por lo que afectará a mujeres que están ahora mismo en sus primeros meses de embarazo.